Cuaderno Urbano Nº30 | Año: 2021 | Vol. 30

ARTÍCULO

Planificación y violencias urbanas padecidas por las mujeres en Barrio Nuevo (La Plata)

Planning and urban violence suffered by women in Barrio Nuevo (La Plata)

Planejamento e violência urbana sofrida por mulheres no Barrio Nuevo (La Plata)

María Sofía Bernat

Doctora en Comunicación (FPyCS-UNLP) y licenciada en Comunicación Social con Orientación en Periodismo (FPyCS-UNLP). Coordinadora de Comunicación y Salud en la Dirección de Redes Intersectoriales en Salud de la UNLP. Exbecaria interna posdoctoral de CONICET (2018-2020) para temas estratégicos (hábitat) y becaria doctoral de dicha institución (2013-2018). Integrante de proyectos de investigación y extensión. Becaria Presidente Néstor Kirchner (2017-2018). Dirección de Redes Intersectoriales en Salud de la Universidad Nacional de La Plata.
sofiabernat@gmail.com

Resumen

Este trabajo se propone analizar la planificación urbana de Barrio Nuevo (La Plata) para luego indagar el papel de dicha planificación en las violencias urbanas cotidianas que sufren las mujeres que allí habitan. Se trata de un barrio surgido después de la inundación de 2013, a partir de la relocalización de asentamientos que se hallaban a la vera del arroyo El Gato. Las preguntas de las que partimos son las siguientes: ¿cómo ha sido la planificación urbana de Barrio Nuevo?, el acceso a una vivienda de material ¿garantiza el acceso al derecho a la ciudad?, ¿qué violencias mencionan las mujeres?, ¿cómo incide la planificación en las violencias cotidianas que padecen en el espacio público? La metodología es cualitativa-etnográfica. Se realizaron observaciones participantes y entrevistas en profundidad de 2013 a 2019.

Palabras clave

Planificación urbana; violencias urbanas; mujeres; derecho a la ciudad; espacio público.

Abstract

This paper aims to analyze the urban planning of Barrio Nuevo (La Plata) and then to investigate the role of such planning in the daily urban violence suffered by the women who live there. Barrio Nuevo is a neighborhood that emerged after the 2013 flood from the relocation of settlements that were next to El Gato stream. The questions we start with are the following: How has the urban planning of Barrio Nuevo been? Does access to brick houses guarantee access to the right to the city? What kind of violence do women mention? How does planning affect the daily violence they suffer in the public space? The methodology is qualitative-ethnographic. Participant observations and in-depth interviews were conducted between 2013-2019.

Keywords

Urban planning; urban violence; women; right to the city; public space.

Resumo

Este trabalho tem como objetivo analisar o planejamento urbano do Barrio Nuevo (La Plata) para logo investigar o papel desse planejamento nas violências urbanas sofridas cotidianamente pelas mulheres que ali vivem. Trata-se de um bairro que surgiu logo após da enchente de 2013, a partir da realocação de assentamentos que ficavam às margens do arroio El Gato. As questões das quais partimos são as seguintes: Como tem sido o planejamento urbano do Bairro Nuevo? O acesso a uma moradia feita de tijolos garante o acesso ao direito à cidade? Que tipos de violência as mulheres mencionam? Como o planejamento influencia na violência diária que sofrem no espaço público? A metodologia é qualitativa etnográfica. Realizaram-se observações participantes e entrevistas em profundidade desde 2013 a 2019.

Palavras-chave

Planejamento urbano; violência urbana; mulheres; direito à cidade; espaço público.

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DOI: http://dx.doi.org/10.30972/crn.30304924

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Introducción

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la planificación urbana de Barrio Nuevo (La Plata) y su incidencia en las violencias padecidas por las mujeres que allí habitan, especialmente en el espacio público. Se trata de un barrio surgido a partir de la relocalización de asentamientos que se hallaban a la vera del arroyo El Gato y que, luego de la inundación del 2 de abril de 2013, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) trasladó por motivo de efectuar obra hidráulica.

Nuestra perspectiva teórica se sustenta en el urbanismo feminista, que entiende que los territorios que habitamos se cimentaron con valores de una cultura patriarcal. Concibe que la forma física de los espacios contribuye a consolidar esos valores, por lo que esta perspectiva comprende que son las personas que habitan los territorios quienes deben participar de manera protagónica en la toma de decisiones urbanas. Muxí Martínez (2015) explica que en la historia de la construcción de las ciudades se obviaron los aportes de las mujeres y, por ello, aquí nos proponemos visibilizar sus miradas, necesidades y deseos.

Siguiendo a Muxí Martínez  et al. (2011, p. 108), compartimos que “la perspectiva de género aplicada al urbanismo significa poner en igualdad de condiciones las exigencias derivadas del mundo productivo y las derivadas del mundo reproductivo”. Las autoras agregan que esta mirada propone construir barrios y ciudades que no perpetúen desigualdades.

Luego de analizar las características de Barrio Nuevo y a partir de esta planificación urbana —o de habilitar modos de hacer ciudad marcados por desigualdades e injusticias socio-territoriales—, indagaremos el papel de dicha planificación (en otras palabras: de la incidencia de las políticas públicas o su ausencia) en las violencias urbanas cotidianas que sufren las mujeres del barrio, especialmente en el espacio público. En el artículo analizamos la planificación y luego las violencias mencionadas. Así, nos preguntamos: ¿cómo ha sido la planificación urbana de Barrio Nuevo?, el acceso a una vivienda de material ¿garantiza el acceso al derecho a la ciudad?, ¿qué violencias mencionan las mujeres? (aunque no las enuncien como tales), ¿cómo incide la planificación en las violencias cotidianas que ellas padecen en el espacio público?

Metodología

Para esta investigación cualitativa-etnográfica, retomamos el trabajo de campo efectuado desde 2013 en relación con la relocalización para una tesis doctoral. En el período 2013-2017 realizamos veintiún entrevistas en profundidad a habitantes (en su mayoría mujeres), referentes estatales y de organizaciones, y observaciones participantes de eventos comunitarios. A partir de ello, analizaremos la planificación del barrio.

En 2018 continuó el trabajo de campo con observaciones participantes y entrevistas relacionadas con procesos de participación y salud. Durante 2019, para abordar violencias urbanas, realizamos dos entrevistas grupales con mujeres que habían sido nuestras informantes clave y participaban en procesos organizativos. La primera fue en el comedor del barrio y la segunda en una casa. Todas las entrevistadas eran adultas, si construimos esta categoría a partir de sus trayectorias y no únicamente por sus edades, las cuales varían entre los 20 y 45 años. Algunas estaban desempleadas, otras trabajaban en cooperativas, en escuelas, atendían sus almacenes o se dedicaban a la venta de productos de limpieza. La mayoría era argentina, pero también había entrevistadas paraguayas. Todas tenían al menos un/a hijo/a, y provenían de diferentes asentamientos donde habitaban antes de la relocalización. Algunas vivían en casas definitivas y otras en las inicialmente llamadas provisorias. Cabe aclarar que el trabajo de campo se efectuó hasta finales de 2019 y no abarca la pandemia.

Planificación urbana de Barrio Nuevo

Iracheta Cenecorta (1999, p. 157) propone que el campo de estudio de la planeación urbana “es el ‘proceso de configuración socio-espacial’, que surge de la relación compleja entre la sociedad y la naturaleza y las diversas formas y mecanismos de ‘intervención para su transformación’”. Esta definición enfatiza que, al ser un proceso, implica una construcción permanente y la configuración socio-espacial es física y social, dado que las estructuras económicas y las características de los grupos inciden en las formas de las urbes. Aquí entendemos que existen elementos que pueden hacer que la misma planificación constituya en sí —y no únicamente promueva— transformaciones sociales. Esto significa incluir desde el diseño de programas a la población involucrada, como señala el autor: “Se debe privilegiar la consolidación de la democracia y ello implica la participación efectiva de aquéllos que, sin ser planificadores, sufren o se benefician de esta actividad estatal” (Iracheta Cenecorta, 1999, p. 156). Este punto es clave si pensamos que los procesos de producción del espacio inciden en los modos de vida, favoreciendo o limitando la posibilidad de vivir sin violencias al promover instancias de autonomía o de riesgo y temor.

Nuestro caso de estudio está situado en La Plata, capital bonaerense que alberga a 654.324 habitantes, según el censo de 2010. Para el Registro Provincial de Villas y Asentamientos, hay 129 barrios de este tipo en los que viven casi 21.000 personas. El Registro Nacional de Barrios Populares establece la existencia de 153.

Tras la inundación de 2013, el gobierno provincial lanzó un proyecto de relocalización que involucraba asentamientos lindantes al arroyo El Gato. Sus habitantes debieron mudarse primero a viviendas provisorias (de durlock, y por un tiempo que en la práctica resultó indeterminado) y luego a definitivas (de ladrillo), en lo que se llamó Barrio Nuevo. Este proceso se emprendió por etapas, de modo que el barrio, a medida que se poblaba, se construía, y —como otros autores estudiaron— este tipo de inicio de poblamiento de conjuntos habitacionales (con ausencia o déficits de servicios urbanos) aumenta las adversidades del hábitat (Brites, 2012). La primera mudanza a casas provisorias se realizó en 2015, y los últimos traslados a viviendas definitivas, en 2018. En total hay 390 viviendas de las dos tipologías. En el interior de Barrio Nuevo conviven personas que habitaban diferentes asentamientos, muchas de las cuales no se conocían antes de la relocalización.

Las fronteras materiales del barrio son claras: a los costados está delimitado por las vías del tren, de un lado, y por un barrio llamado El Mercadito, del otro; al norte, por el arroyo El Gato y al sur, por el Mercado Regional.

Subrayamos que, teniendo en cuenta los planteos de Iracheta Cenecorta, los/as habitantes no incidieron en el diseño de las casas ni del barrio, y no siempre se contemplaron sus modos de habitar, sus deseos o necesidades, sino que primaron saberes técnicos, y fue el Estado el que propuso en el diseño y construcción cómo debía habitarse Barrio Nuevo, sin tener en cuenta las miradas de los/as vecinos/as. Creemos que ello generó dificultades para la apropiación del lugar, porque no siempre los sujetos se identificaban con el territorio donde vivían. En especial, las mujeres narraron padecimientos sufridos cotidianamente y que involucraban aspectos que hacían a la vida en el barrio: cuestiones vinculadas con el espacio público, el ocio, la movilidad, etc. Pero a partir de sus prácticas, van dotando al barrio y a sus casas de otros sentidos, modificando sus modos de habitar.

Servicios Urbanos

Graizbord y Sotelo (en Ziccardi, 2012, s/p) relacionan los servicios públicos con la calidad de vida, y explican que este último concepto tiene dimensiones objetivas y subjetivas. En nuestra indagación, algunas de estas dimensiones fueron reconstruidas a partir del trabajo de campo y de un Análisis de Situación Integral de Salud (ASIS) —del que participamos— realizado en el barrio en 2018-2019, organizado por médicos y médicas del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) más cercano, la Facultad de Ciencias Médicas y la Dirección de Redes Intersectoriales de Salud y su Observatorio de Políticas Sanitarias de la Universidad Nacional de La Plata. Según el estudio,

El 70 % de la población habita en viviendas definitivas y el 29 % en provisorias. Allí se establece que “en el 57 % de los hogares encuestados viven menos de 2 personas por cuarto, mientras que en el 39 % lo hacen de 2 a 3 personas. En el 4 % restante existe hacinamiento crítico”. Con respecto a los ingresos, tomando los valores de referencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se constata que el 49% de los habitantes vive por debajo de la línea de indigencia y el 42% por debajo de la línea de pobreza. El 70,85 % accede al sistema público de salud (Bernat, 2019, p. 4570).

Todo ello constituiría lo que los/as autores/as denominan dimensión objetiva. Otros aspectos que podríamos sumar se vinculan con que más de la mitad de la población recibe planes sociales y la mayoría cuenta con trabajos informales.

Sobre la dimensión subjetiva, en las entrevistas realizadas hasta 2017 la percepción predominante era que se estaba en peores condiciones que en los asentamientos. Sin embargo, a partir del trabajo de campo efectuado desde 2018 en el marco del ASIS y de la propia indagación, se observa que las percepciones indican que se vive mejor por la posibilidad de acceder a una vivienda propia. Creemos que ello responde a las diferentes temporalidades en las que se efectuó el trabajo de campo: mientras la mayoría de las entrevistas de la tesis doctoral se correspondían con la residencia en las casas provisorias, las encuestas e intervenciones en el marco del ASIS se realizaron con personas que hace tiempo vivían en las definitivas, y ello incide en el habitar.

Por otra parte, retomamos a Pirez (en Ziccardi, 2012, p. 349), quien construye un concepto más amplio, enfatizando que “los Servicios Urbanos (SU) son parte de un conjunto de ‘bienes’ que hacen posible vivir en la aglomeración urbana”. Menciona el suelo urbano, construcciones pertinentes para los/as habitantes, construcciones útiles al conjunto de las familias y actividades que resuelven colectivamente necesidades.

Para el momento de la realización del trabajo de campo, en Barrio Nuevo el suelo donde se asentaban las viviendas no estaba a nombre de los/as habitantes porque la escritura estaría en proceso, según los relatos, pero contaban con una documentación que podríamos calificar de transitoria hasta que culminaran los trámites. Las casas que inicialmente fueron denominadas provisorias hoy son nombradas por el IVBA como industrializadas, porque constituyen la solución habitacional de familias que no estaban incluidas al principio en la relocalización y cuyo criterio de mudanza no ha sido claro (algunas vivían en situación de calle o habitaban en otros barrios). Tales casas no tienen gas y el servicio cloacal es deficiente, según los testimonios. Por el contrario, sobre las viviendas definitivas no se han realizado críticas respecto de las cloacas y tienen la posibilidad de solicitar gas, pero pocas familias lo han hecho, ya que es costoso y prefieren utilizar garrafas.

La luz era de obra en todo el barrio, por lo que era deficiente y los cortes, frecuentes. Pero a fines de 2019 se colocaron medidores, y algunas familias pudieron acceder a este servicio. Sobre el agua, desde el IVBA aseguran que es potable, pero algunos/as habitantes sostienen que no es de buena calidad. En ese sentido, se realizaron numerosos petitorios y cortes de calles, encabezados por las mujeres del barrio.

Entre los equipamientos sociales, señalamos la proximidad de varias escuelas (los/as chicos/as continuaron estudiando en los mismos establecimientos donde asistían previamente a la mudanza) y la existencia de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), que se halla a cuadras del barrio, pero por la ubicación de los asentamientos, no era al que mayormente concurrían antes del traslado. También funciona un puesto de salud en una vivienda definitiva. Todo ello trae aparejadas algunas consecuencias respecto del quehacer cotidiano y, en especial, en las mujeres, que son quienes suelen encargarse de las tareas de cuidado. Si bien en la zona hay más de un club deportivo, en el interior del barrio no hay espacios recreativos, con la excepción de cuatro comedores que están en manos de vecinas, y en uno de ellos organizaciones e instituciones dictan talleres. La necesidad de contar con un club con actividades para niños/as y jóvenes es una de las demandas más significativas de la población.

En el barrio hay asfalto, pero este tardó varios años. No obstante, hay sectores donde predominan la tosca y el barro, lo cual se vuelve problemático ante cada lluvia.

Pirez (en Ziccardi, 2012) plantea que los servicios urbanos pueden ser entendidos como componentes que posibilitan la integración socio-territorial porque cubren algunas áreas de la ciudad y otras no, dependiendo de la localización de los/as usuarios/as y de los servicios. El autor agrega que son objeto de una distribución social que indica en qué condiciones y qué sujetos acceden a ellos. Destaca en particular los servicios que se relacionan con la conectividad en la ciudad, lo cual depende de los transportes colectivos, de las infraestructuras viales y de las posibilidades de movilidad de los habitantes. En nuestro caso, existen dos problemáticas: Barrio Nuevo está alejado del transporte colectivo y aumentaron las tarifas. Ningún colectivo ingresa en el interior del barrio, y los que más cerca circulan tienen poca frecuencia. Si bien el barrio no está tan alejado del casco urbano, el transporte colectivo no facilita la conexión con el resto de la ciudad.

Fidel (2013, p. 27) sostiene que un proyecto urbano, además de la vivienda, “se debe completar con la creación de medios de transporte colectivo eficientes, cómodos y accesibles para los sectores populares que viven, trabajan y circulan por la urbe”. Este aspecto es crucial, sobre todo para las mujeres con hijos/as, que suelen ser las encargadas de realizar trámites en el centro de la ciudad y, generalmente, van cargadas, como comentaremos en próximos apartados.

Hemos descrito la situación de los servicios urbanos porque, siguiendo a Pirez (en Ziccardi, 2012), la capacidad de los territorios de sustentar equitativamente a los diversos grupos sociales depende, en buena medida, de su diseño y desarrollo. Ellos también inciden en la inserción plena de los/as habitantes en la ciudad. En este aspecto, aún falta mucho por hacer en Barrio Nuevo respecto de su calidad: según los relatos predomina la precariedad, y eso afecta a todos los habitantes del barrio, pero especialmente a las mujeres, que son quienes se ocupan de las tareas domésticas, de cuidado y, en el espacio público, conducen procesos de organización social, como veremos más adelante.

Relocalización y acceso al derecho a la ciudad

Bartolomé (1985, p. 7) afirma que las relocalizaciones obligan a “abandonar el hogar, la comunidad y el entorno social y natural que definen el marco habitual para la vida de una persona”, lo cual conlleva una pérdida: “Toda relocalización compulsiva constituye de por sí un drama y, por lo tanto, expone a la luz los mecanismos básicos que sostienen el tejido social de una comunidad humana” (Bartolomé, 1985, pp. 11-12). Las poblaciones suelen sufrir desarraigos y se fragmentan las redes de relaciones sociales (Bartolomé, 1985; Catullo & Coun 2002). Brites (2012, p. 127) sostiene que cuando se traslada a las poblaciones más pobres a las periferias se limita la inclusión social: se producen “problemas ligados a la segregación, el aislamiento, la escasez de oportunidades laborales, los déficits de servicios e infraestructura, entre otros”.

Por ello, nos preguntamos si el acceso a una vivienda de material garantiza el acceso al derecho a la ciudad, teniendo en cuenta que en la relocalización estudiada se enfatizó en una política viviendista más que en la construcción de un barrio. Ducci (en Ziccardi, 2012, s/p), si bien habla con relación a Chile, afirma que una manera de resolver las necesidades de vivienda de los sectores populares fue a través de la producción masiva, lo que, según la autora, da lugar a la “‘ciudad de las villas’ conocidos también como asentamientos populares formales”. Retomando a Rodríguez y Sugranyes (2005), califica este proceso como “la pobreza de los con casa”. La autora observa que, salvo excepciones, estas políticas no mejoran la calidad de vida de las personas. En nuestro análisis, percibimos algunas de las problemáticas que describe DUCCI, tales como la estandarización de viviendas pensadas para familias tipo que no siempre se asemejan a la población destinataria (por ejemplo, los dormitorios son pequeños o se entregan casas con pocos cuartos y niños/as y jóvenes de edades dispares comparten habitación, cuando antes no lo hacían); la prácticamente inexistencia de espacios verdes, recreativos y públicos como lugares de encuentro y de realización de actividades colectivas (los/as vecinos/as armaron canchas de fútbol y de vóley ante su escasez); servicios de mala calidad; la precariedad de las viviendas provisorias; la falta de apego al lugar, etc. En conversaciones informales, algunas familias sostienen que aumentó el consumo problemático de drogas. Este dato se refuerza con los resultados del ASIS, que indican que para más de un tercio de la población dicho consumo es el principal problema del barrio. A partir de ello, entendemos que, si no continúa la intervención estatal con participación comunitaria, un proyecto de relocalización da lugar —como en el caso chileno— a

grandes extensiones de terreno ocupadas por vivienda que no tienen estructura de ciudad (…) han generado ciudades sin alma. El alma de la ciudad tiene que ver con los sentimientos que genera en sus residentes, además de que no se mantiene sin una base económica sólida y sin elementos de significación positiva que generen apego por ella (Ducci en Ziccardi, 2012, s/p).

Sobre el sentido de pertenencia, si bien al principio hubo desarraigo por la relocalización, hoy existen otras percepciones y, en las prácticas, los/as vecinos/as se van apropiando del territorio. Pero aún perviven relatos que plantean la pregunta de permanecer o vender la casa, no porque les desagrade, sino porque no están contentos/as con el barrio.

Es imprescindible destacar que, una vez culminadas las mudanzas, no existió una presencia continua y sistemática de los organismos gubernamentales, a excepción de algunos/as funcionarios/as o trabajadores/as estatales que, desde su compromiso, continuaron participando. Ello nos lleva a preguntarnos si una política urbana como la relocalización posibilitó un mayor acceso al derecho a la ciudad de la población. Sánchez Almanza (en Ziccardi, 2012, s/p) plantea que dicho concepto, basado en los principios de sustentabilidad y justicia social, incluye el derecho a una vivienda adecuada, a un entorno próximo adecuado y la participación en la toma de decisiones, aspectos que, como describimos, no han sido tenidos en cuenta en la reubicación. Sobre este punto, cabe destacar que existieron instancias de participación en la previa a las mudanzas, pero los/as vecinos/as no pudieron incidir en el diseño de las casas ni del barrio, y ello no siempre se adaptaba a sus necesidades y deseos. Por ejemplo, no había canchas de fútbol ni lugar para que los/as cartoneros/as dejaran sus carros y caballos, algunas familias tenían negocios y en sus viviendas nuevas carecían de espacio para montarlos y se quedaron sin su principal fuente de trabajo o debieron convertir el living en almacén.

Sin embargo, con el paso del tiempo se forjaron participaciones en vista a lograr la unidad barrial y contener a los/as jóvenes. Con el acompañamiento de actores externos (referentes universitarios/as, del CAPS, de Cáritas, de organismos estatales e incluso del IVBA), un grupo de mujeres elaboró un proyecto de club que fue presentado ante el municipio.

Muxí Martínez et al. (2011, p. 107) plantean que

el objetivo del urbanismo debería ser poder disfrutar de ciudades inclusivas que tengan en cuenta la diversidad real que caracteriza a los espacios urbanos, y así poder hacer posible que el derecho a la ciudad sea un derecho humano para todas las personas.

Además, enfatizan que la totalidad de los espacios físicos que habitamos condicionan el derecho a la ciudad. Este es entendido por Sánchez Almanza (en Ziccardi, 2012, s/p) como

el ejercicio pleno de la ciudadanía, en tanto el resultado es la dignidad y el bienestar colectivo. El derecho a la vivienda, el agua, la movilidad, el transporte, la energía, entre otros, crea condiciones de desarrollo colectivo y solidaridad para hacer usufructo pleno de la ciudad.

Así, pensamos que aún no se ha logrado un acceso al derecho a la ciudad por las precariedades mencionadas, pero los modos de participación que se gestan marcan una disputa de algunos/as habitantes por acceder a tales derechos. Y en esa disputa es crucial el rol desempeñado por algunas mujeres, que encabezan dichos procesos ante las carencias y violencias percibidas.

Más allá de que en nuestro caso es posible acceder a ciertos niveles de legalidad jurídica, tras la aplicación de una política urbana continúan las precariedades. Además, las transformaciones físicas no implican necesariamente transformaciones socioculturales ni económicas: persisten situaciones de pobreza e indigencia y el acceso a viviendas de material por sí mismo no resuelve la desigualdad.

Entonces, si el papel de las políticas urbanas es el “de asegurar la equidad y la promoción de los derechos básicos de la ciudadanía” (Ziccardi, 2001, p. 104), vemos que esto aún no fue alcanzado, y en la práctica se vulneran cuantiosos derechos enmarcados en el derecho a la ciudad y se construye una “ciudadanía restringida” (Ziccardi, 2001, p. 107).

Por todo lo anterior, entendemos que las mujeres identifican que tienen limitado su acceso al derecho a la ciudad, y por eso se organizan (aunque no lo enuncien así). Si entendemos que “el derecho a la ciudad es la construcción de una gestión democrática en donde los diversos actores sean fortalecidos en su autonomía” (Sánchez Almanza en Ziccardi, 2012, s/p), cabe preguntarnos por el rol de las mujeres, cómo se sienten y piensan el espacio público barrial, como veremos a continuación.

Violencias urbanas padecidas por las mujeres en Barrio Nuevo

Las violencias urbanas son un obstáculo para la ciudadanía, para el ejercicio y conquista de derechos. Siguiendo a Burguess (1998 citado en Falú en Ziccardi, 2012), sostenemos que constituyen una problemática social con expresión urbana. Nos correremos de la asociación entre violencia y criminalidad, para abordar otras violencias cotidianas que las mujeres padecen en Barrio Nuevo (aunque no siempre sean analizadas como tales), y luego veremos cómo ello habilita procesos de organización, a partir de los cuales dichas mujeres se constituyen —en términos analíticos— como sujetas que disputan su derecho a la ciudad (Bernat, 2019). Asumimos que

la relación de las mujeres con el espacio público aparece mediada por distintos factores, el recurso tiempo, la seguridad para transitar y permanecer en los espacios, y las condicionantes sociales y culturales que asignan o inhiben determinados comportamientos. Asimismo, a estas mediaciones que responden a su condición de género es necesario sumar condicionantes compartidas por otros grupos sociales como la edad, o discapacidades físicas, la etnia o la raza (Falú en Ziccardi, 2012, p. 764).

Partimos de una concepción de violencia contra las mujeres que indica, siguiendo la Ley Nacional 26.485, que se trata de conductas, acciones u omisiones que afectan la vida, libertad, integridad de distinta índole y seguridad de las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, y a partir de relaciones desiguales de poder (Fidel et al., 2014). Creemos que las privaciones de derechos son violencias urbanas que impactan con mayor intensidad en la cotidianidad de las mujeres. Finalmente, acordamos con Ortiz Escalante (2014, p. 51) que el hecho de que “las mujeres vean limitado su derecho a la ciudad, de movimiento, etc., es violencia de género”. En las próximas líneas, recuperaremos ejes inscriptos en el concepto de derecho a la ciudad para pensar cómo sienten/perciben tales violencias las mujeres del barrio1.

Mujeres, transporte y movilidad

Las entrevistadas coinciden en que sus salidas hacia afuera del barrio son a la escuela/jardín, al CAPS, al hospital y/o para trabajar. Esos recorridos los efectúan a pie. Algunas destacan que hacen las compras caminando, para lo cual salen del barrio. Una entrevistada vende artículos de limpieza, y para ir a buscar los productos, pide a algún conocido/a un carrito para hacer las compras o lleva el carro que emplea su marido para cartonear: “Traigo muchos litros, me traigo los escobillones, los palos, todo”, explica Beatriz2.

El colectivo lo utilizan cuando tienen que ir al centro de la ciudad para hacer trámites. Aseguran que deben caminar varias cuadras para llegar a las paradas, las cuales están afuera del barrio, y deben pasar por debajo de las vías o dirigirse hasta una avenida. Como la frecuencia de los colectivos más cercanos es acotada, algunas deciden caminar una mayor cantidad de cuadras. La distancia de esos trayectos varía en función de la ubicación de las viviendas. Sin embargo, coinciden en que deben recorrer entre diez y quince cuadras para llegar a la avenida más importante, donde los colectivos pasan con periodicidad.

Para ir a tomar el colectivo, hacer las compras o llevar a sus hijos/as a la escuela, estas mujeres realizan dichos trayectos cargadas (con mercadería, alimentos, carros, etc.) y con sus niños/as: “Salgo con los cuatro encima, si no, no salgo (…) Tengo la gorda a upa, más la panza”, indica Solange en referencia a su embarazo.

Las entrevistadas acuerdan en la necesidad de que ingrese un colectivo al barrio: “Hay muchas urgencias, tanto para las mujeres como para los hombres. Si no está la madre, está el padre que puede salir corriendo con las criaturas” (Solange).

Me complicaba el tema del micro cuando vivía en las provisorias, vivía más alejada de la salida y el lugar más cercano al micro (…) Tenías que salir a [la avenida] 520 o a la [calle] 516, que estaba provisoria, era un asco. Pero ahora [en las definitivas] es más cerca la parada. Estaría bueno si pasa y hace un rondín por los barrios, sería genial entrar y salir en micro (Mariana).

En este aspecto las mujeres padecen también cuestiones de tiempo y esfuerzo en sus trayectos cotidianos, que impactan sobre sus cuerpos y calidad de vida. En ese sentido, Muxí Martínez et al. (2011) expresan que la oferta de medios de transporte y los atributos de los espacios de movilidad inciden en la calidad de vida. Agregan que los transportes deben responder a la variedad de horarios del mundo reproductivo, que produce recorridos poco uniformes. Concluyen que la movilidad debe ser planificada desde la diversidad, facilitando la cotidianidad y posibilitando igualdad en el acceso a distintos puntos de la ciudad. Para ello, creemos que es necesario planificar estas acciones con la población que utiliza los distintos medios de transporte.

Mujeres y espacio público barrial

En este apartado nos referiremos al espacio público en términos materiales: calles y terrenos vacantes, espacios por donde circula la población. No obstante, sostenemos que en la planificación estatal no se incluyó la constitución de espacios públicos concebidos como lugares de encuentro y recreación. Hacemos esta aclaración para evitar generar confusiones.

En el interior del barrio los desplazamientos se realizan hacia las viviendas de otras vecinas o hacia el comedor. Las entrevistadas destacan que circulan “por todo el barrio”, y en general no señalan ninguna zona atemorizante. Las únicas excepciones las constituyen Estefanía, que considera que la calle de su casa es “tierra de nadie”, porque allí circulan autos a toda velocidad y teme que lastimen a su hija, y Beatriz y Paola, quienes explican que las cuadras de sus viviendas están oscuras:

Cuando venimos de clase a las diez de la noche, después de estudiar, en la última cuadra que vivo es reoscura la calle, no hay luz (…) Me da miedo caminar por ahí. Había luz, pero los chicos con las gomeras terminaron de romper todo (Paola).

Beatriz: en todos lados me da miedo de noche.
—¿Porque está oscuro?
Beatriz: sí.
—¿Y hay alguna parte que esté más oscura?
Beatriz: allá al fondo me da miedo porque está todo el pasto, ahí sí me da miedo.
—¿Por qué?
Beatriz: porque no hay nada. Te bajan ahí, te pegan un tiro y ¿qué hacés?

Este miedo a circular por el espacio público de noche constituye un límite a la autonomía y a los derechos, y dicho espacio aparece como atemorizante (Falú en Ziccardi, 2012). A pesar de esta zona que marcaron como peligrosa, por sus atributos de ser oscura, vacía y habilitar situaciones donde se sentirían amenazadas, en general las mujeres están seguras adentro del barrio y se desplazan en cualquier horario. Sin embargo, sabemos que cuando ocurrieron las primeras mudanzas existían temores a circular por este territorio. Sospechamos que es el paso del tiempo, la paulatina apropiación del espacio y el ir conociendo a los/as nuevos/as vecinos/as lo que ha permitido esa sensación de seguridad en el espacio público.

Mujeres y trabajo

La violencia laboral se manifestó por las dificultades para conseguir trabajo, la falta de vacantes, la necesidad de contar con experiencia y de tener una “presencia” acorde con lo solicitado (algunas mujeres comentaron que tenían que pedir ropa prestada para acudir a entrevistas). Al igual que en la indagación de Fidel et al. (2014, p. 127), observamos “situaciones de violencia al momento de ingreso al mercado de trabajo”, las cuales suponemos parten de representaciones sociales negativas ligadas a las condiciones de hábitat. Por otro lado, gracias a observaciones previas en el barrio, notamos que sí hay trabajos vinculados con roles estereotipados de género: mujeres que se dedican a tareas de limpieza y varones a la construcción de viviendas, por citar un ejemplo.

Mujeres, participación y organización social

La mayoría de las entrevistadas interviene en instancias organizativas3. Concepción sostiene que participa para “mejorar el barrio y armar cosas con los chicos”, y Estefanía agrega que lo hace “para crecer. Estaba vacío cuando llegamos, así que, para ir poblándolo, pero no en el sentido de personas, sino de instituciones, lugares”, dando cuenta de la falta de instituciones y de espacios públicos compartidos entendidos como lugares de encuentro y contención. Beatriz añade que la intervención permite “que los chicos estén ahí todo el día”, lo cual también manifiesta el cansancio de estas mujeres por responsabilizarse de sus casas, sus trabajos, sus familias y organizaciones, es decir, por ser cuidadoras de sus viviendas, del barrio, de los/as niños/as. En otras palabras, por ejercer “la función múltiple de la mujer como productora y educadora de niños, gestora del hogar y agente de organización de la vida cotidiana, más importante que nunca en las condiciones del nuevo modelo de urbanización” (Borja & Castells, 1997, citado en Ziccardi, 2001, p. 95).

Mariana explica que participa para que “los pibes tengan algo para hacer” porque su principal preocupación —y la de la mayoría del barrio según el ASIS— es el consumo problemático de sustancias, y considera que si hubiera otras actividades, tendrían menos tiempo para consumir y ser parte de situaciones que consideran graves (robar, romper luminarias, etc.).

Teniendo en cuenta que el espacio público ha sido vedado para las mujeres, ellas irrumpen en la escena con un objetivo de conquista de derechos, y son quienes conducen procesos de organización a partir de demandas puntuales. Pero Carmela y otras vecinas son amenazadas por participar. Al respecto, destacamos que dos conflictos marcaron la vida barrial: por un lado, enfrentamientos armados con otro barrio, a partir de los cuales las habitantes realizaron cortes de calle y fueron amenazadas; por el otro, un vecino fue llevado preso por vender drogas, y la Policía Federal obligó a varios/as habitantes —especialmente, a mujeres— a declarar. A algunas vecinas las calificaron de “buchonas”. La persona más señalada fue Carmela, quien previamente había sido elegida como referenta para dialogar con funcionarios/as del IBVA. A su condición de mujer se añadía el hecho de ser extranjera: “A mí me bardean, le bardea a Ana y a Carlos ahí, pero a Carlos no se le animan tanto porque como él es hombre…”. Aquí vemos cómo se superpusieron una serie de desigualdades: de género, de nacionalidad, de clase social, o, en otras palabras, emergieron una serie de

discriminaciones naturalizadas por la sociedad (…) a lo territorial se suman las desigualdades sociales de todo tipo, en particular las de género, y cuando las diferencias de sexo se interseccionan con las étnicas, raciales o de migrantes, todo es más crítico (Falú en Ziccardi, 2012, p. 743 y p. 747).

Carmela quedó constituida como una “enemiga interna” para una parte del barrio, porque intervenía, pero a diferencia de otros/as habitantes, ella era referenta (tenía cierta visibilidad) e inmigrante, es decir, fácil de criticar por el rol que ocupaba y por los estigmas asociados a su nacionalidad.

Siguiendo a Falú, podemos decir que hay una desigualdad en el ejercicio de los derechos de ciudadanía. Pero, en el caso de Carmela, el miedo generado por ser amenazada y hostigada reguló su vida social (Kessler en Falú en Ziccardi, 2012) y, durante meses, se corrió de la escena pública, dejó de acudir a espacios organizativos para preservarse, para no ser maltratada. Así, vemos que el miedo da lugar a un cerramiento, a una privatización de la sociabilidad, genera obstáculos para la participación y restringe la autonomía. Todo ello implica violencias urbanas y limita el acceso al derecho a la ciudad. Hasta aquí, los ejes han hecho hincapié en el espacio público. A continuación, veremos aspectos relacionados con el hogar.

Mujeres y división del trabajo familiar

En una entrevista, los relatos hacen hincapié en que las tareas domésticas son compartidas. Ello puede deberse a que las mujeres tienen mucha presencia en el espacio público, trabajan e integran organizaciones. Aquí no parecen primar los “estereotipos de género en el interior del hogar” (Fidel et al. 2014, p. 24), según los testimonios. Por ejemplo, los padres o abuelos son los encargados de llevar a los/as niños/as a la escuela o realizan las tareas de limpieza mientras las mujeres hacen las compras.

En la segunda entrevista, las mujeres que lideran procesos organizativos se encargan de las tareas domésticas, del cuidado de los/as hijos/as y de la salud familiar. Dado que se trata de una primera aproximación, no podemos hablar de modelos patriarcales de organización familiar, pero tampoco afirmar lo contrario. En futuras indagaciones este aspecto se profundizará, porque partimos del supuesto de que “los múltiples modelos de género se inscriben en la cotidianeidad de los sujetos” (Fidel et al., 2014, p. 49).

Mujeres e intimidad

Citaremos un fragmento extenso de una entrevista en el que aparecen problemáticas relacionadas con la privacidad de las mujeres, lo cual concebimos como una violencia que limita su intimidad:

—¿Hay algo que les de miedo hacer adentro del barrio?
Estefanía: Hijos. Porque los vecinos te escuchan, no podés tener relaciones. Tengo mi vecino pegado al lado, no puedo tener relaciones. No siento privacidad.
Beatriz: Vos no estás pegada [Estefanía vive en una casa industrializada]. Yo estoy pegada al vecino [vive en una casa definitiva].
Concepción: A la noche cuando esté todo en silencio, todo se escucha.
Beatriz: A mi vecino le empiezo a pegar la pared.
Estefanía: Se escucha, eso es lo feo. En mi otra casa (mi casa al lado del arroyo), no escuchaba a nadie. En cambio, acá no podés gritar, no podés discutir con tu pareja porque si estás discutiendo, el vecino está parado ahí escuchando.
Solange: Y por más que no quieran escuchar, escuchan igual.
Estefanía: Escuchan, porque están sentados en el patio y se escucha.
Solange: Porque es una hoja la pared.
—¿Y en las casas definitivas también, se escucha?
Beatriz: Que están pegando.
Paola: A mí me toca convivir con mi tía al lado, dos por tres se agarran a palos. ¡Ay, Dios! Plato, olla, todo.

Esta característica de las viviendas impide que las mujeres —y todas las identidades de género— realicen las actividades que desean, principalmente las sexuales, que suelen ser un tema tabú en nuestra sociedad, y a partir de las cuales se generan estigmas y atributos negativos hacia las mujeres, en especial. En ese punto es donde podemos suponer se ejerce violencia porque no se producen las mismas percepciones (o acusaciones) hacia hombres o mujeres ante un acto sexual. Vemos que hay una referencia directa a cuestiones ligadas a la violencia de género en su dimensión física, aunque es un tema mayormente invisibilizado. Esto se sustenta en el ASIS, porque solo el 4,2 % de los/as encuestados/as respondió que en el barrio había situaciones de violencia de género, lo cual demuestra que se prefiere no hablar de ello. Sin embargo, entre muchos ejemplos podemos citar el hecho de que en conversaciones informales una vecina manifestó sentirse presa, ya que su exmarido la amenazaba y no respetaba la perimetral, por lo que ella no podía salir de su casa.

Planificación y violencias

En este apartado intentaremos responder una pregunta planteada al comienzo: ¿cómo incide la planificación en las violencias cotidianas que padecen las mujeres de Barrio Nuevo en el espacio público? Para ello, siguiendo a Falú (en Ziccardi, 2012, p. 763), entendemos que “la planificación del territorio y los agentes locales deben propiciar las interacciones sociales y ofrecer desde lo físico-territorial condicionantes que sirvan para atenuar los temores y prevenir las violencias”; es decir, para que todas las personas que habitan el barrio —especialmente las mujeres, por constituir grupos subalternos, dado que existen condiciones de vulnerabilidad— puedan sentirse seguras, sin miedos y disfrutar el espacio público y el ámbito privado. Para la autora, el hábitat donde se desarrolla la cotidianidad condiciona las relaciones sociales y, agregamos, los sentidos construidos en y sobre el territorio y los sujetos.

La planificación del barrio no implicó la creación y fortalecimiento de espacios públicos entendidos como espacios de encuentro, de participación, que motiven la constitución de los/as habitantes como sujetos políticos que intervienen en la producción material y simbólica de sus territorios. Por el contrario, si bien la mayoría sostiene que recorre todo el barrio, existen relatos que enfatizan el miedo (por la falta de luminaria o porque perciben que no hay nada) y en la ausencia de lugares donde realizar actividades, especialmente para los/as jóvenes, quienes al no saber qué hacer, recurren al consumo problemático de sustancias o causan disturbios, lo cual preocupa a las entrevistadas. Además, circular por el espacio público suele ser agotador porque estas mujeres lo hacen a pie y cargadas. Todo ello atenta contra su autonomía al limitar su accionar cotidiano.

No obstante, notamos en las prácticas de las vecinas modos de participación que señalan la falta de derechos, de espacios públicos de encuentro y contención y las problemáticas derivadas de ello, sumado a otras que existían antes de la mudanza (por ejemplo, las situaciones de pobreza). A pesar de que creemos que en esa planificación no estuvo presente el fortalecimiento de las ciudadanías, en dichas intervenciones vecinales ellas disputan ser sujetas del derecho a la ciudad. Ello significa “arriesgarse e involucrarse en conflictos, negociaciones, acuerdos, resistencias y desigualdades, al mismo tiempo que decidir y poner de relieve los propios saberes, percepciones y formas de interpretar el mundo y sus procesos” (Bernat, 2019, p. 267) para luchar por otros modos de habitar el barrio y la ciudad.

Falú (en Jalil, 2019) indica que el ordenamiento territorial se realiza en clave masculina y siguiendo el modelo de un joven varón blanco, de forma tal que se omite a las mujeres y disidencias, con un sesgo androcéntrico en las políticas urbanas. Como contrapartida, establece que el urbanismo feminista ubica a los sujetos omitidos en el centro de la agenda. Así, la desigualdad que tiene expresión territorial es esencial en las políticas mencionadas. Por eso, pensamos que otras formas de hacer ciudad necesitan preguntarse por las mujeres, la población LGTBQI, las personas mayores y los/as niños/as: ¿qué recorridos hacen?; ¿de qué maneras?; ¿cómo utilizan sus tiempos?; ¿qué recursos necesitan y de cuáles disponen?; ¿qué equipamientos requieren para su cotidianidad?; ¿cómo es, si existen, la calidad de estos?; ¿en qué condiciones está el transporte colectivo?; ¿cómo se desarrollan las prácticas de cuidado?

Conclusiones

En este artículo hemos visto que, ante una planificación urbana que excluye la mirada de los/as habitantes y frente a las violencias urbanas suscitadas, la población encabezada por un grupo de mujeres decide organizarse para incidir en el desarrollo territorial del barrio. Un barrio en el que no se pensaron los espacios públicos como lugares de recreación y socialización, sino que se enfocó principalmente en las viviendas. El acceso a una casa de material no resuelve la desigualdad ni otras problemáticas vinculadas con la vulneración del derecho a la ciudad. En otras palabras: las violencias urbanas derivadas de una omisión de los sujetos en la planificación urbana y las derivadas de las injusticias socio-territoriales son obstáculos para la ciudadanía. A partir de ello, las mujeres se organizan porque, a pesar de estar en su mayoría conformes con sus casas, quieren construir otro tipo de barrio donde habitar. Y, como sostiene Falú, las viviendas y los barrios no funcionan sin mujeres.

Nos hemos enfocado en el espacio público para analizar las violencias hacia las mujeres que allí se despliegan, que limitan u obstaculizan su accionar cotidiano. Dado que se trató de un primer acercamiento, nos queda pendiente profundizar este aspecto y también pensar con más detenimiento los roles de género al interior de los hogares. Para futuros trabajos también nos gustaría preguntarnos lo siguiente: sabiendo que las casas apuntan a familias tipo y el barrio fue producido desde afuera, ¿este territorio está construido a partir de una mirada patriarcal? Si bien todas las violencias urbanas analizadas nos permiten esbozar que hay lógicas patriarcales en esta planificación, necesitamos mayor cantidad de elementos para poder llegar a conclusiones más sólidas. Lo que está claro es que los/as vecinos/as fueron omitidos/as en la mayoría de las decisiones respecto de la relocalización.

El espacio público constituye un lugar de resistencia, ya que el barrio fue pensado a partir de una privatización de la socialidad, porque no se construyeron espacios comunes. El encuentro y las participaciones cobran espesor político dado que constituyen prácticas que demandan otros modos de habitar el territorio. Entonces, lo que está en juego es una disputa en clave política y de género: siguiendo a Falú, consideramos que el derecho a la ciudad para las mujeres es, sin dudas, una cuestión de justicia social

Decíamos que las mujeres constituyen un grupo de vulnerabilidad porque están expuestas a mayores privaciones (Ziccardi, 2001). Entre los activos que reducen dicha vulnerabilidad está la vivienda, las relaciones sociales e infraestructuras, aspectos que en su mayoría son precarios (aunque se avance en su calidad y, en muchos casos, sean más óptimos que en los asentamientos). Creemos que si mejora la existencia urbana, mejora la autonomía, la posibilidad de tomar decisiones (Fidel et al., 2014), y ello favorece la justicia social y la equidad.

Nota

1. Estos ejes están articulados. La segmentación se realiza a fines analíticos y como propuesta de lectura.
2. Utilizamos seudónimos para preservar la identidad de las entrevistadas.
3. Algunas actividades son: ferias, torneos de fútbol y festejos del Día de la Niñez. También constituyen una asociación civil.

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