LUZ PARA TODOS: EL PRIMER PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS FAVELAS DE RÍO DE JANEIRO, DESDE FINALES DE LA DÉCADA DE 1970 HASTA COMIENZOS DE LA DE 1980

DOI: https://doi.org/10.30972/crn.43439260

INTRODUCCIÓN

La empresa de energía eléctrica de Río de Janeiro, Light, anunció en 1979 un ambicioso programa de electrificación de las favelas ubicadas en esa ciudad. Este anuncio consolidó una nueva comprensión política sobre estas zonas, que se centraba en la rehabilitación de estos espacios. El programa de electrificación de las favelas se convirtió en la primera intervención a gran escala para implementar un servicio público en las favelas.

La producción de la ciudad debe entenderse tanto a través de sus aspectos materiales y tecnológicos, como por medio de sus dimensiones simbólicas y sus prácticas cotidianas (PILO, 2023a, p. 86). En este sentido, entendemos que la construcción y gestión de redes de infraestructura están impregnadas de política e influyen en la formación local de los lugares (Dawney, 2022, p. 123). La inserción de un enorme programa de electrificación en las favelas trajo, como analizaremos, diversos impactos en estos espacios. Esto nos invita a una comprensión tecnopolítica de la producción de ciudades, entendida aquí a partir de la definición de Foley et al. (2020: 328), como la combinación de artefactos físicos u otros objetos creados por el hombre que existen dentro de los límites geopolíticos de la ciudad y se constituyen a través de acuerdos de poder y autoridad que encarnan o promulgan objetivos políticos. El desarrollo de la infraestructura urbana es obviamente un proceso con una gran carga política (Macfarlane y Rutherford, 2008, p. 365-366).

La red de energía es una red sociotécnica (Latour, 1994); es decir, es preciso analizar la infraestructura —sobre todo las redes de servicios públicos— no únicamente como un conjunto de hierro y concreto, sino también como un campo de acción política (Roy, 2009). La formalización inmediata del sistema puede traer, paradójicamente, la exclusión de una parte de los beneficiarios que no podrían asumir los costos. Como analiza Sylvy Jaglin (2004: 11), este procedimiento, bajo la reserva de una regulación del conjunto, podría sustituir una diversidad de conectados al sistema por una pluralidad incontrolada de mal conectados. En el caso de las favelas de Río de Janeiro, como analizaremos a continuación, las formas de acceso eran diversas y relativamente precarias antes del proyecto de electrificación de favelas. Sin embargo, a pesar de las cifras iniciales positivas del proyecto, el resultado actual es la generalización de accesos irregulares a la red eléctrica, conocidos en Brasil como “gatos”.

Existen trabajos que han venido discutiendo el acceso a la energía en las favelas cariocas, especialmente aquellos que analizan proyectos más recientes y sus desafíos (Pilo, 2023; Yaccoub, 2011). Por otro lado, también se encuentran estudios que han abordado históricamente el acceso a la energía en las favelas (Oliveira, 2021; Bittencourt, 2012), así como las primeras políticas de urbanización de estos territorios (Cardoso, Luft y Ximenes, 2023; Gonçalves, 2024). No obstante, son pocos los trabajos que se han dedicado específicamente al programa de electrificación implementado a partir de finales de la década de 1970, en el contexto de la consolidación de las políticas de urbanización en la ciudad.

El presente artículo se inscribe en un proyecto de investigación más amplio que buscó analizar las primeras políticas de urbanización de las favelas en Río de Janeiro entre finales de la década de 1970 y comienzos de la de 1990. Este trabajo pretende analizar más específicamente la implementación del programa de electrificación de las favelas de Río de Janeiro. Como veremos a lo largo del artículo, la implementación de redes de energía produjo diversos impactos en las favelas, tanto de orden económico como social y urbanístico. Además de la revisión bibliográfica, recopilamos material sobre el programa de archivos públicos y de la propia empresa de energía eléctrica Light, en la prensa de la época, además de entrevistar a dos ingenieros que participaron en el programa, uno como Coordinador y el otro como ingeniero de campo. Inicialmente analizaremos los antecedentes del acceso a la energía en las favelas de Río, describiendo los arreglos ejecutados para acceder a este servicio. En un segundo momento, presentaremos el citado programa, debatiendo su contenido y las estrategias para abordar los obstáculos de su implementación. Por último, analizaremos los resultados y límites de esta iniciativa.

ANTECEDENTES DEL ACCESO A LA ENERGÍA EN LAS FAVELAS DE RÍO

Aunque las edificaciones de las favelas sólo se conectaron a la red pública de energía a finales de los años 1970, estos espacios ya contaban precariamente con electricidad. José Alípio Goulart describe, en una obra publicada en 1957, el paisaje de las favelas por la noche: “las colinas de Río de Janeiro, con algunas excepciones, están salpicadas de puntos brillantes, que muestran no sólo la incidencia de la electricidad en las favelas sino también el alcance de las mismas” (Goulart, 1957, p. 33). La concesionaria de electricidad Light justificaba la no instalación de redes eléctricas en las favelas por el riesgo de perder sus inversiones sin ningún tipo de compensación en caso de desalojo de las mismas. El tema de la propiedad de la tierra jugó un papel importante y siempre justificó la ausencia de redes de luz dentro de las favelas. Algunos residentes de las favelas pudieron instalar cabinas de luz en la entrada de estos espacios, extendiendo líneas eléctricas para otras casas dentro de las favelas (Conn, 1969, p. 22). Los dueños de cabinas pasaron a ser conocidos como cabineros de luz, y muchas veces cobraban tarifas exorbitantes por la distribución de puntos de electricidad desde sus cabinas (Gonçalves, Pessanha y Mororó, 2015). Estas conexiones eléctricas en las favelas inicialmente tenían un carácter individual. Eran pequeñas cabinas, adosada a un poste de madera, en el límite entre el terreno y la vía pública: “El aspecto era el de un terreno rodeado por un cerco de postes y cabinas individuales” (Light, 1997, p. 2). El servicio era precario, con riesgo de incendio, ya que las cabinas fueron construidas inicialmente para dar servicio a una sola vivienda.

La paulatina ampliación de las redes acabó convirtiéndose en un negocio rentable y los residentes empezaron a quedar a merced de los dueños de las cabinas, quienes podían aumentar los precios de la electricidad o simplemente cortar el suministro a otros residentes. El Periódico Tribuna Popular, del 16 de noviembre de 1946, trae una declaración de un vecino de la favela de la Catacumba sobre la explotación comercial de la electricidad en ese cerro: “Pagamos diez cruceros aquí por cada lámpara que tenemos en casa. Un tipo inteligente está llevando a cabo esta explotación. Se monta una especie de sub-Light y las autoridades municipales no toman medidas…”

Con el objetivo de controlar el suministro de luz en las favelas a través de un solo medidor, el Departamento Nacional de Gas e Iluminación (DNGI) promulgó la ordenanza n° 1, del 6 de abril de 1948.1 Se aprobaron conexiones múltiples, a través de un solo medidor y mediante la presentación de autorización de un organismo público, con un proyecto de red realizado por una empresa registrada ante el DNGI y con autorización del propietario del terreno y declaración de un responsable de la conexión: “Se formalizó la figura del ‘cabinero’ y el gobierno asumió la supervisión del servicio” (Light, 1997, p. 2). La ordenanza presentó inicialmente a la Fundación León XIII2 (FLXIII) como la entidad organizadora de redes eléctricas existentes o aprobando la instalación de estas redes en otras favelas (Oliveira, 2014), incluso en aquellas donde la FLXIII no operaba directamente.

Danielle Bittencourt (2012, p. 87) explica que también existían formas colectivas de gestionar estas redes, para evitar la explotación comercial del servicio. Algunas de estas estructuras ya existían a principios de la década de 1940, como lo demuestra el reglamento para los asociados de la luz de la favela Macedo Sobrinho, del 9 de febrero de 1941. Este reglamento describía las reglas para el uso del servicio en esa favela, estableciendo, por ejemplo, que el importe de la factura de la luz se repartiera entre todos al final del mes. Determinaba, por ejemplo, que se debía informar del posible uso de radios y nadie podía dejar las luces encendidas después de las 23 horas sin justificación, so pena de pagar mayores cantidades.3

Aún según Bittencourt, en 1949 se formaron 24 asociaciones centradas en los servicios eléctricos, según el reglamento de la citada ordenanza nº 1, que agrupaban a alrededor de 8 mil familias. El aporte de cada miembro cubrió, entre otros, los costos de contratación de un técnico para el mantenimiento de la red. El conflicto por el suministro de electricidad hizo que la Fundación León XIII dejara de intervenir, en 1951, de manera tan directa en la dirección de las comisiones de luz, actuando más como un órgano consultivo. Las solicitudes de instalación o mantenimiento comenzaron a ser tramitadas directamente entre los residentes de la favela y las autoridades públicas (Bittencourt, 2012, p. 87).

En este contexto, comenzaron a surgir complejas redes internas en algunas favelas. Leeds y Leeds (1978a, p. 115) describen estas redes como administradas de forma privada por “empresarios de las favelas” que buscaban ganancias individuales. Como el Decreto Federal nº 41.019, del 26 de febrero de 1957, sólo obligaba a la empresa Light a instalar redes en lugares públicos formalizados, siempre correspondió a los residentes estructurar las redes dentro de las favelas. Ante la ampliación de estos cableados, el DNIG promulgó la ordenanza n° 2, de 10 de marzo de 1958 4, que derogó la citada ordenanza n° 1 y aprobó nuevas normas para el suministro de luz eléctrica mediante medidor único a conjuntos residenciales, del tipo “favela”. La ordenanza definió que los interesados ​​tendrían que informar que la conexión eléctrica se haría de manera precaria, por un período de 360 ​​días, y solo atendería a las viviendas incluidas en el proyecto aprobado. Cualquier aumento de carga, conexión de otras viviendas, así como la verificación de cualquier fraude o desobediencia al aviso del DNGI, serían motivos para el corte inmediato del suministro de energía.

Las comisiones se expandieron a partir de 1965 como una fórmula encontrada por el Gobierno del Estado para proveer y regular la distribución de electricidad en las favelas del estado (Fortuna y Fortuna, 1974: 109). La Comisión Estatal de Energía (CEE) fomentó así la formación de varias comisiones de luz en las favelas: “En 1966, se crearon 43 comisiones de luz y en 1979, había 90 en funcionamiento” (Luz, 1997: 2). El procedimiento para instalar una comisión implicaba inicialmente el interés y la movilización de los propios vecinos en la búsqueda de la CEE, que pasó a diseñar las redes. Posteriormente los vecinos recaudaban las cantidades necesarias para llevar a cabo el proyecto y, finalmente, la CEE y las comisiones locales de luz firmaban un convenio para que Light pudiera proceder al suministro de luz una vez terminadas las obras (Fortuna y Fortuna, 1974: 110). Los residentes pagaban un valor 20% mayor de la tarifa oficial: 10% por el mantenimiento de las redes locales y 10% por pagos de salario a la comisión local de energía (Conn, 1969: 25). A pesar de pagar una tarifa más alta, el valor podría teóricamente compensarse por la diferencia en los valores de la luz en alta y baja tensión, como explica el ingeniero Renato Vasconcellos:5

La luz llegaba a un punto generalmente de alto voltaje y ellos [las comisiones de luz] hacían toda la distribución. Como Light entregaba en alto voltaje y la tarifa de alto voltaje es más barata que la tarifa de bajo voltaje, esta diferencia permitió que a los consumidores se les cobrara una tarifa razonable. 6

El acceso y la distribución de energía eléctrica se convirtieron en un importante recurso económico, asociativo y político (Oliveira, 2021, p. 425). Al manejar importantes recursos y administrar un servicio esencial para los residentes, las comisiones de luz se encontraron muchas veces en una situación de disputa política con las asociaciones de vecinos al punto de que el III congreso de favelados del Estado de Guanabara, promovido por la Federación de Asociaciones de Favelas del Estado de Guanabara (FAFEG), en octubre de 1972, aprobara una moción que proponía la extinción de estas comisiones, subordinándolas a las asociaciones de vecinos. Esta moción denunciaba varias irregularidades por parte de las comisiones, afirmando que estaban mal administradas y promovían la “desintegración comunitaria” (Fortuna y Fortuna, 1974, p. 110).

Según Vasconcellos (1985, p. 271), los poderes públicos no habían autorizado nuevas conexiones en las favelas desde 1974. La calidad de los servicios proporcionados por las comisiones de luz variaba de una favela a otra, pero se había ido deteriorando. La precariedad del servicio se intensificó después del anuncio de Light, a finales de 1979, de implementar, como analizaremos a seguir, un programa para conectar finalmente las casas de las favelas al sistema público de energía.

LA DEMOCRATIZACIÓN Y EL SURGIMIENTO DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN DE FAVELAS

El contexto de lenta apertura política permitió que la política de erradicación de favelas de los años 1960/1970 fuera progresivamente cuestionada. En este mismo contexto histórico, el gobierno federal asumió el control accionario de la empresa Light en 1978. Por iniciativa del nuevo presidente de la empresa, Luis Oswaldo Aranha,7 la empresa creó el Departamento de Electrificación de Interés Social (Vasconcellos, 1985, p. 269), que dio gran visibilidad a las iniciativas de la empresa y a su presidente.

Renato Vasconcelos, elegido jefe de este departamento, explicó en declaraciones al Jornal do Brasil, el 21 de marzo de 1982: “Nadie creía en los servicios públicos en las favelas y Light empezó a subir la colina.” A su vez, el citado presidente de Light, en una manifestación ante Jornal Última Hora, del 16 de junio de 1983, reforzó el carácter sin precedentes del programa: “Light fue el primer servicio público que ingresó a las favelas de Río de Janeiro, es decir, con una política global para el sector y un programa permanente.” Finalmente, como analizaron Silva y Oliveira, en una investigación sobre la implementación del programa: “Es innegable que esta es la primera acción a gran escala de una concesionaria de servicios públicos en favelas” (Silva y Oliveira, 1986, p. 7).

El acuerdo entre el municipio de la ciudad de Rio de Janeiro y la empresa Light, del 28 de noviembre de 1979, definía que el gobierno municipal sería responsable de los “servicios mínimos para la urbanización de accesos”. Estas obras serían proporcionadas por el Secretariado Municipal de Desarrollo Social (SMDS) y ejecutadas por el Secretariado de Obras (SMO) (documento citado por Light, 1980a: 2, anexo 1). Sin embargo, al principio, la participación del municipio fue tímida y Light asumió gran parte de los costos del programa. Cuando las intervenciones propias de la rehabilitación de la municipalidad ganaron mayor volumen en las favelas en los años 1980, el programa de electrificación ya estaba muy avanzado. El informe del Jornal do Commercio, del 15 de diciembre de 1979, describe los aspectos básicos del programa de electrificación de las favelas: 1. acción integrada con otros servicios, bajo la coordinación de la municipalidad; 2. colaboración con asociaciones comunitarias; 3. desarrollo de normas de construcción adecuadas a las construcciones y características locales.

La empresa propuso el siguiente cronograma estándar para las intervenciones del programa (Light, 1980a, p. 8).

Un momento importante era la Asamblea de presentación del programa de electrificación, ilustrada en la foto nº 2, donde se explicaban las etapas de implementación de la red local, así como los derechos y deberes de los nuevos usuarios del servicio. Vasconcellos (1985, p. 289) afirma que además de la asamblea de presentación del proyecto, se repartieron casa por casa folletos informativos con explicaciones sobre el programa. La figura 3 muestra la portada de una historieta distribuida a los vecinos. Esta historia describe en un lenguaje accesible las diferentes etapas descritas anteriormente, incluida la valoración de la importancia de la participación de los residentes durante todo el proceso.

Este cronograma no siempre se cumplió, ya que muchas variantes afectaron la implementación del programa. Silva y Oliveira (1986) recogieron críticas de los residentes sobre el requisito de que el registro inicial de la favela fuera realizado por los propios residentes. Si este involucramiento de dirigentes y vecinos implicó adhesión y seguimiento inicial del proyecto, también generó interrogantes sobre la realización de trabajos gratuitos para la concesionaria de energía.

En términos legales, Vasconcellos (1985, p. 274-276) describe tres cuestiones que debían resolverse: el primero se refería al costo de las ampliaciones de la red. Según el artículo 139 del Decreto N° 41.109 de 26 de febrero de 1957, dichas ampliaciones no podrían costar más de tres veces los ingresos anuales esperados por el nuevo consumo producido por la red instalada, permitiéndose a los nuevos consumidores contribuir a compensar la diferencia entre el costo de extensión total y el valor de tres veces el ingreso anual esperado. Estas disposiciones sólo fueron modificadas por el Decreto n° 86.463 de 1981 y por los decretos del Departamento Nacional de Agua y Energía Eléctrica (DNAEE) nº 93 y 95. No obstante, ya en 1979, el programa utilizó el recurso de conexiones colectivas en el que la necesidad de la contribución era cubierta por el número total de consumidores que se conectaban a la red al mismo tiempo, ya que, si los pedidos se consolidasen individualmente, probablemente varios serían inviables.

El segundo problema se refería a la norma que define la obligación del consumidor de pagar la caja de protección del reloj de electricidad y su instalación, siendo el concesionario responsable de la red hasta el punto de entrega de energía y del reloj. El programa permitió a los residentes realizar este pago en 12 cuotas en sus propias facturas de electricidad o preparar su propia instalación bajo la guía de técnicos de las agencias de Light.

El tercer problema fue el ingreso a la red en terrenos de terceros, sin su autorización, o el paso de la red por terrenos privados para llegar a la zona ocupada. Se entendió que el servicio no podía negarse a los vecinos cuya área estaba en disputa: “Si el dueño del terreno obtiene la recuperación, Light deberá retirar sus equipos, porque el vecino que solicitó el servicio no permanecerá en el lugar” (Vasconcellos, 1985, p. 276). El propio Renato Vasconcellos ya había afirmado en un informe del Jornal do Brasil, del 21 de marzo de 1982, que ya se había establecido jurisprudencia favorable en el caso de la favela Río Piraqué, en Campo Grande donde “una sentencia reciente determinó que el dueño del terreno, aun reclamando la propiedad, no podía impedir el acceso a los residentes al suministro eléctrico. Después de todo, un logro es un logro, ¡más aún cuando se trata de más luz!” 8

Este debate generó interrogantes sobre el estatus legal de las favelas. La supuesta ilegalidad de la tenencia de la tierra en las favelas legitimó históricamente la no instalación de servicios públicos en esos espacios. Evidentemente, esta cuestión se planteó cuando comenzaron los trabajos. Sin embargo, el departamento jurídico de la concesionaria se había pronunciado a favor del proyecto, afirmando que, a pesar de la falta de regularización de la ocupación de tierras, la empresa no podía negarse a prestar sus servicios, ni siquiera de forma temporal, a los residentes de las favelas. Por lo tanto, Light instaló sus equipos, comprometiéndose a retirarlos en caso de erradicación de la favela (Vasconcellos, 1985, p. 275).

Otra dificultad en la implementación del programa apareció cuando el suministro de energía pasó a la propia red de Light. Las actividades realizadas por las comisiones de luz pudieron ser rentables y generaron importantes recursos. Por tanto, el programa provocó graves tensiones en las relaciones con las comisiones locales de energía eléctrica. Una autodenominada Federación de Comisiones de Luz incluso, sin éxito alguno, reclamó una indemnización a Light (Vasconcellos, 1985, p. 273).

Una vez iniciado el proceso de electrificación, hubo cierta negligencia por parte de las comisiones locales de luz en el “mantenimiento de las ya precarias instalaciones y, en ocasiones, suspendieron el pago de las facturas de Light” (Light, 1980, p. 1). Por lo tanto, también hubo tensiones para que Light se hiciera cargo del servicio en algunas favelas, principalmente porque las comisiones de luz eran muy activas en ciertos lugares y ejercían una fuerte influencia sobre los residentes.

Un reportaje del Jornal do Brasil, del 28 de febrero de 1982, destaca, por ejemplo, los problemas de transferir las competencias de la comisión de luz de la favela de Rocinha a Light, ya que la comisión local tenía muchas deudas y que los vecinos debían empezar a pagar a Light directamente incluso sin los relojes todavía instalados. Unos meses más tarde, en un nuevo informe del Jornal do Brasil, del 30 de abril de 1982, los vecinos seguían quejándose de recibir facturas absurdas incluso sin tener los relojes conectados por la Light, que todavía utilizaba las redes de la antigua comisión local de luz.

Las dificultades técnicas para instalar las nuevas redes existían y eran mayores en las favelas de laderas debido a las dificultades para instalar las redes. Un documento sobre el programa de visita a la favela de Santa Marta destaca las dificultades técnicas: “Desde el punto de vista técnico, la electrificación de Santa Marta representa un desafío, debido a su topografía y disposición habitacional, requiriendo, en varios tramos, el uso de redes subterráneas”.9 Renato Vasconcellos (1985, p. 292) describió la dificultad en cuanto a la seguridad física de los empleados que leen los relojes de luz, así como de quienes realizan los cortes, lo que “ha involucrado amenazas de grupos en ciertas áreas, que sospechan que los vecinos pueden ser miembros de la policía (a pesar del uniforme de la Light) o que simplemente no permiten que se realice lectura o corte”.10

Otro tema que generó muchos interrogantes en la implementación del programa fue el debate sobre la iluminación pública en las favelas. Vasconcellos (1985, p. 291) explica que Light no pudo instalar alumbrado público bajo la justificación de que los vecinos no pagaban el impuesto del suelo (IPTU en portugués), que incluía la tarifa de consumo de energía utilizada en el alumbrado público de la ciudad. La solución fue cobrar una tasa del consumo en las facturas eléctricas de todos los consumidores de las favelas, a título de iluminación pública, por la energía utilizada en esta instalación.

Esta solución se implementó inicialmente en la favela Vila São Miguel en el barrio de Realengo. Según un reportaje del Jornal O Fluminense, del 2/2/1982, Light instaló el servicio en esta favela a petición de los vecinos ante la negativa del ayuntamiento de instalar alumbrado público: “La iluminación exterior le costará a cada residente de la favela [Vila São Miguel] un aumento en su factura individual de Cr$ 36,00”.11 El informe también señala que ante insistentes pedidos y por determinación del presidente de Light, “alrededor de treinta favelas de Río están catalogadas por Light para recibir también el beneficio, todas ellas ya incluidas en lo que sería la segunda etapa de la electrificación de las favelas por parte de la empresa”.12

En vista de esta iniciativa, la Ley Municipal n° 380, del 8 de diciembre de 1982, autorizó al municipio a celebrar un acuerdo con la concesionaria de electricidad, con el objetivo de instalar el alumbrado público en las vías de acceso y los espacios comunes de las favelas. El código fiscal de la ciudad, Ley Municipal n° 691, del 24 de diciembre de 1984, pasó a eximir a los residentes de las favelas no sólo del pago de la tarifa de alumbrado público (art. 97), sino también del pago de la tarifa de recolección de basura y limpieza urbana (art. 105). La Ley Municipal nº 1.151, del 22 de diciembre de 1987, finalmente autorizó al municipio a establecer un acuerdo con la concesionaria Light para eliminar definitivamente el cobro de esta tasa (Gonçalves, 2018).

Finalmente, hubo críticas al programa por el material utilizado en las favelas. El documento de Light preveía, dada la fragilidad de los edificios, la instalación de contadores “externamente y no en conjunto con las casas, lo que facilita adicionalmente el trabajo de los lectores de los medidores” (Light, 1980a, p. 13). Esta norma alternativa del programa permitió el uso de postes de madera, la instalación de medidores externos que no estaban adheridos a los edificios, además de prever la posibilidad de instalar múltiples medidores en puntos estratégicos, siendo los residentes los responsables de construir la conexión con sus hogares (Light, 1980b, p. 8).

En relación con las normas alternativas, Vasconcellos (1985: 271) explica que el uso de postes de madera se justificaba porque eran más livianos, más baratos y no se rompían fácilmente, así como se podían instalar fácilmente cajas de metal o fibra sobre los postes, aisladas de las paredes de chozas de madera. A pesar de las críticas de los residentes sobre los materiales alternativos utilizados, Silva y Oliveira enfatizan que Light valoraba estándares técnicos específicos para las favelas: “la tecnología utilizada no puede considerarse alternativa, sino ‘adaptada’” (Silva y Oliveira, 1986, p. 7).

RESULTADOS, NOVEDADES Y CRÍTICAS AL PROGRAMA.

La instalación de un programa de electrificación en las favelas de la ciudad trajo impactos muy diversos, que no se limitaron estrictamente al servicio eléctrico. Renato Vasconcellos evoca los supuestos básicos del programa (1985, p 270-271), indicando cómo la empresa veía sus desarrollos. En primer lugar, refuerza la singularidad de un servicio que finalmente llega a todas las favelas de la ciudad” independientemente de su ubicación, tamaño, vínculos políticos, etc.” (Vasconcellos, 1985, p. 270). Esta fue una innovación importante en el programa, incluir estos espacios en el servicio de energía, como cualquier otro lugar de la ciudad.

Otro aspecto valorado por el programa fue el hecho de que “estas poblaciones además obtendrían un certificado de residencia representado por la factura de la luz” (Vasconcellos, 1985, p. 370). Este es un elemento importante y tuvo impactos administrativos y urbanos. Como veremos más adelante, Light tuvo que gestionar las direcciones de las casas mediante la designación de calles, así como la numeración de las viviendas. Esta actividad era responsabilidad del municipio, pero Light asumió el control para mantener el ritmo de implementación del programa. Y, de hecho, la factura de la luz se convirtió en un documento oficial muy utilizado por los residentes de las favelas como comprobante de residencia. Este es uno de los aspectos que permite comprender cómo la red eléctrica trasciende la perspectiva de la simple oferta de un servicio. Al conectar las viviendas directamente a la red oficial de electricidad, se abría un reconocimiento de hecho de esos espacios. Así, aunque las calles y callejones de las favelas no existieran oficialmente para el ayuntamiento, los habitantes pasaron a tener una dirección reconocida directamente por la empresa de electricidad.

Además, la empresa se comprometió a “electrificar y mantener el servicio dentro de los estándares de calidad y firmeza establecidos para el servicio de distribución de energía eléctrica” (Vasconcellos, 1985, p. 371). Como analizaremos a continuación, este estándar de calidad del servicio no se mantuvo en los años siguientes. El presidente de Light en ese momento aparecía con frecuencia en los periódicos para describir los beneficios del programa:

1. despierta un sentimiento de ciudadanía en los habitantes de las favelas, que ahora cuentan con un certificado de residencia aceptado oficialmente por cualquier organismo público e incluso por las instituciones financieras, que es la factura de la luz;
2. proporciona una importante redistribución de la renta, no sólo al reducir el precio de la electricidad y la energía, por la eliminación de proveedores intermediarios, sino también por la posibilidad de almacenar alimentos en frigoríficos y, por tanto, de aprovechar mejor la economía nacional;
3. genera posibilidades para nuevas formas de trabajo informal, como costurera, lavandera, planchadora, etc. – lo que constituirá un refuerzo sustancial del presupuesto familiar;
4. proporciona mayor seguridad a los residentes mediante una mejor iluminación en las favelas;
5. reduce el costo de vida al eliminar el consumo de derivados del petróleo y otras formas de energía anteriormente utilizadas para fines de iluminación;
6. abre un proceso de transformación física de las favelas, ya sea mejorando el acceso (debido a la necesidad de construir la red), o incluso mejorando los edificios existentes, estimulados por una mayor sensación de estabilidad en las favelas.13

Este conjunto de justificaciones aporta elementos importantes para comprender el impacto del programa. El largo extracto anterior trae al menos tres aspectos importantes: en primer lugar, la transformación física de las favelas. La electrificación trajo mejoras físicas a estas localidades, además de dar a los residentes una mayor sensación de estabilidad, quienes se sentirían más cómodos invirtiendo en mejorar en sus viviendas sin riesgo de ser desalojados en ningún momento. Otro aspecto interesante mencionado es el aumento de la seguridad interna de las favelas mediante el avance de la iluminación de los espacios públicos y, finalmente, el programa traería supuestos progresos financieros a los residentes, quienes ya no se verían obligados a pagar a intermediarios para acceder a la energía, sin contar con el hecho de que podrían almacenar mejor los alimentos y estimular nuevas formas de trabajo informal debido a la facilidad de acceso a la electricidad.

El documento de Light, de 1980, ya destacaba los supuestos resultados sociales del programa y retomaba algunos puntos planteados por la manifestación arriba mencionada del presidente de Light en reportaje del Tribuna da Imprensa. El documento también destacó los impactos económicos del aumento del consumo mediante el uso de electrodomésticos y el surgimiento de nuevos establecimientos comerciales y de servicios en las favelas. Este documento también reforzó el hecho de que el programa de electrificación supuestamente incrementó la movilización colectiva de los residentes, generando incluso un reconocimiento significativo a la empresa concesionaria debido a la amplia aceptación del programa por parte de la sociedad. Finalmente, la empresa entendió que el programa traería la perspectiva de mejorar las viviendas “debido a la sensación de estabilidad que surge de la emisión de facturas de electricidad a nombre del residente registrando su dirección” (Light, 1980, p. 11).

Este mismo aspecto fue subrayado por Renato Vasconcellos, quien afirmó que los residentes dan mucho “valor a los datos indirectos: la factura de electricidad a nombre de cada persona es un documento de residencia, lo que facilita, por ejemplo, la obtención de crédito, brindando más seguridad”.14 El informe de evaluación del programa del Instituto Brasileño de Administración Municipal (Ibam) también valoró otro aspecto del certificado de residencia: brindar mayor seguridad a los favelados en casos de intervenciones policiales (1985, p. 30-32).

La consolidación del servicio de energía eléctrica también aumentó la sensación de seguridad de los residentes ante el riesgo de desalojo. Itamar Silva, entonces presidente de la Asociación de Vecinos de la favela Santa Marta, declaró para un reportaje en el Jornal do Brasil el 21 de marzo de 1982:

“El proyecto tiene un impacto innegable, en términos sociales. Nos hace sentir más asentados, nos quita algo de ese miedo al desalojo. Al ser una gran inversión, también es un paso considerable hacia la urbanización”. Continúa su comentario sobre el programa con la esperanza de que la electrificación traiga otros servicios: “Agua, por ejemplo, ya estamos en contacto con la Cedae [Empresa de agua y alcantarillado en portugués]. Pero lo importante es que Light sentó un precedente, entró en la favela, haciéndose cargo de la distribución y el mantenimiento como en las calles”.15

Es importante resaltar que el programa tuvo impactos políticos, pero Light siempre buscó mantener un supuesto discurso técnico y apolítico en sus operaciones en las favelas. El presidente de Light reforzó este entendimiento al afirmar que el programa pretende “beneficiar a todas las favelas de Río, independientemente de su ubicación dentro de la estructura urbana, a diferencia de otras políticas urbanísticas estatales actuales, que, en general, concentran sus inversiones en el núcleo privilegiado de la ciudad.16 A pesar de anunciar un soi-disant carácter apolítico, queda clara en su manifestación la intención de oponerse a las tímidas iniciativas políticas del gobernador Chagas Freitas en el mejoramiento de las favelas.17 Es interesante resaltar cómo la empresa posicionó el programa como un hito que indujo una fuerte movilización en las favelas, es decir, que entendió el programa como algo mucho más grande que el suministro de energía.

No obstante los impactos positivos del programa, la empresa concesionaria también fue objeto de numerosas críticas. En primer lugar, es posible encontrar informes extremadamente negativos sobre el programa, que reproducen las antiguas representaciones prejuiciosas sobre las favelas y sus residentes, como lo demuestra el informe del Jornal do Commercio, de 25 de abril de 1980:

Entonces surge la pregunta: ¿podrá la población de estas favelas pagar facturas de electricidad extremadamente caras? De todos es sabido que los pobres nacionales dejan de alimentarse y pagar los estudios de sus hijos, a cambio de poder ver telenovelas en colores con mucha cerveza en el congelador.

Pese a estas críticas, la empresa insistió en que el programa, si bien tenía un carácter social, resultó rentable (Light, 1980, p. 22). El presidente de Light, en 1982, destacó que la electrificación de las favelas, lejos de ser un emprendimiento deficitario para la empresa, era, por el contrario, un buen negocio. El porcentaje de cortes de suministro en las zonas urbanizadas, durante 1981, fue del 2,39%, superior al de las favelas, que fueron sólo del 2,37%.18 Sin embargo, en una publicación de 1985, Renato Vasconcellos ya relativizó el éxito inicial del programa en este sentido. Si bien la morosidad en las favelas ya era superior a la del resto de consumidores, esta tasa todavía era compatible con otras zonas más empobrecidas (Vasconcellos, 1985, p. 298).

El citado informe de evaluación del programa del IBAM también enumera algunas críticas que ya estaban surgiendo en relación al proyecto. Los residentes criticaron que las facturas de electricidad no llegaban y desconfiaban de la honestidad de los medidores (Ibam, 1985, p. 14). También fue objeto de críticas por el funcionamiento más “formal” y estandarizado de la empresa, lo que conducía a cierta rigidez en materia de pagos (Ibam, 1985, p. 18). Fueron muy criticados los procedimientos de corte de electricidad en caso de incumplimiento y la dificultad para encontrar canales de diálogo y negociación, un procedimiento muy diferente al que existía con las comisiones de electricidad: “Esta parte ‘informal’ de las comisiones de electricidad quizás sea el punto más importante para la reflexión sobre las políticas de implementación de servicios públicos en las zonas pobres” (Silva y Oliveira, 1986, p. 10).

Las críticas de los residentes también se centraron en el mantenimiento de las redes (Ibam, 1985, p. 22). Los residentes del Parque Proletario de la Penha incluso protestaron contra los postes de madera, considerados despectivos y que contrastan con los postes de hormigón de la antigua red de la comisión de luz local. También criticaron el aspecto precario de fijar relojes de luz en postes separados de las casas (Ibam, 1985, p. 37). Además, Light tuvo que enfrentar un crecimiento exponencial de la demanda en las favelas después de implementar el programa, por lo que las redes rápidamente instaladas no fueron suficientes (Vasconcellos, 1985, p. 298). Silva y Oliveira también destacan el impacto del programa en la consolidación de las favelas: “(…) con la entrada de la electricidad oficial, las propiedades aumentaron de valor y los residentes también comenzaron a invertir en mejorar sus viviendas.” (Silva y Oliveira, 1986, p. 10). La incorporación de un servicio oficial aportó, evidentemente, una mayor seguridad de tenencia a los habitantes. Aunque no poseían títulos de propiedad, la inversión de una empresa pública en formalizar el suministro eléctrico en el conjunto de favelas de la ciudad constituía una señal concreta de que las políticas de remoción de años anteriores ya no estaban en la agenda. El crecimiento y la consolidación de las favelas en la década de 1980 coincidieron con un abandono, por parte de los gobiernos —tanto aún durante la dictadura como en los primeros años democráticos—, de la implementación de políticas de provisión habitacional. Las favelas se convirtieron, más que nunca, en la vía de acceso a la vivienda para una gran parte de la población de la ciudad.

El proyecto preveía la instalación de 38.000 postes, 2.860 km de conductores y 2.270 transformadores, lo que representaba un incremento de 170.000 kVA. Debido a las condiciones físicas, se desarrollaron estándares específicos cuando los patrones normales para redes aéreas resultaban inviables; en este caso, por la situación precaria de urbanización, inferior al nivel requerido para la adopción de redes abiertas (Tavares, 2015, 11). En 1991, el programa había conectado al sistema a 221.746 nuevos usuarios en 814 favelas (Grupo de Estudio sobre Electrificación de Favelas, 1991, p. 1). Si la electricidad oficial inequívocamente elevó las condiciones de vida, también trajo una proporción cada vez mayor del costo de la electricidad en el presupuesto familiar, lo que llevó a un aumento de los impagos, y, a su vez, generó cortes de suministro. “Ante la falta de alternativas, se observa el surgimiento de conexiones irregulares” (Grupo…, 1991, p. 3). Ante dificultades para pagar o retrasos en las conexiones, Silva y Oliveira observan la existencia de enganches ilegales de luz durante parte del mes: “Hay incluso situaciones bastante inventivas, en las que el residente tiene el reloj apagado durante una parte del mes y en los días restantes utiliza la energía oficial” (Silva y Oliveira, 1986, p. 9).

También se identificó la escasa inversión de Light en la actualización de los datos de registro de los clientes de las favelas, así como casos de corrupción entre empleados de la empresa, el retraso en la instalación de nuevos medidores y el hecho de que la propia policía destruya el alumbrado público en operativos policiales (Grupo…, 1991, p. 6). Finalmente, el crecimiento de la violencia sin duda tuvo un impacto en el programa, incluyendo la pérdida de interlocutores locales debido a la cada vez menor influencia de la Iglesia Católica y de las asociaciones de vecinos (Grupo…, 1991, p. 4). Aunque una gran parte de las favelas de Río de Janeiro recibió instalaciones y tuvo el suministro de energía regularizado a lo largo de la década de 1980, en la década siguiente, los años noventa, la compañía continuó actuando en las favelas, principalmente en el combate a las conexiones irregulares y clandestinas, los “gatos”, consideradas pérdidas comerciales (Tavares, 2015: 12). Así, a pesar de la universalización del acceso a la electricidad con la puesta en marcha del programa, la práctica del ‘enganche’ y la constitución de redes informales internas de luz se fueron consolidando en las favelas hasta el punto en que la empresa, en el contexto de la implementación del programa de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en los años 2010, anunció un nuevo programa de formalización del servicio de energía en favelas.

CONCLUSIONES

La primera sección de este capítulo se centró en las iniciativas para introducir la electricidad en las favelas de Río, como las experiencias de los operadores de cabinas eléctricas y, más tarde, de las comisiones de luz. La segunda sección del artículo abordó más específicamente la implementación del programa de electrificación de favelas en el final de los años 1970, que tenía como objetivo integrar todas las favelas en las redes oficiales de energía y, al fin, analiza las consecuencias y límites del programa.

El programa ganó gran visibilidad y se convirtió en la primera iniciativa a gran escala de un proveedor de servicios públicos en las favelas. Su implementación requirió la adaptación a la realidad de las favelas de ciertos requisitos técnicos, así como plantear nuevos entendimientos jurídicos para resolver los impedimentos en la instalación de servicios públicos en lugares con supuestas irregularidades en materia de propiedad del suelo. El estado de necesidad de los residentes para acceder a la energía eléctrica siempre fue considerado más importante que el supuesto derecho de propiedad de quienes se decían dueños de las tierras donde se ubicaban las favelas. Así, con el programa, se separó la relación de consumo de la propiedad del suelo.

Light asumió competencias que iban más allá de su función de distribución de energía, involucrándose, por ejemplo, en el tratamiento urbanístico y la implementación de alumbrado público en favelas. El programa brindó a los residentes una mayor sensación de seguridad respecto de los posibles riesgos de expulsión.

No obstante, como analizan Sylvy Jaglin y Marie-Hélène Zérah (2010: 16), mantener un sistema rígido de acceso a los servicios públicos puede, paradójicamente, reforzar la precariedad del acceso para ciertos sectores de la sociedad. El actual desmantelamiento de las redes oficiales en las favelas demuestra que el entusiasmo inicial del programa no duró. El programa de electrificación fue también criticado por la rigidez de los métodos de pago y los cortes de energía, lo que provocó un aumento paulatino de los impagos. La progresiva degradación de la infraestructura eléctrica en las favelas de Río también se explica por el proceso de privatización de Light en los años 1990, que limitó el interés de la empresa en mantener sus inversiones en las favelas (Pilo, 2023a, p. 90). Asimismo, el contexto sociopolítico urbano más amplio de Río de Janeiro, que, desde los años 1980, vio la consolidación de grupos armados en varias favelas, disuadió el interés de la concesionaria en mantener sus inversiones en estos lugares.

Las favelas, como se mencionó anteriormente, fueron nuevamente objeto de programas de electrificación en el contexto de la preparación de la ciudad para grandes eventos y con la instalación de las UPP en la década de 2010. La simultaneidad entre las nuevas medidas de regularización y el programa de seguridad pública creó las condiciones para formas de acumulación de capital a través de un proceso de reorganización sociotécnica, justificado por un discurso de recuperación territorial y retorno de la ciudadanía (Pilo, 2023b, p. 1293). El reciente programa de regularización presentó el hecho de que el residente de la favela se convirtiera en cliente como un paso hacia “garantizar la ciudadanía”. El término “ciudadanía” ha sido utilizado por la empresa para desdibujar los límites entre cliente-consumidor-ciudadano (Pilo, 2023a, p. 88).

Además de no cubrir todas las favelas de la ciudad y centrarse principalmente en las favelas ocupadas por la policía, eso programa presentó características diferentes del implementado a principios de los años 1980. En un contexto de democratización, y dado que el programa de electrificación de favelas aquí analizado fue ejecutado por una empresa pública, el elemento central no era convertir a los habitantes de las favelas en consumidores, sino en beneficiarios de un servicio público, al igual que los demás residentes de la ciudad. Este, como aquel, no resultó ser permanente en el tiempo. Comprender los desafíos y los límites del primer programa de electrificación de las favelas aporta elementos importantes para pensar en nuevas formas de gestionar los servicios públicos en las favelas, que tengan en cuenta las estructuras operativas y las técnicas utilizadas allí en la búsqueda de nuevos arreglos para gestionar y regular tales servicios de forma más democrática y justa.

NOTAS

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