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ISSN: 1666–6186 / E-ISSN: 1853–3655

Cuaderno Urbano Nº29 | Año: 2020 | Vol. 29

ARTÍCULOS

Santiago 2000. La prospectiva y la ciudad del futuro en la “Reconstrucción Nacional” del Chile de Pinochet

Santiago 2000. The prospective and the city of the future in the “National Reconstruction” of Pinochet’s Chile

Santiago 2000. A prospectiva e a cidade do futuro na “Reconstrução Nacional” no Chile de Pinochet

Gabriela Gomes

Doctora en Historia (UBA), magíster en Estudios Latinoamericanos (UNSAM). Investigadora asistente del CONICET y profesora de la UBA y de la UNGS.
gabrieladaianagomes@gmail.com

Resumen

En este artículo se analiza cómo durante la Guerra Fría la prospectiva, ligada a la planificación estratégica, fue un instrumento clave en el diseño del Proyecto Nacional de la dictadura chilena, así como en la reorganización política y económica que impuso el régimen. Dicha metodología, preconizada por tecnócratas civiles y militares, sirvió para otorgarle fundamento científico al proyecto refundacional del régimen. En América Latina, los estudios prospectivos estuvieron ligados a los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional, permitieron prever escenarios futuros, desarrollar las políticas públicas y planificar el desarrollo urbano de la ciudad de Santiago para 2000. En ese sentido, Herman Kahn, uno de los líderes del método predictivo, fue convocado por el gobierno militar chileno y orientó a los asesores de Augusto Pinochet en materia de desarrollo económico para consolidar las bases de la “Reconstrucción Nacional”.

Palabras clave

Chile; dictadura; Doctrina de la Seguridad Nacional; prospectiva; proyectos de desarrollo urbano.

Abstract

This paper analyzes how in the Cold War, the prospective, linked to strategic planning, was an important key instrument in the design of the National Project of the Chilean dictatorship, as well as in the political and economic reorganization imposed by the regime. That methodology, advocated by civilian and military technocrats, served to provide a scientific framework to the re-founding project of the regime. In Latin America, prospective studies were linked to the principles of the National Security Doctrine, allowed to anticipate possible future scenarios, develop public policies and plan the urban development of the city of Santiago for 2000. In that sense, Herman Kahn, one of the leaders of the predictive method, was summoned by the Chilean military regime and guided Augusto Pinochet’s advisors on economic development to consolidate the bases of the “National Reconstruction”.

Keywords

Chile, dictatorship, National Security Doctrine, prospective, urban development projects.

Resumo

Este artigo analisa como no contexto da Guerra Fria, a prospectiva vinculada ao planejamento estratégico, foi um instrumento fundamental na elaboração do Projeto Nacional da ditadura chilena, bem como na reorganização política e econômica imposta pelo regime. Essa metodologia, preconizada por tecnocratas civis e militares, serviu para dar embasamento científico ao projeto de refundação do regime. Na América Latina, os estudos prospectivos foram vinculados aos princípios da Doutrina de Segurança Nacional, permitindo prever possíveis cenários futuros, desenvolver políticas públicas e planejar o desenvolvimento urbano da cidade de Santiago para o ano 2000. Nesse sentido, Herman Kahn, um dos líderes do método preditivo, foi convocado pelo governo militar chileno e orientou aos assessores de Augusto Pinochet sobre desenvolvimento econômico para consolidar as bases da “Reconstrução Nacional”.

Palavras chave

Chile, ditadura, Doutrina de Segurança Nacional, prospectiva, projetos desenvolvimento urbano.


DOI: http://dx.doi.org/10.30972/crn.29294621


Introducción

Durante la Guerra Fría, el mundo estuvo dominado por la tecnología bélica. Estados Unidos y la Unión Soviética iniciaron una competencia feroz por el desarrollo científico y tecnológico, se disputaban la carrera armamentística, espacial y nuclear. Así los avances técnico-científicos eran los que determinaban su “prestigio”, nivel de desarrollo e independencia (Keegan, 2014).1 Los estudios prospectivos resultaron de gran importancia, ya que permitían incorporar nuevas tecnologías en armamento, desarrollar sistemas de información y comunicación de acuerdo con la política de defensa. La prospectiva, entendida como la ciencia de la anticipación, alcanzó un desarrollo considerable, principalmente en el ámbito militar y de planificación estratégica. Herman Kahn, físico y estratega militar, fue pionero en introducir el concepto “escenario” como parte del planeamiento de los estudios militares y estratégicos conducidos por la Rand Corporation, un instituto de investigación creado en 1946 en Estados Unidos y del que Kahn participó como consejero entre 1947 y 1959. La Rand Corporation era un think tank que operaba para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y que promovió los estudios prospectivos en temas bélicos y tecnológicos. La Rand Corporation realizaba investigaciones por encargo de las agencias de seguridad, como la Fuerza Aérea, la Comisión de Energía Atómica, la NASA y la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. En 1961 Herman Kahn formó su propio think tank, el Hudson Institute, también dedicado al estudio de temas bélicos (Gomes, 2019, p. 117). Buena parte de las investigaciones orientadas a la planificación a largo plazo que llevó adelante el Hudson Institute respondían a los intereses geopolíticos de Estados Unidos (sapragonas, 2014).

En América Latina, la actividad del Hudson Institute y de Kahn se inició durante los años 60, y llevó adelante una serie de estudios predictivos sobre las posibilidades de desarrollo socioeconómico y tecnológico de la región y las formas de sortear las futuras crisis hasta el año 2000.2 En materia de política internacional, el Hudson Institute investigó los posibles impactos de los conflictos internos, como las guerrillas y la contrainsurgencia. Asimismo, estudió el impacto que podría tener un programa de ayuda económica destinado a promover el desarrollo económico en los países del “Tercer Mundo”, para desalentar la influencia soviética (Sapragonas, 2014, pp. 242-248). De ese modo, y en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, el Hudson Institute fue una agencia que operó a escala trasnacional para difundir la prospectiva.3

Las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas de Argentina, Brasil y Chile recurrieron a los estudios prospectivos para planificar políticas públicas y proyectos estratégicos a largo plazo; prueba de ello es que Kahn les brindó asesoría en materia de planificación (Gomes, 2019, p. 119). En Argentina, los miembros de la Junta Militar de la última dictadura (1976-1983) convocaron a Kahn para que los asesorara para elaborar su Plan Nacional. Por su parte, en 1967 el ministro de Planeamiento de Brasil, Roberto de Oliveira Campos, contactó al Hudson Institute porque dicha agencia había proyectado la construcción de cinco lagos artificiales en el Amazonas para incrementar la explotación de los recursos naturales.4 En Chile, Kahn fue convocado en 1979 para asesorar a las Fuerzas Armadas y los funcionarios del régimen sobre la planificación económica.

El objetivo de este artículo es analizar cómo el uso de la prospectiva, una disciplina abocada a la planificación, sirvió para articular el proyecto refundacional que impuso el régimen de Augusto Pinochet. La hipótesis es que la prospectiva sirvió como técnica para otorgarle fundamento científico al proyecto refundacional del régimen, que se combinó con un discurso político basado en una impronta futurista. Así, la dictadura promovió los estudios prospectivos y estratégicos para llevar adelante la reorganización política y las reformas estructurales y consolidar un “nuevo orden” espacial en la ciudad de Santiago de cara al año 2000. Lo “moderno” era asociado al desarrollo urbano y a la tecnología computacional. En ese sentido, nuestro argumento apunta a mostrar que en Chile la prospectiva estratégica adquirió notable relevancia para implementar el neoliberalismo y promover un nuevo ordenamiento urbano de Santiago. Se aplicaron políticas de profilaxis urbana que apuntaron a “limpiar” y “ordenar” la ciudad, y se expulsó a los sectores más pobres.

Este artículo se inscribe en una serie de estudios que abordaron la influencia de la prospectiva como técnica para el planeamiento en Iberoamérica (Alonso, 2007). Sobre Chile se estudió el rol que jugó la cibernética durante el gobierno de Salvador Allende (Medina, 2006; 2013) y la importancia que adquirió prospectiva recién cuando el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) impulsó la creación de la Unidad de Estudios Prospectivos (Cosio y Ramírez, 2016, pp. 65-93; Aceituno, 2013, p. 37). En Brasil se abordó la influencia del Herman Kahn y el Hudson Institute en el diseño de modelos de desarrollo y políticas públicas antes y durante la dictadura (Sapragonas, 2014). En Argentina, país pionero en los estudios prospectivos, se analizó cómo los aportes de la prospectiva y la futurología fueron de vital importancia para la planificación del desarrollo urbano de Buenos Aires para el año 2000 durante las dictaduras militares (Gomes , 2017).

La prospectiva en Chile. De la “revolución urbana” a la cibernética de la unidad popular

En las décadas de 1960 y 1970 se configuró un proceso de modernización urbana mediante el aumento exponencial de la inversión estatal en proyectos de renovación urbana de enorme envergadura, junto a la institucionalización del sistema de concursos públicos. Durante los gobiernos de Eduardo Frei (1964-1970) y Allende (1970-1973) se impulsó la “arquitectura de participación” y la autoconstrucción de viviendas, pero dicha estrategia perdió relevancia tras el golpe de 1973 (Gomes, 2018). Los profesionales asesoraban a los pobladores y no imponían un diseño determinado, ya que predominaba una gestión participativa (San Martín, 1992, pp. 69-70). Uno de los ejemplos más importantes en esa dirección fue Villa La Reina, un proyecto dirigido por arquitectos de la Universidad Católica junto con la participación de los pobladores organizados en la federación de los “Sin Casa” de la comuna La Reina.5 Otro ejemplo fue el Plan 20.000/70 que lanzó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en 1970, que promovió la autofabricación de 20.000 viviendas a través de la Operación Sitio y la organización de las poblaciones (Garcés, 2002, p. 311). En 1970 se llevó a cabo la construcción de un barrio en el centro de Santiago. Se trató de conjunto urbano de alta densidad llamado Remodelación San Borja, compuesto de veinte torres que albergó a 10.000 habitantes. Representó la gran utopía urbana de Santiago. Constó de 3287 departamentos con veintitrés pisos por torre, compuestos por seis departamentos y con equipamiento comunitario y espacios comerciales. El conjunto fue financiado por la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) y el MINVU y proyectado por la oficina de los arquitectos Carlos Bresciani, Fernando Castillo Velasco, Carlos García-Huidobro y Héctor Valdés. Se construyó en dos etapas, la primera en 1970 y la segunda en 1974 (Mayorga Buller, 2013).

Las políticas urbanas de la Unidad Popular (UP) apuntaron a consolidar una ciudad democrática y que Santiago dejara de ser una ciudad elitista. Eso implicaba la reducción de las diferencias entre clases sociales, que los pobladores pudieran “vivir en la ciudad” y se apropiaran de sus calles y del espacio público. En 1972 la CORMU, dependiente del MINVU, convocó un concurso público e internacional para la recuperación y remodelación de un sector de la comuna de Santiago y su área centro poniente. El programa del concurso apuntó a la ampliación del equipo metropolitano combinado con vivienda social y equipamiento comunitario para unas 22.500 personas. Construir un “edificio-ciudad dentro de una ciudad existente” (Tobler, 2018, p. 43) implicó un gran desafío urbanístico, ya que se trató de una propuesta de diseño y regeneración urbana que buscaba la integración social en la ciudad capital.6 Así, construir la “ciudad del futuro” implicaba un diseño urbano inclusivo que buscaba la transformación social y consolidar la vía chilena al socialismo (Aliata y Loyola, 2012). El proyecto ganador, compuesto por jóvenes arquitectos de la Universidad Nacional de la Plata, adoptó la perspectiva del derecho a la ciudad de Henri Lefebvre respecto de la cuestión urbana y la vivienda social (Rigotti, 2014, pp. 428-431). Sin embargo, el golpe militar truncó la construcción del proyecto y cambió radicalmente la perspectiva urbanística, la “ciudad del futuro” de Pinochet sería para quienes se “merecían” vivir en ella.

Otro ícono de la impronta futurista del gobierno de Allende fue el edificio que se construyó en Santiago para la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD III)7, realizada en abril de 1972. En la conferencia se definirían las políticas de desarrollo para los países del “Tercer Mundo”, y fue un gran desafío para el gobierno de la UP y el modelo de desarrollo que promovía la “vía chilena al socialismo”. La construcción de la UNCTAD III estuvo a cargo de la CORMU y se hizo en apenas 275 días. Eso fue posible porque se desarrolló un modelo de trabajo horizontal y cooperativo de apoyo mutuo entre los técnicos especialistas y los obreros (Maulén, 2016, p. 71). Se aplicaron innovadoras tecnologías que permitieron agilizar los plazos de la construcción; por ejemplo, el ingeniero informático de la CORMU Hellmuth Stuven se había especializado en el uso del software predictivo PERT y del Método de Ruta (CPM) y lo había aplicado en los programas de vivienda social de la UP. La aplicación simultánea de ambos métodos permitía anticipar con exactitud la duración de las actividades y prever cualquier eventualidad que pudiera alterar los plazos asignados para concretar el proyecto (Maulén, 2016, p. 74). Como se verá a continuación, el cibernetista británico Stafford Beer trabajaba junto a Fernando Flores —director de la CORFO, Corporación de Fomento de la Producción— en el Proyecto Synco, donde Beer aportó su “modelo de sistema viable” tendiente a favorecer una forma de producción y planificación económica colaborativa, horizontal y descentralizada. En el edificio de la UNCTAD III, la empresa constructora DESCO era conocida por su experiencia en la aplicación del “modelo de comité de obra”, basado en lógica organizacional en la que las decisiones del proyecto eran discutidas entre los técnicos y los trabajadores de manera horizontal y participativa (Maulén, 2016, p. 75).8

Durante el gobierno de Allende la prospectiva alcanzó su máxima expresión en el Proyecto Synco o Cybersyn, un sistema de control en tiempo real de las fábricas estatales basado en una red computacional dedicada a la gerencia económica. Se trató de la innovación tecnológica más avanzada de América Latina, y llegó a superar los avances de la Unión Soviética, que había intentado (sin éxito) diseñar un sistema de control cibernético para gerenciar una economía planificada. Fue desarrollado por un grupo de tecnólogos chilenos y británicos entre 1971 y 1972, liderados por el cibernetista británico Beer y Flores, quien tuvo a cargo la coordinación de las empresas que habían sido transferidas al área estatal.9 El software estadístico de Synco evaluaba el rendimiento de las fábricas utilizando un modelo de procesos de producción (Medina, 2013, pp. 27-31). Uno de los objetivos del Synco era incrementar los niveles de producción mediante una nueva forma de gerencia económica basada en la participación de los trabajadores y una forma de control antiburocrático y descentralizado. De ahí surgió el proyecto Chilean Economy (Checo), destinado a estudiar los datos obtenidos que se introducían en los programas estadísticos para predecir el desempeño de las fábricas y anticipar las crisis que pudieran surgir en el tránsito hacia una economía socialista. Dado que la concentración geopolítica de Chile descansaba en Santiago, se optó porque el centro de cómputos de Synco se radicara allí, desde donde se coordinaría la articulación económica con el resto del país. Sin lugar a dudas, Santiago era —al menos en el imaginario de funcionarios y científicos de la UP— la “ciudad del futuro”.

El prototipo del sistema se construyó en poco más de un año con la esperanza de que la tecnología le permitiera a Allende revertir la crisis económica y sostenerse en el poder. Al calor de las manifestaciones antiallendistas, cacerolazos, huelgas de transportistas y gremios profesionales, en octubre de 1972 se produjo el paro nacional de camioneros. Cerca de 45.000 camioneros iniciaron un boqueo económico a nivel nacional que ocasionó el desabastecimiento, lo que amenazaba la estabilidad gubernamental de Allende. Funcionarios de la UP optaron por usar políticamente Synco para intentar controlar la crisis sociopolítica. Se utilizó la red comunicacional del proyecto para conocer en tiempo real las acciones de la oposición y conectar con rapidez las órdenes dictadas por el gobierno con las actividades horizontales de las fábricas chilenas, para disminuir los efectos del desabastecimiento que afectaba a las grandes ciudades y ocasionaba el caos social. Dicha decisión provocó conflictos internos entre los miembros de Synco acerca de cuáles deberían ser los límites éticos en el uso político del proyecto (Medina, 2006). Finalmente, el golpe del 11 de septiembre de 1973 interrumpió el Proyecto Synco: se destruyó completamente su centro de control, y sus integrantes fueron enviados a centros de detención y otros al exilio entre 1975 y 1976 (Medina, 2013, pp. 323-340). A continuación veremos la importancia que tuvo la prospectiva para el proyecto refundacional de la dictadura.

La dictadura de Pinochet y su proyecto nacional para el futuro de Chile

La dictadura chilena llevó adelante el primer experimento neoliberal a gran escala, y eso produjo conflictos en el interior de las Fuerzas Armadas. En el momento del golpe de Estado, los jefes de las tres armas coincidían en puntos mínimos: la necesidad de erradicar la UP, restaurar los equilibrios macroeconómicos y el orden social. Sin embargo, no tenían un proyecto político previo, ni sus objetivos programáticos eran tan claros, razón por la cual los primeros años se caracterizaron por la indefinición ideológica. Asimismo, las Fuerzas Armadas carecían de unidad interna; eso explica que se inclinaran por diversos discursos políticos como el nacionalista, el neoliberal, las tesis estatistas-desarrollistas y las corporativistas. Como señala Verónica Valdivia (2003, pp. 153-201), coexistían, al menos, dos tendencias: un sector “estatista”, con preferencias keynesianas y corporativas, representado por el comandante en jefe de la fuerza Aérea general Gustavo Leigh y el general Oscar Bonilla, quienes consideraban la necesidad de implementar reformas sociales y económicas para neutralizar el marxismo antes que la represión. Se oponían al sistema de partidos, simpatizaban con un nuevo tipo de organización política sin partidos y con un sistema de representación funcional, a través de los cuerpos intermedios (gremios, organismos regionales), y eran partidarios de la justicia social y de un Estado capaz de controlar las áreas estratégicas de la economía. Dicho sector de la oficialidad creía en un proyecto científico y técnico de carácter nacional, se opuso a la economía de mercado, criticó la contracción del gasto público en materia social, la reforma previsional y resistió los ritmos de las privatizaciones marcados por los neoliberales desde la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), creada en 1967. Por otro lado, estaba el sector castrense “anti-estatista” liderado por el general Augusto Pinochet y el almirante José Toribio Merino, quienes mostraron simpatías explícitas con las recetas neoliberales y el rol subsidiario del Estado. Su prioridad era acabar con el gobierno marxista por la vía represiva. A lo largo del período 1973 y 1978, ambas tendencias “pugnaron” por imponerse. Así pues, en 1978 el general Leigh fue destituido, y eso conllevó la derrota del proyecto social de la línea “estatista” y el triunfo del proyecto neoliberal. Asimismo, Pinochet logró construir su hegemonía e imponerse sobre el resto de las armas (Hunees, 2005; Vergara, 1985; Valdivia, 2003).

La falta de un consenso programático y la ausencia proyectual en los altos mandos de las Fuerzas Armadas favoreció que convocara a civiles dispuestos a colaborar con la “Reconstrucción Nacional”. Así fue como un conjunto de economistas chilenos graduados en la Pontificia Universidad Católica y formados en la Escuela de Chicago con experiencia en el ámbito político y empresarial se ofrecieron para “cooperar” con la Junta Militar, e ingresaron al manejo de agencias estatales. En abril de 1975 los “Chicago Boys” asumieron el control de la dirección económica del gobierno militar. Varios de ellos habían sido asesores del ex presidente Jorge Alessandri y de grandes empresas entre 1960 y 1970.10 Entre los civiles que ejercieron importantes cargos gubernamentales se pueden distinguir distintos grupos (Huneeus, 2005, pp. 66-67). Sin lugar a dudas, una de los de mayor influencia fue la dupla chicago-gremialista, quienes ocuparon cargos en la ODEPLAN, la Secretaría de Gobierno y los municipios (Huneeus, 2005).11

Desde la ODEPLAN se impulsaron las reformas estructurales, que sentaron las bases del modelo neoliberal. Mediante el Plan Laboral, la Reforma Educacional, la Reforma Previsional y la Reforma de la Salud se redujo el tamaño del aparato estatal y se privatizaron sus funciones sociales. Para llevar adelante tal reestructuración, los tecnócratas utilizaron la planificación estratégica, con la meta de consolidar un “nuevo orden social”. Así, el régimen otorgó un mayor impulso a los estudios prospectivos orientados al planeamiento estratégico, que fueron promovidos por la ODEPLAN y posteriormente el Ministerio de Planificación y Cooperación junto a la Universidad de Chile.12 Los estudios prospectivos fueron particularmente importantes para los economistas, quienes emplearon esa metodología para predecir el ritmo de la reactivación y el crecimiento económico, reorganizar el campo de la salud y del trabajo a largo plazo (Revista Qué Pasa, n.° 150, 1974, pp. 6-7). Para eso se diseñaron programas destinados a racionalizar y descentralizar la administración pública y se realizaron proyecciones sobre comercio exterior e inversión pública y privada.

Por otra parte, el modelo neoliberal se basó en una visión de futuro que para ser “exitosa” requería un cambio estructural en sus leyes fundamentales. Entre otras cuestiones, se sostuvo que la Constitución Política de 1925 no había “protegido” la democracia chilena del marxismo. Respecto de los documentos fundacionales donde se plasmaron las ideas del Proyecto Nacional del régimen, hay que señalar la importancia que adquirió la Declaración de Principios de 1974. Allí se presentó el Proyecto Nacional de la dictadura para “hacer de Chile una gran Nación”, que demandaba planificación y respetar el principio de subsidiariedad del Estado (Junta Militar de Gobierno, 1974b). En el discurso que Pinochet pronunció el 11 de septiembre de 1974, hizo un llamado para que los chilenos participaran activamente de la nueva era de “la Reconstrucción Nacional” que abriría el “futuro del país”, y afirmó que el “Estado de Guerra Interna” no era una ficción jurídica, sino la “respuesta realista” de un pueblo que deseaba “sobrevivir” para edificar hacia el “futuro” (Revista Qué Pasa n.° 151, 1974, p. 7; Pinochet, 1974). Posteriormente, en la fase proyectual del régimen, la idea de “futuro” adquirió mayor fuerza. El Proyecto Nacional de la dictadura se institucionalizó en la nueva Constitución de 1980.13 Pinochet apuntó a construir una nueva visión del futuro de Chile asociada a la “Reconstrucción Nacional”, protagonizada por los hombres, jóvenes y mujeres que habían luchado para “derrotar” el marxismo (Valdivia, 2010).

En 1979 el gobierno militar invitó a Kahn, uno de los líderes del método predictivo, para que asesorara a las Fuerzas Armadas sobre el desarrollo económico para consolidar las bases de la “Reconstrucción Nacional”. Kahn veía con optimismo el porvenir del país, y recomendó apuntar a la cuenca del Pacífico como espacio geopolítico estratégico para la defensa y el desarrollo económico de cara al año 2000 (Revista Amiga, n.° 91, 1983, p. 10). Sin embargo, eso ya había sido planteado en 1974 por un sector de la oficialidad “estatista-desarrollista” que integraban el Comité Asesor de la Junta, como los generales de la Fuerza Aérea Gustavo Leigh y Oscar Bonilla, Sergio Arellano, Sergio Nuño, Palacios o Díaz Estrada, entre otros, quienes redactaron uno de los documentos fundacionales de la dictadura, donde se planteó que el desarrollo económico y comercial debía proyectarse hacia el Pacífico (Junta Militar de Gobierno, 1974b, p. 7).

Siguiendo las sugerencias del asesor estadounidense, y para contribuir a “contrarrestar” el dominio soviético en el Pacífico, Pinochet decidió estrechar lazos diplomáticos, culturales y comerciales con los países de la Comunidad del Pacífico, siempre que no afectara la “seguridad nacional”. Así, emprendió una gira presidencial a Filipinas y Fiji, y anunció que el Pacífico sería la ventana de oportunidad para el Chile del siglo XXI (Revista Amiga, n.° 50, 1980, p. 4).

En los años 80, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile fue la primera en promover la formación de los ejecutivos para el año 2000 mediante la carrera de Ingeniería Comercial y Administración (Revista Amiga, n.° 59, 1980, p. 16).14 En 1980 Walter Sánchez, subdirector del Instituto de Estudios Internacionales de dicha universidad, brindó una conferencia sobre la importancia del Pacífico para el año 2000, en la cual sostuvo que era fundamental que Chile fortaleciera su poderío marítimo para potenciar su inserción económica (Revista Amiga, n.° 52, 1980, p. 10).

En ese período y desde el ámbito académico surgieron iniciativas para promover los estudios prospectivos. Por ejemplo, en 1986 la Facultad de Economía y Administración creó el Proyecto Fundación de Investigación del Futuro (FUNTURO), un think tank especializado en la prospectiva. FUNTURO fue una asociación sin fines de lucro radicada en la Universidad de Chile que contó con el apoyo económico de la ODEPLAN (aceituno, 2014a, p. 16; 2014b) y obtuvo recursos provenientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destinado al apoyo científico y la planificación estratégica. FUNTURO estuvo vinculado con el ingeniero comercial Sergio Melnick, decano de la Facultad de Economía de dicha universidad entre 1985 y 1987, quien más tarde se desempeñó como ministro de la ODEPLAN entre 1987 y 1989 (Cosio y Ramírez, 2016, pp. 68-69). La llegada de Melnick a la ODEPLAN se debió a sus vínculos personales con el gremialista Miguel Kast, quien fue director y subdirector de dicha agencia entre 1976 hasta 1979. FUNTURO reunía una amplia red interdisciplinaria de consultores e investigadores externos del PNUD dedicados a los estudios prospectivos, editó la Revista Futurion entre 1987 y 1988 (Aceituno, 2013) y promovió encuentros sobre el software y su vinculación con el desarrollo industrial chileno (Asociación Chilena de Software, 1987; Funturo, 1987).

En 1989, FUNTURO organizó el Primer Congreso Latinoamericano de Futuristas (Acuña, 1990). La apertura hacia el Pacífico fue uno de los temas estratégicos más patrocinados por FUNTURO (Acuña et al., 1990a; 1990b). Además hubo agencias estatales específicas, como la ODEPLAN y posteriormente el Departamento de Investigación y Prospectiva del Comité Asesor Presidencial de Pinochet, creado en 1980 y puesto a cargo de Cristian Labbé hasta 1986 (Aceituno, 2013, p. 37). Labbé dictó varios seminarios para difundir la prospectiva, tanto en las unidades académicas como en otras agencias estatales.

La “Reconstrucción Nacional” y las políticas urbanas para la “ciudad del futuro”

Al igual que otras dictaduras vecinas, las Fuerzas Armadas Chilenas compartieron la “obsesión” por proyectar al exterior una imagen de un país “moderno y ordenado”, y la prospectiva jugó un rol central en el proyecto de construir la “ciudad del futuro” como parte de la “Reconstrucción Nacional” de cara al año 2000. Uno de los funcionarios que sintetizó el lema dictatorial fue el ingeniero Guillermo Barraza, a cargo de la Dirección General de Obras Públicas, quien señaló que “un país sin proyectos es un país sin futuro” (Revista Qué Pasa, N.° 133, 1973, p. 11). Así se lanzó el Plan General de Obras Públicas, orientado a los sectores productivos que podían volver a poner en marcha la economía —como la agricultura— y se previó el abastecimiento de agua potable para las áreas de cultivo. Asimismo, se promovió la construcción de caminos y obras sanitarias destinadas a “mejorar” el nivel de vida de los sectores sociales que no contaban con las condiciones mínimas de higiene y salubridad.

En 1974 la Junta Militar lanzó el Programa de Desarrollo a corto y medio plazo (1974-1980), que indicaba la urgencia por solucionar los principales problemas que frenaban el “despegue económico” y el futuro de Chile. Se propuso incrementar la infraestructura energética, aumentar la explotación petrolera y de cobre, desarrollar el transporte urbano, promover obras de riego y reducir la importación de alimentos. Entre los principales proyectos industriales se apuntó a las industrias forestal y siderúrgica (Revista Qué Pasa, N.° 148, 1974, pp. 14-15).

Las pretensiones refundacionales de la dictadura de Pinochet por consolidar un país moderno de cara al año 2000 hicieron que los proyectos urbanísticos tuvieran vital importancia. En la ciudad de Santiago una de las primeras obras que se puso en marcha fue la inauguración de la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano, que atravesaba la ciudad de norte a sur, y se previó la ampliación de la red para 1975 (Pinochet, 1976, p. 12). En función de la alta concentración demográfica de Santiago, el Colegio de Arquitectos planteó crear nuevas ciudades industriales en la macro-región central de Chile. Una opción alternativa era optar por una ciudad cercana a la capital, que podría estar situada en un punto equidistante entre Santiago y Valparaíso, la cual debía “consumir” los suelos deficientes desde el punto de vista agrícola y estar planificada según los parámetros urbanísticos “modernos” (una ciudad policéntrica, de alta densidad, con equipamiento y adecuadas vías de comunicación, etc.) (Revista Qué Pasa, N.° 144, 1974, p. 18).

En 1974, el director de la ODEPLAN, capitán de navío Roberto Kelly (1973-1978), impulsó el proyecto de regionalización, que se institucionalizó en la Constitución Política de 1980 (República de Chile, 1983). Se trató de una reforma político-institucional destinada a modificar radicalmente la estructura y el funcionamiento de la sociedad chilena, considerada “excesivamente estatista” y politizada.15 Esa reforma implicó la descentralización poblacional y económica del país dividido en regiones, y fue presentada como la clave y estímulo para el desarrollo socioeconómico. Así pues, la dictadura impulsó la descentralización con el objetivo de reducir la concentración demográfica en la ciudad de Santiago. En 1976 la dictadura determinó la creación de la Región Metropolitana de Santiago (RMS), dividida en tres provincias con sus comunas. Luego, mediante el Decreto Ley N.° 3260 estableció su división provincial y dispuso a la ciudad de Santiago como capital nacional, y en 1981 se modificaron los límites comunales y se crearon nuevas comunas (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 2009, pp. 7-8).

Con el objetivo de “modernizar” la ciudad, en 1979 el ministro brigadier Jaime Estrada Leigh (1978-1982), lanzó la Política Nacional de Desarrollo Urbano (Decreto Ley N.° 420), que liberó el uso del suelo urbano, flexibilizó la planificación y redujo al mínimo la intervención estatal. El Estado optó por apoyar la creación de un mercado “abierto de viviendas, dejando la responsabilidad de producción de ellas al sector privado” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1979a). Ello fue muy bien recibido por la Cámara Chilena de la Construcción, por considerarla una medida económica que apoyaba al sector (Cámara Chilena de la Construcción, 1992). Se sostuvo que al liberalizar la oferta de suelo bajaría su precio, y eso facilitaría las soluciones habitacionales. Sin embargo, en Santiago los precios aumentaron y los agentes privados y las grandes empresas constructoras obtuvieron rentas extraordinarias debido a la disponibilidad del suelo y a los nulos controles del Estado (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1979b, pp. 12-34). La liberalización del mercado de suelo permitió a las municipalidades la compra de terrenos a precios bajos, donde relocalizaron a los habitantes de los campamentos desalojados. Muchos de esos terrenos carecían de infraestructura urbana, lo que profundizó aún más la segregación socio-espacial. Dicha política se completó con el Decreto N.° 2552, que dio lugar al Programa de Viviendas Básicas de Erradicación de Campamentos. Las viviendas que se construyeron se encontraron entre las de peor calidad de la historia, con profundas deficiencias en los servicios básicos de urbanización. A lo largo de la dictadura se implementó el programa de erradicación de poblaciones callampas ubicadas en la ciudad de Santiago y se aprobó su traslado a las viviendas sociales ubicadas en la periferia, junto a una política de creación de espacios verdes (figura 1).

La configuración socioespacial de la región metropolitana de Santiago estuvo asociada al trazado del transporte y la urbanización. A partir de las políticas de erradicaciones de la dictadura, predomina una creciente segregación y diferenciación espacial (figura 1). Existe una ciudad integrada en el sector nororiente (conformada por los barrios de más altos ingresos, como Las Condes, La Reina, Providencia, etc.) y una ciudad excluida ubicada al sur de Santiago (compuesta por los barrios periféricos, como El Bosque, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, etc., donde viven los sectores más pobres). El norte y norponiente también está poblado por los estratos bajos. Los sectores medios se concentran en algunas comunas del occidente y del sur, como La Cisterna, San Miguel y San Bernardo (Hidalgo Dattwyler, 2005).

La política urbana de 1979 generó daños irreparables, lo que llevó a un cambio radical en 1985. El ministro del MINVU, Miguel Ángel Poduje (1984-1988), proveniente del gremialismo, fue favorable a orientar un crecimiento planificado de las ciudades, dado que el suelo era un recurso escaso. Así pues, en 1985 Poduje revirtió la política de flexibilización del suelo urbano y se introdujeron nuevas regulaciones. Entre otras cosas, dispuso que el suelo urbano constituyera un recurso escaso y que fuese posible aplicar restricciones al derecho de la propiedad con el objetivo de garantizar el bien común (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1986). Sin embargo, ello no impidió que se concretara una verdadera relocalización socioespacial de la pobreza urbana (morales y rojas, 1987; Hidalgo Dattwyler, 2005). Por lo tanto, los discursos en clave futurista legitimaron un proyecto de modernización urbana a través del desarrollo de la infraestructura y la erradicación de poblaciones callampas, una política de profilaxis urbana que apuntó a “limpiar” la ciudad del futuro y alejar a los más pobres. Se llevó adelante un proyecto de profilaxis social que mediante operaciones quirúrgicas buscaba “remover” las células “disfuncionales” del cuerpo socialmente “enfermo” para luego “rehabilitarlo”. En esos planes se identificaban los asentamientos informales concebidos como zonas “degradadas” y se promovía su “limpieza” y el traslado de sus habitantes a las viviendas transitorias hasta que se “adaptaran” a las nuevas condiciones de habitar para luego pasar a las viviendas “definitivas” (Gomes, 2018).16

El término “vivienda social” apareció formalmente en la dictadura y se institucionalizó en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Se trataba de un tipo de vivienda destinada a los sectores más pobres de la ciudad, construidas con materiales de bajo costo de tamaño reducido (Tapia, 2011, p. 109).17 Si bien en la Declaración de Principios de 1974 se había señalado que la vivienda era un derecho, de acuerdo con el papel subsidiario que se le otorgó al Estado, su acceso dependía de la responsabilidad compartida entre el Estado y la capacidad de ahorro y el “esfuerzo” de las familias. La dictadura optó por los Comités Habitacionales Comunales (CHC), que se construyeron en las periferias de las ciudades, lo que incrementó la segregación socio-espacial (figura 1). El Programa de Viviendas Sociales de los CHC se financiaba a través del 5 % de utilidades de las empresas y aportes especiales del MINVU. La base del programa radicaba en que la ocupación y arriendo de la vivienda social por parte del grupo familiar debía ser transitoria, cuyos espacios eran muy reducidos e incómodos, ya que fueron pensados de ese modo para que cada familia se fijara como “meta” adquirir su “casa propia”, mediante el sistema de ahorro (Ministerio de vivienda y Urbanismo, circa, 1981).

Figura 1.

Figura 1. Localización de campamentos de radicación y poblaciones de erradicación  1985). Fuente: Morales y Rojas (1987, p. 118)

La política de los comités perduró hasta 1979; a partir de ese año la construcción de viviendas pasó a depender estrictamente del MINVU, una política que convivió con los Subsidios Habitacionales que se lanzaban anualmente desde 1978. Los subsidios habitacionales estaban destinados específicamente a familias en condiciones de extrema pobreza, cuya capacidad de pago resultaba insuficiente para adquirir una vivienda mediante su propio esfuerzo. Esa política se inscribió en el Programa de Desarrollo a corto y mediano plazo de la Junta Militar (1974-1980), que en materia social había contemplado la construcción de 58.000 viviendas anuales (Revista Qué Pasa N.° 148, 1974, p. 15). Otro tipo de intervención en materia habitacional de la dictadura fue la regulación de la tenencia de la tierra mediante la entrega de título de dominio. Con ello se esperaba generar un ordenamiento del trazado de las calles y los sitios en los campamentos, y la construcción de las casetas sanitarias.

En 1975, al calor de la propuesta de descentralización, se reformó el MINVU y se decretó la descentralización territorial de sus funciones; de ahí la importancia que tuvieron los municipios para ejecutar la política social. En muchos casos recibir una caseta sanitaria dependía de la voluntad del alcalde de turno. La reforma municipal de 1979 permitió que el municipio concentrara funciones económicas, sociales y culturales que antes estaban en manos del Estado central. A partir de ese entonces, los municipios y sus respectivos alcaldes se convirtieron en la “estrella del régimen”, lo que permitió la materialización del Estado Subsidiario y el plan social dictatorial (Valdivia, 2012).18

En materia urbana, en 1980 se inició un plan de remodelación y modernización de la ciudad de Santiago en vista a construir la “ciudad del futuro”. Se buscó abandonar la “ciudad del ayer”, asociada a múltiples problemas: ambientales, déficit habitacional, falta de seguridad e higiene y de transporte. Patricio Guzmán, alcalde de Santiago, enfatizó que las obras del Plan de Desarrollo Social y Urbano de la ciudad eran indicios de la construcción de un “nuevo” Santiago “moderno”. Se trató de un conjunto de obras públicas que buscaban redefinir el futuro de la ciudad, las cuales se realizarían con la participación de las juntas de vecinos. Se suponía que la dictadura buscaba “revertir” la estructura interna de la ciudad para solucionar los problemas de circulación de transportes y el déficit de viviendas (Revista Amiga, N.° 90, 1983, pp. 16-17). Se promovió la creación de nuevos espacios verdes y recreativos para fomentar el “sano” empleo del tiempo libre en familia, como la Plaza Santa Ana y el Parque Norte, ubicado al otro lado del Mapocho, que superaba ampliamente la superficie del Parque Forestal que estaba en expansión (Guzmán, 1980, pp. 11-14). También se buscó la multiplicación de los espacios de entretenimiento, como el Paseo Huérfanos (con aportes del sector privado). Al mismo tiempo, se emprendió una amplia campaña de iluminación en puntos importantes de la ciudad y se crearon dos museos importantes: el de la Ciudad de Santiago y el Museo Precolombino. Ese conjunto de políticas buscaron hacer del centro de Santiago una ciudad más “atractiva” y “moderna” para los visitantes extranjeros.

El proyecto de modernización de la dictadura también apuntó a mejorar la “eficiencia” del aparato burocrático del Estado, y se promovió la tecnificación del sector público mediante el diseño de programas computacionales. Así, se diseñó el Plan de Ampliación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (1976-1980), financiado con fondos provenientes del BID. En el marco de ese plan, se destinaron importantes partidas presupuestarias a la Empresa Nacional de Computación e Informática (ECOM) para el desarrollo de la Política Nacional de Computación e Informática y de sistemas integrales de información para la Fuerza Aérea y la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Por otra parte, en el ámbito educativo, el régimen intentó innovar y promovió la creación de un sistema informático y computacional para “modernizar” la enseñanza escolar, orientada a preparar a los niños, la generación que haría del futuro de Chile una “gran nación” (Pinochet, 1976, pp. 270-273). La empresa ECOM se abocó al procesamiento de los datos electrónicos e información administrativa de las reparticiones estatales, la elaboración de programas y servicios computacionales y la oferta de apoyo técnico a las empresas e instituciones estatales. La ECOM estuvo dirigida exclusivamente por civiles y trabajó conjuntamente con la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y la Técnica del Estado para elaborar un Plan Nacional de Capacitación Intensiva de Datos (Huneeus y Olave, 1987). Asimismo, y hasta su privatización en 1986, el gobierno militar le dio mucha importancia a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), que prestaba servicios tales como televisión, radiodifusión y otros, para desarrollar una infraestructura moderna que pudiera proveer de servicios a larga distancia en todo el país.19

Conclusiones

De acuerdo con lo expuesto, los discursos en clave futurista legitimaron un proyecto de modernización social y urbana a través del desarrollo de la infraestructura económica. La idea de futuro se tradujo en que una ciudad “moderna” implicaba “orden”. El proyecto modernizador de 1979 puso en marcha una verdadera “revolución urbana”, cuando se lanzó la Política Nacional de Desarrollo Urbano que liberó el uso del suelo urbano y flexibilizó la planificación reduciendo al mínimo la regulación estatal. La consecuencia fue que el sector privado obtuvo rentas extraordinarias debido a la disponibilidad del suelo urbano y a los nulos controles del Estado, y se profundizó la segregación socioespacial producto de la erradicación sistemática de los campamentos. Así, en torno a la idea de “modernizar” la ciudad de Santiago para el año 2000, se configuró un tipo de ciudad que expulsaba a los sectores sociales más pobres. Por otro lado, la concentración demográfica y económica en el Área Metropolitana de Santiago fue concebida como la principal causante del déficit habitacional y la contaminación, a la par que se veía como un obstáculo para el desarrollo económico. De ahí la importancia que adquirieron la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa (CONARA) y la ODEPLAN en el diseño de la descentralización política y económica, una nueva estructura regional que se planificó en clave futurista, en la cual los elencos civiles neoliberales tuvieron un rol central en el nuevo diseño jurídico.

La prospectiva fue una metodología que estuvo ligada a los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional y al planeamiento estatal, y fue promovida por las dictaduras de Argentina, Brasil y Chile. La ciencia y la tecnología conformaron la base programática “revolucionaria” de cada caso nacional. La dictadura chilena se abocó a destruir el Proyecto Synco de la UP, ya que era asociado a un pasado no deseable. Por tanto, asumió la tarea de llevar adelante una “verdadera revolución tecnológica” de cara al futuro a través de ECOM y el Plan Nacional de Computación e Informática. Si bien la independencia científica y técnica y el desarrollo de la electrónica eran relevantes para garantizar la “seguridad nacional”, los funcionarios de la dictadura no dudaron en incorporar la tecnología extranjera. Claro está que ninguna de esas incitativas tuvo la envergadura del Proyecto Synco. La prospectiva fue una metodología utilizada y difundida por civiles que circulaban en agencias estatales. Por ejemplo, desde la ODEPLAN los estudios prospectivos se utilizaron para promover la desregulación económica y el estado subsidiario, al tiempo que se desmantelaba una estructura jurídica e institucional que históricamente había permanecido ligada a la iniciativa estatal. En esos años, la Universidad de Chile aportó técnicos para llevar adelante a través de FUNTURO varios de los estudios que requería el régimen sobre tecnología comunicacional, así como para encarar proyectos que anticiparan las condiciones geofísicas y meteorológicas. En ese esquema las proyecciones hacia la cuenca del Pacífico para el año 2000, concebida como la “ventana de oportunidad” para el desarrollo económico nacional, anticipaban que el futuro de Chile estaría íntimamente ligado al desarrollo agroindustrial, lo cual implicaba una reactualización de la estructura económica, así como planificar los plazos y la dinámica del achicamiento del Estado.

La dictadura chilena fue exitosa en la medida en que consiguió institucionalizar su Proyecto Nacional en la Constitución Política de 1980, algo que por ejemplo no consiguieron los militares argentinos. Esto ocurrió en parte porque su visión coincidió con las expectativas de los elencos civiles (gremialistas y neoliberales), quienes tuvieron a cargo distintos órganos de gobierno. Otra diferencia para destacar es que Pinochet consiguió personalizar la idea de futuro, se autoerigió como el líder indiscutible de la “Reconstrucción Nacional”, que no buscaba restaurar el sistema democrático tradicional, sino fundar un “nuevo Chile”. La institucionalización del Proyecto Nacional de las Fuerzas Armadas y de los civiles implicó dejar atrás las ideas, proyectos y el régimen político del pasado, al cual los chilenos antiallendistas no querían volver. En ese sentido, mediante la Constitución de 1980 el régimen consiguió marcar el rumbo económico y político de cara al futuro, el cual sería muy difícil de modificar debido a los cerrojos institucionales que contenía la Carta Magna. Pese a que tuvo importantes modificaciones, aún se encuentra vigente y simboliza la herencia jurídica que determinó el devenir de las décadas de la posdictadura.

Notas

  1. Agradezco a los evaluadores externos sus valiosos comentarios y sugerencias para la elaboración final del presente artículo.
  2. El libro Año 2000 de Herman Kahn y Anthony Wiener (1967) sentó las bases de la futurología norteamericana y se convirtió en un best seller.
  3. Sobre la prospectiva y futurología en América Latina, véase martner y köppen (1989).
  4. Sobre el vínculo entre el ingeniero agrónomo Felisberto Camargo, director del Instituto Agrónomo del Norte y portavoz del gobierno militar brasilero, y el Hudson Institute, véase Sapragonas (2014, p. 270).
  5. Se trató de la autoconstrucción de 1592 viviendas. Dicho conjunto fue posible gracias a la gestión del alcalde de la comuna, arquitecto Fernando Castillo (1965-1968).
  6. Sobre las bases del concurso, las tensiones entre las demandas disciplinares y sociopolíticas que se pusieron en juego en torno al concurso, véase Tobler (2018) y Jajamovich (2014).
  7. La sigla corresponde al término en inglés: United Nations Conference on Trade and Development.
  8. Una vez realizada la conferencia, se dispuso que el edificio de la UNCTAD III se utilizaría para las actividades culturales. Luego del golpe de Estado y el bombardeo de La Moneda, ese edificio funcionó como sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y sus salones eran de uso exclusivo para la Junta Militar. Luego de 1981 las oficinas presidenciales se trasladaron al Palacio de la Moneda y el edificio siguió funcionando como sede legislativa (véase Maulén, 2014).
  9. Para desarrollar el proyecto, Flores trabajó junto al director operacional de la CORFO, Raúl Espejo. Sobre los participantes del proyecto y su trayectoria, véase Medina (2013, pp. 347-348).
  10. Sobre la influencia de los “Chicago Boys” en la política económica de Jorge Alessandri (1958-1964), véase Valdés (1989, pp. 242-259).
  11. El Movimiento Gremialista estuvo liderado por Jaime Guzmán, quien se desempeñó como principal asesor y consejero de la Junta Militar y de Pinochet, participó en la Comisión de Estudios de la Constitución de 1980 y de la Comisión de Estudios de Leyes Orgánicas Constitucionales que le brindaron sustento jurídico a la dictadura (véase Valdivia, 2008).
  12. Véase Ministerio de Planificación y Cooperación (1988; 1999).
  13. Véase Pinochet (1977).
  14. Desde los años 70, el principal centro académico dedicado a los estudios prospectivos fue el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Allí trabajó el abogado y politólogo Gustavo Lagos Matus, quien fue el primer secretario de FLACSO y creó la Unidad de Adiestramiento del BID, institución a la que ingresó gracias a su amigo Felipe Herrera, con quien trabajó varios años para fortalecer el campo de las Ciencias Sociales y Económicas. En 1965 Herrera creó el Instituto para la Integración de América Latina, dependiente del BID y con sede en Buenos Aires. Eso le permitió a Lagos Matus mantener fluidas relaciones académicas con teóricos y técnicos argentinos, como Horacio Godoy, quien promovió los estudios prospectivos en la Organización de Naciones Unidas con una misión técnica en Colombia (1976-1977) y fundó la revista “América Latina 2001. Revista Latinoamericana de Ciencia, Tecnología y Futurología” (1976). Sobre la visión de futuro de América Latina, véase Matus y Godoy (1977). Sobre la trayectoria de Horacio Godoy, véase Abarzúa (2012).
  15. La Comisión Nacional de Reforma Administrativa (CONARA) fue la agencia dedicada a implementar la regionalización y la nueva división política y administrativa de la dictadura. Se creó en 1973 y funcionó hasta noviembre de 1984, cuando fue reemplazada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. La CONARA dependía directamente de la Junta de Gobierno y era presidida por un oficial superior de las Fuerzas Armadas o Carabineros.
  16. Sobre la concepción de “erradicaciones eugenésicas” de la dictadura de Pinochet, véase Leyton (2015).
  17. En otro trabajo abordamos cómo la dictadura utilizó recursos propagandísticos sobre la vivienda social como parte de su estrategia programática que apuntó, por un lado, a mostrar un rostro social para construir legitimidad sociopolítica. Por el otro, partiendo de la idea de los efectos normalizadores y disciplinadores de las políticas sociales, las propagandas institucionales apuntaron a incidir en la vida cotidiana de los sectores populares urbanos inculcando valores familiares, el ahorro, la austeridad y la iniciativa privada como valores económicos que harían de Chile una “gran nación”. Se promovieron nuevas formas y comportamientos de habitar asociados a la vida “moderna”, cuyo principal objetivo era la transformación radical de los espacios cotidianos. Dichos valores fueron parte de las amplias estrategias de intervención social resocializadoras y reeducadoras que caracterizaron a la dictadura (véase Gomes, 2019).
  18. En junio de 1982 se aprobó la Ley N.° 18138, a través de la cual las municipalidades obtuvieron facultades para la construcción de viviendas económicas y de infraestructura sanitaria. Esa facultad fue un elemento clave para llevar adelante las erradicaciones.
  19. ENTEL estuvo presidida por miembros de las Fuerzas Armadas, las cuales compartieron tareas de dirección de la empresa con los técnicos civiles (Huneeus y Olave, 1987, pp. 207-214 y 257).

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VALDIVIA, V. (2010). ¡Estamos en guerra, Señores! El régimen militar de Pinochet y el ‘pueblo’, 1973-1980. Historia, volumen (43), pp. 163-201.
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VERGARA, P. (1985). Auge y caída del neoliberalismo en Chile. Santiago: FLACSO.

Cuaderno Urbano es una publicación científica con arbitraje internacional dirigida a la difusión de artículos y ensayos que se ocupan de la cuestión urbana —en el sentido más amplio del término— desde las disciplinas científicas, combinando trabajos empíricos, teóricos y ensayísticos que den cuenta de problemáticas locales, regionales y universales. La intención de la publicación es favorecer y promover la generación de ensayos y artículos de jóvenes investigadores con las reglas de arbitraje científico, colaborando en la producción editorial de sus ideas, como también divulgar el aporte de científicos ya consagrados en su especialidad disciplinar.

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Cuaderno Urbano Nº29: Índice de Contenidos.

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2020-12-22T17:44:23-03:00Cuaderno Urbano N29|
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