Cuaderno Urbano Nº39 | Año: 2024 | Vol. 39

ARTÍCULO

VARIACIONES DE LAS POLÍTICAS URBANAS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA: ESTUDIO DE CASOS EN TRES BARRIOS POPULARES DE MAR DEL PLATA Y CIUDAD DE BUENOS AIRES (2016-2023)

URBAN POLICY SHIFTS: ENHANCING ECONOMIC INTEGRATION ACROSS THREE INFORMAL SETTLEMENTS IN MAR DEL PLATA AND BUENOS AIRES CITY, ARGENTINA (2016-2023)

VARIAÇÕES NAS POLÍTICAS URBANAS DE INTEGRAÇÃO ECONÔMICA: ESTUDO DE CASOS EM TRÊS BAIRROS POPULARES DE MAR DEL PLATA E CIDADE DE BUENOS AIRES, ARGENTINA (2016-2023)

Guido Bonano

Licenciado y profesor en Sociología (FSOC-UBA). Becario interno doctoral temas estratégicos CONICET – IIGG/UBA. Doctorando en Estudios Urbanos (UNGS).
E-mail: gbonano@sociales.uba.ar
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7573-6608

María del Pilar Isla

Arquitecta (FAUD/UNMdP). Becaria interna doctoral CONICET – FAUD/UNMdP. Doctoranda en Estudios Urbanos (UNGS).
E-mail: mariadelpilarisla@gmail.com
Orcid: https://orcid.org/0009-0001-2197-9145

Resumen

El artículo examina las políticas de integración económica implementadas en barrios populares de Argentina por tres organismos gubernamentales multinivel durante el período comprendido entre 2016 y 2023 en Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La estrategia metodológica de orientación cualitativa consiste, mediante el estudio de casos, en la realización de análisis documental, observaciones y entrevistas semiestructuradas en profundidad a funcionarios, técnicos de agencias gubernamentales y a referentes de organizaciones sociales. Afirmamos que las políticas ejecutadas presentan variaciones que complejizan el aparente consenso del paradigma de la integración socio-urbana. Los resultados obtenidos ponen el foco en las similitudes y diferencias de las agencias gubernamentales bajo estudio.

Palabras clave

integración económica; barrios populares; políticas urbanas.

Abstract

This study examines government policies aimed at fostering economic integration within informal settlements in Argentina, focusing on initiatives implemented by three agencies in Mar del Plata and Buenos Aires city between 2016 and 2023. Employing a qualitative case study approach, the research involved documentary analysis, observations and semi-structured interviews with government officials, technical experts, and community representatives. The findings challenge the prevailing consensus on socio-urban integration, revealing nuanced variations in economic policies and demonstrating significant disparities among the studied agencies.

Keywords

economic integration; informal settlements; urban policies.

Resumo

O presente estudo examina as políticas de integração econômica implementadas em bairros populares da Argentina por três organismos governamentais multiníveis durante o período de 2016 a 2023 na localidade de Mar del Plata e na Cidade Autônoma de Buenos Aires. A estratégia metodológica é qualitativa e consistiu, por meio de estudo de casos, na realização de análise documental, observações e entrevistas semiestruturadas em profundidade com funcionários, técnicos de agências governamentais e representantes de organizações sociais. Argumentamos que as políticas implementadas apresentam variações que complexificam o aparente consenso do paradigma da integração sócio-urbana. Os resultados obtidos evidenciam as similaridades e diferenças entre as agências governamentais analisadas.

Palavras-chave

integração econômica; bairros populares; políticas urbanas.

DOI: https://doi.org/10.30972/crn.39397891

INTRODUCCIÓN

En este artículo nos proponemos examinar distintas políticas de integración económica de tres organismos gubernamentales multinivel de Argentina: 1) Secretaría de Integración Social y Urbana Nacional (SISU-N); 2) Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (GPBA); 3) Unidad de Proyectos Especiales Barrio Mugica (UPEBM) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA). De este modo, se indagan los programas implementados por cada organismo en tres barrios populares y la vinculación con sus destinatarios, los agentes de la economía popular (EP).

Las políticas urbanas, comprendidas por su objeto de intervención (el espacio y la vida urbana), los modos de usar y concebir el espacio y sus modalidades de intervención: directas (obras, construcción) e indirectas (regulaciones, normas) (Menazzi, 2022, p. 484), atraviesan un reciente proceso de redefinición. En los últimos años, en los procesos de integración sociourbana, se fomentaron enfoques integrales que incorporan componentes sociales, económicos y culturales que van más allá de las mejoras en infraestructuras, viviendas (ONU, 2010)¹, equipamientos e integración urbana. En este sentido, la participación popular se considera un elemento central y constitutivo (Guevara et al., 2018). Desde esta perspectiva, las principales innovaciones se encuentran en la incorporación de políticas sociales y económicas. Los tres organismos de integración socio-urbana mencionados buscan promover políticas urbanas de nueva generación bajo la influencia de los acuerdos internacionales de la Nueva Agenda Urbana (NAU, 2016) y el consenso regional y nacional.

Al respecto, los interrogantes que nos proponemos responder en las siguientes páginas son los siguientes: ¿en qué se asemejan y diferencian las distintas políticas de integración económica de las agencias gubernamentales? ¿Qué programas de integración económica se despliegan en territorios en proceso de reurbanización? ¿Las políticas de integración urbana pueden ser, a la vez, políticas de desarrollo económico territorial?

Afirmamos que los programas implementados por la SISU-N, el OPISU y la UPEBM presentan variaciones que complejizan la aparente unanimidad del paradigma de la integración sociourbana. Los resultados obtenidos en tres barrios populares (BP) ponen el foco en las similitudes y discrepancias de los programas implementados por las agencias gubernamentales bajo estudio.

En la siguiente sección revisamos la literatura especializada. Seguidamente, presentamos la estrategia metodológica. Luego, mostramos los resultados construidos a partir de las unidades espaciales de análisis. A continuación, señalamos las características de los organismos de integración sociourbana bajo estudio y discutimos las particularidades de sus políticas de integración económica. En las reflexiones finales, cerramos el artículo con aportes basados en la evidencia.

PERSPECTIVAS SOBRE LA INTEGRACIÓN URBANA Y ECONÓMICA

En Argentina, las urbanizaciones populares de origen informal –donde se incluyen villas, asentamientos informales y loteos económicos (Di Virgilio, 2015)– fueron abordadas históricamente en tres modulaciones de políticas urbanas. Primero, la matriz violenta de erradicación durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983); en segundo lugar, como procesos de radicación y regularización dominial, inspirados en Hábitat I, a partir del regreso de la democracia en 1983; y, tercero, a través de programas de mejoramiento de barrios, desde la década de 1990, consolidados a partir de Hábitat II en 1996, cuyo ejemplo más conocido es el Programa de Mejoramiento de Barrios (Di Virgilio, 2020). Recientemente, asistimos a una cuarta generación que concibe los procesos bajo el paradigma de la integración sociourbana y que se propone a sí misma como superadora de las anteriores. Sin embargo, tal como sostiene Cravino (2023), no se concreta un reemplazo completo, sino que se encuentran vigentes todos los enfoques o hibridaciones: “radicación con desarrollo progresivo, regularización dominial (solución de mercado), urbanismo social y perspectiva integral mientras se mantienen, al mismo tiempo, prácticas viejas como desalojos o desatención estatal” (Cravino, 2023, p. 192). A pesar de estas posibles combinaciones, podemos afirmar que existe un acuerdo programático multinivel en implementar las políticas urbanas bajo este cuarto paradigma que se cristaliza en la NAU (2016). Sobre la economía informal, la NAU supone que este sector debe realizar una transición sostenible hacia una economía estructurada (NAU 13) “mediante el apoyo a las microempresas, las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas en toda la cadena de valor” (NAU 58). Por su parte, la comisión argentina, que estuvo liderada por funcionarios de alto rango, publicó previamente un Informe Nacional para Hábitat III (2016) cuyo Capítulo 6 reconoce la problemática de los barrios marginales, el déficit habitacional y la tenencia irregular de la propiedad. El informe valora las acciones del Promeba por focalizarse en el abordaje de existencias  de viviendas y mejoras en la provisión de servicios públicos. Además, afirma que busca “fortalecer la integración comunitaria” (Informe Nacional para Hábitat III, 2016, p.56). Desde ese momento existe un elocuente consenso, aunque impreciso en sus definiciones y alcances, sobre la importancia de la integración sociourbana entre los distintos niveles gubernamentales.

Los procesos de integración sociourbana suelen priorizar la ejecución de soluciones habitacionales y mejoras en las prestaciones de servicios de infraestructura básica en localizaciones que son determinadas a través de la selectividad estratégica y relacional del poder del estado (Jessop, 2014). Se inspiraron en casos que marcaron tendencia en América Latina a partir de la noción de slum upgrading (Magalhães et al., 2016) o mejoramiento de asentamientos informales: Medellín en Colombia (1993) y Favela Bairro implementado en 1995 en Río de Janeiro, Brasil. Estos enfoques priorizan la regeneración urbana en términos de obras de infraestructura, servicios públicos, construcción de viviendas sociales y mejoramiento de las existentes y, aunque incorporan componentes comunitarios como la mejora de los espacios públicos o los parques biblioteca en Medellín (Gallego, 2011), colocan en un segundo plano de relevancia a la integración social (políticas educativas, culturales, de salud, géneros, justicia y deporte) y económica (laborales y de desarrollo local). Frente a esta posición dominante que prioriza los aspectos físico-constructivos, influida por las teorías positivistas y funcionalistas (Ruiz-Tagle, 2016), existen otras perspectivas que, teniendo en cuenta los aportes del urbanismo crítico (Harvey, 2016), la dialéctica socioespacial y el Derecho a la ciudad como derecho colectivo (Lefebvre, 1968; Ruiz-Tagle, 2016), proponen abordajes multidimensionales de los procesos de integración sociourbana: gestión y producción social del hábitat (Di Virgilio y Rodríguez, 2013, Brikman, 2016; Cravino, 2009); modelos participativos y multiactorales (Boldrini y Malizia, 2020; Di Virgilio, 2021; Cacopardo, 2023); y desarrollo de proceso-proyectos participativos (Motta y Almansi, 2017), entre otros.

Respecto del diseño institucional, en Argentina surgieron organismos de integración social y urbana en los ámbitos nacionales, provinciales y locales. En el ámbito nacional, durante 2017, se crea el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) bajo el decreto 358/17, reconociendo la existencia de 4.228 barrios populares (BP) en todo el país (en 2022 se realizó una actualización que aumenta el registro a 5.687 BP). Al año siguiente, se sancionó la Ley 27.453, Régimen de Regularización Dominial de Barrios Populares, la cual declara de interés público y sujeto de expropiación a todos los BP incluidos en el RENABAP, además de promover acciones orientadas a la mejora de infraestructura, acceso a servicios, espacios públicos, saneamiento y fortalecimiento de las actividades económicas familiares. La SISU-N se constituye luego, a partir del Decreto 819/2019. Por otro lado, en el ámbito del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (GPBA), en 2017 bajo la ley provincial 14.989, se crea el OPISU como entidad autárquica bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros que luego pasó a funcionar bajo la órbita del Ministerio Hábitat y Desarrollo Urbano. En tercer lugar, pero con anterioridad, a fines de 2015, en el ámbito porteño, se crea un organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del GCBA para la integración de la Villa 31/31bis al resto de la ciudad²: la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU-C³), luego UPEBM. En 2018 se sanciona la Ley 6.129 para reurbanizar el polígono que reemplaza una norma anterior, la Ley 3.343/2009. Este consenso, integrar social y urbanamente los BP al resto de la ciudad, es compartido por diversas organizaciones sociales nucleadas en la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) que impulsaron el nuevo marco normativo basado en la denominada agenda de las tres T (Tierra, Techo y Trabajo) (Guevara, 2021).

Algunos autores examinan la cuestión de la integración económica partiendo de la noción de vivienda productiva (Díaz, 2020), informalidad laboral legal o productiva (Díaz, 2018; Tornarolli et al., 2014) o precarización laboral (Neffa, 2010). Las políticas de integración económica desarrolladas en BP parten de asociar la problemática de la informalidad en el mercado laboral y la resolución de las necesidades habitacionales también de manera informal. Por su parte, los programas gubernamentales que se engloban dentro de lo que se denomina integración económica o productiva no son unánimes. Parten, críticamente o no, de la agenda impulsada por De Soto (1986), los programas de financiamiento y asistencia técnica del Banco Mundial y el BID y los acuerdos alcanzados en la NAU (2016). Incluyen la mejora de las actividades económicas locales: promoción del acceso y permanencia en empleos registrados, capacitaciones y talleres de oficios, formalización e inclusión financiera de los comercios/emprendimientos vigentes, creación de nuevos emprendimientos, apoyo a las cooperativas e integración de la matriz productiva al resto de la ciudad. Según un estudio reciente de Díaz y L’Huillier (2023) que analizó el eje de integración económica del IVC en las villas 20 y Fraga de la CABA: “Se destaca una política que bajo el supuesto de integración económica produjo una intervención ‘quirúrgica’ y ‘física-constructiva’ que no da respuesta al problema estructural de la informalidad” (p. 108). Para los autores, la vinculación con empresas que contratan trabajadores de los BP de la CABA y la adjudicación de locales comerciales a los beneficiarios parecen tener efectos limitados y no responder a la pretendida integralidad de las políticas del cuarto paradigma urbano.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Para llevar adelante esta investigación, se recurre a una metodología de orientación cualitativa-interpretativa que privilegia la inducción (Sautú, 2003) y se basa en el estudio de casos múltiples (Vasilachis de Gialdino, 2006, p. 225). La selección de los casos fue conducida por criterios teóricos: tres organismos gubernamentales (SISU-N, UPEBM y OPISU) que hayan implementado políticas de integración económica en BP en el período de estudio (2016-2023). Para tal fin, nos apoyamos en diversas herramientas de construcción de datos mediante la técnica de comparación analítica por similitudes y diferencias (Vasilachis de Gialdino, 2006, p. 232). En primer lugar, se analizaron informes de gestión, se procesaron datos abiertos a través de programación en R y se estudiaron documentos institucionales de los distintos organismos. En segundo lugar, se construyeron mapas con la georreferenciación de los casos de estudio. Por último, se elaboraron datos primarios de orientación cualitativa producto de observaciones participantes y se realizaron, durante 2023, cuatro entrevistas semiestructuradas en profundidad a funcionarios y profesionales gubernamentales y a dos referentes de organizaciones territoriales (uno de Mar del Plata y otro de CABA).

Se eligieron tres unidades espaciales de análisis donde los organismos gubernamentales intervienen para así construir evidencia empírica. Primero, para la UPEBM, la Villa 31/31 bis fue elegida por ser el leading case (es decir, un caso que marca o pretende marcar una tendencia para ser replicada) de las políticas de integración sociourbana de la CABA ya que este proceso fue presentado en el exterior como exitoso en el marco de su construcción como ciudad de clase global (Bertelli, 2021). Los otros dos casos están ubicados en Mar del Plata y son relevantes debido a la diversidad de programas de integración implementados. En el BP El Martillo la SISU-N desarrolla distintos proyectos y programas (POT⁴, PEG⁵y Lote.ar⁶) en asociación con organizaciones territoriales. Y en Nuevo Golf interviene el OPISU con programas específicos de integración económica. Cabe agregar que estos casos forman parte de indagaciones enmarcadas en proyectos de investigación en curso (tesis doctorales de los autores).

RESULTADOS

En el primer caso de estudio, BP El Martillo ubicado en General Pueyrredón, interviene la SISU-N. En el municipio se ejecutaron los siguientes programas: 46 POT en 32 BP y 2.244 Mi Pieza en 65 de los 71 BP que tiene el partido (SISU-N, 2023). La SISU-N incorpora dentro de su definición general de integración el “fortalecimiento de las actividades económicas familiares”. Sin embargo, no se hace referencia específica a robustecer a organizaciones productivas que promuevan el desarrollo de las cadenas de valor. En el informe de gestión 2022 (SISU-N, 2022) se menciona la incorporación de la dimensión productiva, aspecto no abordado en el informe anterior. También se alude a una línea de trabajo denominada “Mi comercio” orientada a “afianzar las zonas comerciales como espacios de encuentro seguro”, pero a diferencia de otros programas, este es incipiente⁷. Por otro lado, dentro de esta dimensión, se hace referencia al impacto que tienen en el desarrollo local la ejecución de obras de infraestructura llevadas adelante por organizaciones de la EP⁸, destacando que estas ejecutan más del 50% de las obras de integración sociourbana y haciendo referencia a un informe de la UCA (2022)⁹sobre el programa Mi Pieza, el cual emplea indirectamente mano de obra del barrio para los mejoramientos que realizan sus beneficiarias.

El BP El Martillo se originó en 2009 a partir de que un grupo de vecinos de la zona tomó viviendas a medio construir destinadas a un proyecto de relocalización de la villa de Paso (ubicada en el centro de la ciudad) ejecutada por el Plan Dignidad en 2007. El Plan nunca se terminó y las manzanas destinadas a equipamientos, espacios públicos o viviendas sin construir fueron ocupándose y consolidándose en lo que ahora son los dos polígonos Renabap (2023) que tiene el barrio (Figura 1).

Figura 1: Mapa del BP El Martillo, Mar del Plata.

Fuente: Elaboración propia en base a Renabap (2023) y WMS CartoDB.

En este sector que tiene una superficie de seis manzanas (Renabap, 2023) viven 110 familias. Allí se realizaron a partir de 2020, distintos POT que incluyeron veredas, colocación de cestos de basura y arbolado, conexiones domiciliarias e instalaciones intra-lote de agua, cloaca y electricidad. Sin embargo, las conexiones cloacales y de agua no pudieron realizarse en todo el polígono ya que una parte predominante no contaba con acceso a la red troncal. La unidad ejecutora de estas obras fue un conjunto de cooperativas del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), al que se incorporaron Los Sin Techo a partir de 2014. Además de los POT, en El Martillo se implementó un programa de lotes con servicio y el LoteAr que permitió comprar tierras próximas en un proyecto que denominaron “15 de enero”. El proyecto incluye un sector de viviendas, camping social, una casa de la mujer, polideportivos cerrados y abiertos, una feria comunitaria, un jardín maternal, una escuela primaria y un centro cultural. A partir de un pre-PEG (incluyó las tareas previas a la realización de infraestructura básica, servicios públicos y equipamiento urbano) se financió la realización de anteproyectos, amojonamientos y estudios de factibilidad de todos los servicios. Este es el barrio donde más ha crecido la organización. Su cooperativa cuenta con talleres productivos donde producen pilares de luz, soportes para tanques de agua de hormigón armado y están comenzando a trabajar para producir carpinterías de aluminio y panelería de steel frame¹⁰. También cuentan con un área de oficinas en la planta alta y se encuentra en construcción el segundo galpón destinado exclusivamente a la sectorial de espacio público. La cantidad de afiliados a la cooperativa fue de alrededor de sesenta trabajadores hasta 2015.  Durante el período 2015-2019 hubo una baja significativa de asociados. A partir de 2020, con la posibilidad de ejecutar obras de infraestructura de la SISU-N, esto cambió significativamente:

Empezamos con esta obra en el barrio El Martillo que era una manzana que no tenía nada y después seguimos con el barrio Las Heras que eran 16 manzanas. Allá hicimos 350 conexiones de agua, 298 de electricidad, 170 de cloacas, 7800 metros lineales de vereda en 16 manzanas y ahí volvimos a ser más o menos 70 trabajadores, 80. Ahora estamos haciendo un complejo de vivienda, que son 64 viviendas entre 12 movimientos sociales, en Fortunato de la plaza, y ahí el MTE está haciendo 35 viviendas. Entre esas viviendas, el taller mecánico que pudimos tener propio, el productivo que tenemos acá de pilares y de medialunas donde apoyan los tanques, la carpintería, toda la parte administrativa y técnica debemos ser más o menos 150 trabajadores (Entrevista n° 1) ¹¹

Por su parte, el OPISU lleva adelante en Mar del Plata 21 obras (finalizadas o en ejecución) en los siguientes BP: Autódromo, Villa Evita y Nuevo Golf. La integración económica en el OPISU se denomina productiva y se organiza en una Dirección Provincial que busca “mejorar la sostenibilidad de las actividades económicas que diariamente contribuyen a la reproducción de la vida en los barrios populares, fortalecer la integración laboral y la formalización de las actividades productivas y comerciales” (OPISU, 2023). La Dirección se divide en direcciones de línea: Gestión Ambiental y Sustentabilidad que implementa acciones que faciliten la gestión de los residuos; Integración Comercial y Laboral que consolida emprendimientos comerciales de barrios populares a través de políticas y proyectos que fomenten el crecimiento y desarrollo; y Organizaciones Productivas de la Comunidad (OPC) que promueve oportunidades concretas de trabajo local e ingresos.

El BP Nuevo Golf, ubicado en la zona sur de la ciudad de Mar del Plata, comenzó a formarse hace alrededor de veinte años. Se trata de una zona urbana extraejidal y el sector considerado dentro del polígono del Renabap (2023) es de aproximadamente 55 manzanas. El barrio total tiene aproximadamente ochenta manzanas donde viven 510 familias (Grupo de Ciencia y Tecnología para el Hábitat Popular, FAUD – UNMdP). Limita con diferentes urbanizaciones cerradas de gran escala. Si bien la presencia del OPISU en el barrio Nuevo Golf comenzó en junio de 2018, el presupuesto para implementar proyectos en el barrio hasta 2019 fue muy bajo. En términos productivos, en este primer período se identificó la demanda de trabajo por parte de los vecinos que acercaron sus currículums a la oficina de OPISU y se planteó el objetivo de implementar programas similares a “El mercado en tu barrio” (OPISU Nuevo Golf, 2019).

Fue recién a partir de 2020 que el OPISU comenzó a implementar programas concretos orientados a la integración productiva. Uno de ellos es “Comercio confiable” y consiste en el mejoramiento edilicio por etapas de las unidades comerciales. Primero se realiza el mejoramiento de la conexión interna de electricidad, luego se impermeabiliza techo, piso y se mejora la vereda, y, por último, se realizan tareas de mejora en fachada y cartelería. También se llevan adelante acciones vinculadas con la digitalización de las unidades comerciales (Cuenta DNI Comercios y venta a través de plataformas virtuales), asesorías en temas contables y en separación de residuos. Se implementó, además, una línea de acceso al crédito otorgada por el Banco Provincia de Buenos Aires (a tasa subsidiada por OPISU) para la compra de mercadería y bienes de capital. Y un programa de diseño de la imagen comercial con colocación de cartelería (Programa Marca Propia). Estos proyectos son ejecutados en algunos casos por cooperativas (programa “Fortalecé tu comercio”). El OPISU realiza acompañamiento y seguimiento técnico en todos los casos. Los datos de la ciudad de Mar del Plata indican que se realizaron 61 obras de “Comercio Seguro” (OPISU, 2023) entre los barrios Nuevo Golf y Autódromo. Si bien la PBA cuenta con la limitante de no permitir convenios con cooperativas por más de veinte millones de pesos, desde el OPISU en muchos casos se opta por realizar las obras en distintas etapas, dividiéndolas en diferentes convenios para poder trabajar con cooperativas.

En general, se ha intentado poner en funcionamiento cooperativas que necesitaban ponerse al día con libros haciendo ciertos acompañamientos administrativos. También se han dividido los convenios por etapas para que no se pasen de los 20 millones y lo puedan ejecutar cooperativas. (Entrevista n° 2¹²)

De hecho, las obras finalizadas de diciembre de 2019 a abril de 2023 de todo el organismo, incluye dos convenios con municipios, tres licitaciones y 43 convenios de organizaciones sociales.

Figura 2: Mapa del BP Nuevo Golf, Mar del Plata.

Fuente: Elaboración propia en base a Renabap(2023) y WMS CartoDB.

Nuestra tercera unidad espacial de análisis es la Villa 31/31bis. El barrio se originó en la década de 1930, posee una superficie de 72 hectáreas y su población, según fuentes oficiales, es de 40.203 habitantes y 12.825 hogares (Ministerio Hacienda y SISU-C, 2016). Se encuentra ubicada en la Comuna 1 y en parte de la 2 de CABA, territorios estratégicos ya que el valor del suelo es uno de los más altos de toda la ciudad (Figura 3) y donde se realizaron importantes intervenciones de renovación urbana. Las acciones de integración económica comenzaron a ejecutarse desde la creación de la SISU-C (luego UPEBM) a fines de 2015, bajo la dependencia de la Jefatura de Gabinete del GCBA. En 2018 se sanciona la Ley 6.129 para reurbanizar el polígono que reemplaza una norma anterior, la Ley 3.343/2009. Si bien en su artículo 5 la nueva ley establece que se debe mejorar la competitividad de la economía local, la inserción socioeconómica y la generación de empleo formal en el Capítulo XI (desarrollo económico y habilitaciones comerciales), no crea políticas ni programas concretos para tal fin, sólo se exige que la autoridad de aplicación elabore un informe donde se constate que las empresas que se instalen y las obras que realicen las constructoras generen como mínimo un 20% de empleo formal. De todos modos, la ex SISU-C consolidó en 2018 una estructura funcional con una Dirección de Integración Económica (DGINE) y dos Gerencias Operativas: Servicios y Proyectos. Luego, pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y, en una modificación de la estructura interna a principios de 2021 (Decreto GCBA 133/2021), la DGINE las dos gerencias: una de Desarrollo Emprendedor y Laboral, y la otra de Integración Comercial. Por su parte, la nueva ley prevé la posibilidad de que la autoridad de aplicación autorice la instalación dentro del polígono de empresas no llevadas adelante por habitantes del barrio, siempre que contraten mano de obra local (artículo 71º). Durante 2021 la SISU-C fue transferida al MDHyH. Luego, disminuyó su rango jerárquico ya que pasó de Secretaría a otro equivalente de Subsecretaría al denominarse UPEBM.

Figura 3: Mapa Comuna 1, barrio de Retiro y Villa 31/ 31 bis.

Fuente: elaboración propia con base en el Ministerio de Hacienda CABA (2017) y CartoDB.

La integración económica de la actual UPEBM posee una operatoria doble. Por un lado, favorece la instalación de grandes empresas en las fronteras del BP (un local de McDonalds y una sucursal del Banco Santander se instalaron en 2019) y, al interior del polígono, mediante beneficios impositivos para otras compañías (se localizaron Diarco, Rapipago y Punto Farma). También propicia la implementación de proyectos urbanos premium en la proximidad como el Distrito Quartier desarrollado por Argencons. Este accionar afín al empresarialismo urbano (Harvey, 2007) establece una alianza entre el sector público que asume el riesgo y otorga beneficios impositivos y el sector privado, para atraer fuentes de financiación externas con diseño y ejecución especulativos, con muy bajo o nulo recupero de plusvalía urbana (Cuenya y Corral, 2011). Por otro lado, la UPEBM lleva adelante políticas de emprendedurismo urbano para los comercios y emprendimientos locales: capacitación, asistencia técnica, formalización, inclusión financiera mediante acceso al crédito (tasas y plazos de mercado) orientadas a unidades económicas concebidas como emprendimientos individuales y despolitizados. La ética de la meritocracia y el mito del emprendedor exitoso del modelo Silicon Valley (Palermo, 2020) se transportan sin mediaciones a contextos de segregación urbana y desigualdad social. La ejecución de estos programas incluye a los habitantes en procesos de participación regulada (Clemente, 2016) como en el Consejo de Gestión Participativa (CGP), órgano consultivo creado por la ley vigente. Es decir, un escenario que propicia la consulta, opinión o autogestión pero que, a su vez, anticipan los resultados de los procesos, estableciendo límites (Clemente, 2016). Esta perspectiva de la integración económica se consolida en la CABA con la sanción de la Ley 6.545 de Integración Productiva e impulso al trabajo en barrios populares (2022). La normativa tiene por objeto promover el desarrollo económico en otras tres villas: 20, Fraga y Rodrigo Bueno, mediante el otorgamiento de beneficios impositivos e incentivos, a quienes realicen inversiones. La ley prevé “generar beneficios fiscales para el establecimiento de grandes cadenas comerciales en desmedro de los comercios locales y no garantizar la generación de empleo” (Díaz y L’Huillier., 2023, p. 104). Es decir, no es una normativa que propicie el desarrollo económico de las actividades económicas locales, sino que favorece, fundamentalmente, a los negocios de empresas externas mediante exenciones impositivas.

En síntesis, como se desprende de los casos de estudio, el tipo de integración económica que ejecutan los organismos presenta variaciones. Para la SISU-N la gestión de los procesos de integración busca fortalecer, desde abajo, a las organizaciones territoriales. En el OPISU, se apunta a fortalecer cooperativas y comercios populares mediante una gestión compartida, que implica la colaboración y coordinación entre diversos actores, como organizaciones comunitarias, cooperativas y entidades gubernamentales, para tomar decisiones y ejecutar proyectos de manera conjunta. La UPEBM, por último, prioriza acciones particulares dirigidas a emprendedores locales y empresas externas, y la gestión urbana es abordada desde arriba mediante un proceso de participación regulada.

DISCUSIÓN

A continuación, presentamos las características de los tres organismos bajo estudio según rasgos generales y específicos respecto de la integración económica (Tabla 1). En cuanto al diseño institucional, encontramos una similitud: incluyen con distintos niveles de jerarquía un área específica de integración económica. En SISU-N la jerarquía es menor (Coordinación de Desarrollo Socio-Productivo dentro de la Dirección Nacional de Desarrollo Socio-Comunitario) y los programas específicos no poseen un consolidado nivel de desarrollo e implementación. Pero los procesos de integración económica se fortalecen de manera implícita (Menazzi, 2022) mediante la ejecución de programas conveniados con las organizaciones territoriales, tal como se desprende de la ejecución de las obras en el BP El Martillo.

El OPISU, por su parte, posee un rango institucional equivalente mayor, Dirección Provincial de Integración Productiva, que posee tres direcciones simples (Laboral y Comercial, Organizaciones Productivas de la Comunidad y Gestión Ambiental) con programas explícitos. En nuestro segundo caso de estudio, se observó la implementación de programas de la Dirección de Integración Laboral y Comercial (Comercio Seguro, Marca Propia y los préstamos de Integración Productiva en conjunto con el Banco Provincia) en el barrio popular Nuevo Golf.

En tercer lugar, la UPEBM posee una dependencia con rango similar a OPISU, la Dirección General de Integración Económica (DGINE) con dos gerencias operativas: la primera, Desarrollo emprendedor y laboral, y la segunda, Integración Comercial. Se ejecutaron en la Villa 31/31bis diversos programas de capacitación, comercialización y asistencia técnica para emprendedores y comerciantes de forma focalizada.

Tabla 1: Organismos con dependencias de integración económica según características.

Fuente: Elaboración propia en base a SISU-N (2022), RENABAP (2023), Jefatura de Gabinete de Ministros (2023), OPISU (2023) y SISU-C (2021)

En relación con la ejecución de las políticas de integración económica, podemos marcar algunas diferencias entre los organismos. SISU-N prioriza el alcance territorial con 1.050 proyectos (SISU-N, 2023a) entre POT, PEG y Lote.ar. Las políticas específicas de integración económica son incipientes y de baja intensidad, pero se puede afirmar que los efectos indirectos de las políticas de integración urbana de la SISU-N fortalecen económica y laboralmente a las organizaciones territoriales. Por un lado, los POT incluyen en sus presupuestos un porcentaje destinado a compra de herramientas y maquinaria. Esto implica que las unidades productivas pueden mejorar su equipamiento o incluso comenzar emprendimientos productivos. Por otro lado, la multiplicidad de convenios que se han firmado con organizaciones de la EP ha permitido el crecimiento en número de asociados y ampliado sus cadenas productivas tal como observamos en el BP El Martillo. Los proyectos que financia la SISU-N tienen un carácter fuertemente delegativo en las unidades ejecutoras, lo cual puede traer dificultades si no se lleva a cabo un seguimiento adecuado. Esto también puede derivar en una mayor profesionalización de las organizaciones que, por la complejidad técnica de las obras o de aspectos administrativos, han incorporado saberes especializados, además de fomentar el perfeccionamiento de la mano de obra. En función de conocer las capacidades organizativas de las unidades ejecutoras, la SISU-N, además de realizar verificaciones de avance, incorporó una verificación territorial previa al comienzo de las obras. Este diseño delegativo puede ser interpretado de diversas maneras –incluso complementarias– como la decisión de responder rápidamente a la inmensa demanda en materia de hábitat; como una forma de superar viejos paradigmas de participación regulada; como la recentralización de las políticas públicas habitacionales en la APN —sin contemplar el trabajo articulado con gobiernos locales—; y/o como el resultado de la fuerte capacidad organizativa que han demostrado las organizaciones sociales para disputar una nueva forma de vinculación con el Estado. Por último, podríamos pensar que hasta 2023 esta fue una política con carácter redistributivo en tanto el 94% de su presupuesto (SISU-N, 2023b) surge a partir del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), creado por el Estado argentino para gravar la compra de divisas extranjeras, y del aporte solidario de las grandes fortunas (Ley 27.605). Los destinatarios de las políticas son las organizaciones sociales que pueden incluir unidades de construcción, producción y también espacios sociales y culturales.

El OPISU, por su parte, concibe la integración económica como integración productiva, cuestión semántica no menor. Se propone “mejorar la sostenibilidad de las actividades económicas que diariamente contribuyen a la reproducción de la vida en los barrios populares” (OPISU, 2023). Es decir, mejorar las condiciones de los cooperativistas, trabajadores independientes y comerciantes populares que viven dentro de los BP y no favorecer la intervención de agentes empresariales externos. Su alcance territorial es bajo ya que interviene sólo en 18 de los 1933 BP de la PBA registrados en el Renabap. Los destinatarios de las políticas, en este caso, son cooperativas, emprendimientos y comercios populares que buscan ser desarrollados localmente.

Tercero, la UPEBM concibe la integración económica como empresarialismo y emprendedurismo urbano. Tal como señalan Díaz y L’Huillier (2023) para examinar el funcionamiento del IVC asume una “concepción determinista en el plano físico/espacial (urbanista) en tanto esas transformaciones son sobrevaloradas en su propuesta de justicia espacial e integración socio-urbana y económica” (2023, p. 95). Es decir, la construcción de infraestructuras, equipamientos¹³ y el selectivo mejoramiento de ciertas actividades económicas (mejoramiento de exteriores comerciales, otorgamiento de locales a población reasentada, talleres de seguridad e higiene, entrega de matafuegos, térmicas y disyuntores, mejoramiento de los puestos de los feriantes, locales comerciales para la población reasentada) son condiciones necesarias pero no suficientes para generar un desarrollo económico territorial que fortalezca las actividades locales. Además, la interacción con grandes empresas externas se convirtió en un modelo para el resto de la ciudad plasmado, luego, en la mencionada Ley de Integración Productiva. En ese sentido, se concibe la integración económica como sinónimo de oportunidades de negocios para los agentes empresariales externos. En segundo lugar, se la concibe como el desarrollo de programas para emprendedores o comerciantes individuales bajo el paradigma del emprendedurismo. Y, en menor medida, como acciones dirigidas a cooperativas o ferias populares siempre tuteladas desde arriba. En este último caso, los destinatarios de las políticas de integración económicas son empresas externas y unidades económicas locales focalizadas.

En síntesis, las políticas de integración económica analizadas poseen variaciones relevantes en su diseño institucional (jerarquía alta o baja), alcance geográfico (alto, bajo o caso único), tipología y participación (EP desde abajo, EP compartida, o empresarial) y población destinataria (organizaciones territoriales, cooperativas y comercios, empresas externas y emprendedores).

PALABRAS FINALES

En estas páginas discutimos las características del paradigma de la integración sociourbana desde el análisis de políticas y programas concretos de integración económica, mediante el estudio de casos, en tres organismos públicos multinivel. Sostuvimos que el diseño institucional, alcance y conceptualización de las políticas presentan variaciones que complejizan el consenso de la integración y su pretendida integralidad.

Los resultados obtenidos muestran que, tanto a nivel diseño como ejecución, para la SISU-N la gestión de los procesos de integración económica, que posee institucionalmente un nivel jerárquico relativamente bajo, son gestionados desde abajo por las organizaciones territoriales a través de políticas urbanas implícitas (Menazzi, 2022) de fortalecimiento de la EP. Esta articulación permanente con organizaciones sociales se corresponde con un escenario excepcional y es el único que implicaría una participación ciudadana completa y efectiva (Di Virgilio, 2021). En términos generales, la SISU-N posee una alta extensión geográfica, pero baja perspectiva estratégica ya que es mayor el impacto de programas específicos (como POT y Mi Pieza) frente a iniciativas estratégicas (como los PEG). En síntesis, la integración económica es, para la SISU-N, popular, desde abajo e implícita.

En el OPISU, por su parte, la jerarquización de la integración económica es alta en términos relativos ya que posee rango de Dirección Provincial. Se apunta a fortalecer explícitamente a las unidades económicas con programas específicos, aunque, en términos relativos, con bajo alcance. Los destinatarios de la política son cooperativas de trabajo, comercios populares y emprendimientos productivos en casos seleccionados. El escenario participativo se corresponde con mecanismos de gestión compartida (Di Virgilio, 2021). En suma, la integración económica es, para el OPISU, popular, compartida y explícita.

En tercer lugar, la UPEBM facilita procesos de integración donde prima una actualización de la lógica del emprendedor exitoso. Es decir, promover la formalización económica y el fortalecimiento de los derechos de propiedad de los sectores populares. La UPEBM facilita, así, la instalación de empresas externas, la generación de mejores climas de negocios para los desarrolladores en inversiones cercanas a las zonas de intervención, y se dirigen acciones puntuales a emprendedores locales, comercios y cooperativas, que incluye procesos participativos regulados que son gestionados desde arriba y se adscriben a la pedagogía del emprendedurismo (Palermo, 2020). Los actores de la economía local son concebidos como unidades económicas individuales sujetas a capacitaciones, talleres y tutorías para mejorar su competitividad y sus oportunidades de negocio. Es decir, microempresarios que buscan ser integrados al mercado formal de la ciudad y no actores políticos o sociales. La participación, en este caso, es regulada con soportes institucionales creados desde arriba (Di Virgilio, 2021). La integración económica es, para la UPEBM, empresarial, individual y con participación regulada.

Por último, cabe remarcar que estas variaciones son sustanciales y tienen efectos socioterritoriales concretos. El desafío de la integración social y urbana de los barrios populares es un proceso complejo y multidimensional. Si la NAU (2016), los distintos organismos gubernamentales y las organizaciones sociales asumen esa complejidad, es fundamental que no se diseñen e implementen políticas exclusivamente físico-constructivas o viviendistas que prioricen la integración urbana por sobre la dimensión social y económica. Además, la integración sociourbana y su particularización en integración económica puede encubrir políticas y programas gubernamentales muy disímiles. Puede favorecer los negocios de empresas externas ya consolidadas o desarrollar la economía local, desde abajo, sin la necesidad de recurrir al maquillaje selectivo. Descubrir estas peculiaridades nos permite, más allá del marketing urbano, construir diagnósticos precisos sobre avances concretos (o francos retrocesos) en términos de justicia socioespacial y desarrollo de la economía territorial. De este modo, podemos ponderar las diferentes mejoras, no sólo respecto del hábitat sino también laboral-ocupacionales, de los procesos de integración de las urbanizaciones populares.

Notas

1. ONU Hábitat (2010) establece los criterios mínimos del derecho a una vivienda adecuada: seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios públicos e infraestructuras, asequibilidad, habitabilidad, ubicación y adecuación cultural.
2. En el resto de los BP de CABA interviene el IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad), que ha realizado avances significativos en tres: Villa 20, Fraga y Rodrigo Bueno.
3. Creada mediante el Decreto reglamentario N° 363, en diciembre de 2015, tiene por función coordinar el Plan Maestro de urbanización integral Retiro-Puerto.
4. Los Proyectos de Obras Tempranas (POT) financian obras que incluyen redes de infraestructura de servicios urbanos, núcleos húmedos, conexiones domiciliarias de servicios, veredas, espacio público, equipamientos, arbolado y cestos.
5. Proyectos Ejecutivos Generales (PEG) que contemplan la totalidad de las obras de infraestructura y servicios básicos que hacen a la integración sociourbana de los BP ubicados en polígonos Renabap.
6. El Programa Lote.ar tiene como objetivo la creación de nuevo suelo urbano para la generación de lotes con servicios destinados a los sectores populares, con finalidad de vivienda única, familiar y permanente.
7. Dentro de la Subsecretaría de Gestión de Tierras existe la Dirección Nacional de Desarrollo Socio-Comunitario donde encontramos la Coordinación de Desarrollo Socio-Productivo.
8. Según el sistema de monitoreo de la SISU-N (2023), en la Provincia de Buenos Aires existen 560 convenios firmados de Obras de Integración y Lotes con Servicios por un total de $115.245 millones; y 104.082 seleccionadas Mi Pieza por un monto invertido de $ 25.479 millones.
9. Estudio de evaluación de las primeras dos ediciones de la Línea Mi Pieza, Plan de asistencia técnica del observatorio de la deuda social Argentina al Ministerio de Desarrollo Social 2021-2022.
10. El steel frame es un sistema constructivo en seco con perfiles de acero galvanizado. Su ejecución implica el armado de panelería en talleres y su posterior ensamblaje en obra.
11. Entrevista a Gonzalo, referente y cooperativista. Realizada el 27/04/2023.
12. Entrevista a José, responsable de integración productiva en OPISU Mar del Plata. Realizada el 11/04/2023.
13. La ex SISU-C construyó el Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral (CEDEL) que posee dos ubicaciones (San Martín y Cristo Obrero) donde se dictan cursos y talleres para emprendedores, comerciantes y trabajadores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bertelli, L. (2021). What kind of global city? Circulating policies for ‘slum’ upgrading in the making of world-class Buenos Aires. Environment and Planning A: Economy and Space, 53(6), 1293–1313.

Boldrini, P. y Malizia, M. (2020). Mejora participativa del hábitat en contextos de desigualdad en ciudades intermedias. Hábitat y Sociedad, vol. 13

Brikman, D. (2016). ¿Gestión social de hábitat? La política del PRO en las Villas de CABA 2011-2015. Revista Quid 16, 6, pp.1-26.

Cacopardo, F. A. (2023). Tecnología de gestión y urbanización popular: redes locales como soporte de políticas públicas.  Cuaderno Urbano Vol 36, N.° 36,  pp. 119-144

Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires [CESBA] (2018). Integración urbanística y social de villas en agenda; coord. María Carla Rodríguez. Buenos Aires: Consejo Económico y Social de la CABA.

Clemente, A. (2016). La participación como enfoque de intervención social. En Rofman, A. (comp.) Participación, políticas públicas y territorio. Aportes para la construcción de una perspectiva integral. Ediciones UNGS.

Cravino, M. C. (2009). Entre el arraigo y el desalojo. La villa 31 de Retiro. Desarrollo de la ciudad, capital inmobiliario y gestión urbana. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento -UNGS

Cravino, M. C. (2023). Paradigmas de intervención estatal en asentamientos populares en América Latina (1970-2020). Cuaderno urbano, 34(34), 187-209.

Cuenya, B. & Corral, M. (2011). Empresarialismo, economía del suelo y grandes proyectos urbanos: el modelo de Puerto Madero en Buenos Aires. Eure (Santiago), 37(111), 25-45.

De Soto, H. (1986). El otro sendero. Lima: Editorial Barranco.

Diaz, M. P. (2018). Trayectoria normativa de la actual política de reurbanización de la actual villa 20. Apuntes para un análisis reflexivo de las políticas habitacionales. XXXII Jornadas de Investigación y XIV Encuentro Regional SI + Campos. 1335-1347.

Diaz, M. P. (2020). Las viviendas productivas en la villa 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Estrategias laborales y habitacionales de la migración boliviana. Universitat Politècnica de Catalunya; Cuadernos de Investigación en Urbanismo; 10; 12-2020; 141-154.

Diaz, M. P. y L’Huillier, F. (2023). Un estudio sobre la política de reurbanización de villas en la ciudad de Buenos Aires: la integración sociourbana bajo reflexión. Revista Pilquen. Sección Ciencias Sociales, 26(1), 89 -115.

Di Virgilio, M. M. (2015). Urbanizaciones de origen informal en Buenos Aires. Lógicas de producción de suelo urbano y acceso a la vivienda. Estudios demográficos y urbanos, 30(3), 651–690.

Di Virgilio, M. M (2020). Claros y oscuros en los procesos de (re)urbanización de villas. Entre el reconocimiento de derechos y la valorización del suelo. Revista Pensum. Editorial Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

Di Virgilio, M. M. (2021). Participación social y gestión del hábitat: formas y tipos de participación en la experiencia de América Latina, Buenos Aires, Revista POSTDATA vol. 26, ISSN: 1515-209X

Di Virgilio, M. y Rodríguez, M.C. (2013). Producción social del hábitat: abordajes conceptuales, prácticas de investigación y experiencias en las principales ciudades del Cono Sur. Ed. Café de las Ciudades.

Gallego, L. E. P. (2011). Las bibliotecas públicas de Medellín como motor de cambio social y urbano de la ciudad. BID: textos universitarios de biblioteconomia y documentación, (27).

Guevara, T. A.; Marigo, P. & Wallace, J. (2018). Integración urbana y políticas públicas: el caso del registro nacional de barrios populares de Argentina: decreto 358/2017. Revista Oculum Ensaios. 455-473.

Guevara, T. A. (2021). Movimientos populares y la Nueva Agenda Urbana. En Di Virgilio y Perelman (coords.). Desigualdades urbanas en tiempos de crisis. Ediciones UNL. 108-123.

Harvey, D. (2016) [1977]. Urbanismo y desigualdad social. Siglo XXI España: Madrid.

Harvey, D. (2007). De la gestión al empresarialismo: La transformación de la gobernanza urbana en el capitalismo tardío. Espacios del capital: hacia una geografía crítica, 366–389.

Jessop, B. (2014). El Estado y el poder. Utopía y praxis latinoamericana, 19(66), 19-35.

Lefebvre, H. (2020) [1968]. El derecho a la ciudad. Capitán Swing Libros.

Magalhães, F.; Acosta Restrepo, P.; Lonardoni, F. & Moris, R. (2016). Slum upgrading and housing in Latin America. Inter-American Development Bank. https://publications.iadb.org/publications/english/viewer/Slum-Upgrading-and-Housing-in-Latin-America.pdf

Menazzi, L. (2022). Acerca de las políticas urbanas. Definiciones, reflexiones y herramientas para el análisis. Revista Perspectivas de Políticas Públicas, 11(22), 479-501.

Motta, J. M. y Almansi, F. (2017). Gestión y planificación por proceso-proyecto para el mejoramiento de villas y asentamientos de gran escala. El caso de la Re-Urbanización de Villa 20 en la CABA. Medio Ambiente y Urbanización, Vol.  86, N° 1, pp. 145-168(24)

Neffa, J. C. (2010). La transición desde los “verdaderos empleos” al trabajo precario. En De la Garza Toledo, E. y Neffa, J. (comp). Trabajo, identidad y acción colectiva. Editorial Plaza y Valdés. 43-80.

Palermo, H. M. (2020). Trabajar en beta continua: Meritocracia y masculinidades soft en la industria del software en Argentina. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (1423-1453). http://hdl.handle.net/11336/146393

Ruiz-Tagle, J. (2016). La segregación y la integración en la sociología urbana: revisión de enfoques y aproximaciones críticas para las políticas públicas. Revista INVI, 31(87), 9–57. https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/62773

Sautú, R. (2003). Todo es teoría. Buenos Aires: Lumiere Ediciones.

Tornarolli, L.; Battistón, D.; Gasparini, L. y Gluzmann, P. (2014). Exploring Trends in Labor Informality in Latin America, 1990-2010.  Documento de Trabajo N° 159, Universidad Nacional de La Plata, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales.

Vasilachis De Gialdino, I. (2006) (Coord.). Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Editorial Gedisa.

INFORMES OFICIALES Y MARCO NORMATIVO

ACIJ. (2022). Informe: ¿Cuánto avanzó la reurbanización en el barrio Mugica? – ACIJ. https://acij.org.ar/informe-cuanto-avanzo-la-reurbanizacion-en-el-barrio-mugica/

Decreto N° 1147 de 2021 [OPISU] Modificación de la estructura orgánico-funcional del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros. 17/12/2021.  https://normas.gba.gov.ar/documentos/04XqDGC3.html

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2021). Decreto 133/2021. Organigrama Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/549062

Informe Nacional de la República Argentina Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III). Evaluación del progreso y medidas orientadas a futuro (2016). https://t.ly/FPJg1

Jefatura de Gabinete de Ministros. (2023). Mapa del Estado. Actualización 14/04/2023. https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/organigramas/013.pdf

Ministerio de Hacienda y Secretaría de Integración Social y Urbana CABA (2016). Evaluación Social. Proyecto de transformación urbana del AMBA. Componente 1: Integración social y urbana Villa 31 y 31 bis de la CABA. https://documents.worldbank.org/curated/en/913571477910605704/pdf/SFG2593-V2-REVISED-RP-SPANISH-P159843-Box396338B-PUBLIC-Disclosed-12-13-2016.pdf

ONU Hábitat (2016). La Nueva Agenda Urbana (NAU). https://bit.ly/3EtZzWv

ONU (2010). Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH), Folleto informativo Nº 21 (Rev.1): El derecho a una vivienda adecuada. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf

OPISU (2023). Dirección de Integración Productiva. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. https://www.gba.gob.ar/opisu/integracion_productiva

Registro Nacional de Barrios Populares [RENABAP] (2023). Secretaría de Integración Socio Urbana, Ministerio de Desarrollo Social de Nación. https://datos.gob.ar/dataset/desarrollo-social-registro-nacional-barrios-populares

Secretaría de Integración Socio Urbana Nacional [SISU-N] (2022). Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Informe anual de gestión 2021. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_gestion_anual_2021_renabap_18_mar_2021.pdf

Secretaría de Integración Socio Urbana Nacional [SISU-N] (2023a). Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Proyectos de Integración Socio Urbana. https://datosabiertos.desarrollosocial.gob.ar/dataset/proyectos-de-integracion-socio-urbana

Secretaría de Integración Socio Urbana Nacional [SISU-N] (2023b). Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Informe anual de gestión 2022. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_gestion_anual_2022_sisu_01_mar_2023.pdf

Secretaría de Integración Socio Urbana CABA [SISU-C] (2022). Cuarto informe trimestral CGP. Jefatura de Gabinete GCBA. https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2022/02/01/38df36515dc9ae3c4dfb6da18f2e1fcf6727473c.pdf

Cuaderno Urbano es una publicación científica con arbitraje internacional dirigida a la difusión de artículos y ensayos que se ocupan de la cuestión urbana —en el sentido más amplio del término— desde las disciplinas científicas, combinando trabajos empíricos, teóricos y ensayísticos que den cuenta de problemáticas locales, regionales y universales. La intención de la publicación es favorecer y promover la generación de ensayos y artículos de jóvenes investigadores con las reglas de arbitraje científico, colaborando en la producción editorial de sus ideas, como también divulgar el aporte de científicos ya consagrados en su especialidad disciplinar.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)