Cuaderno Urbano Nº35 | Año: 2023 | Vol. 35

ARTÍCULO DE FONDO

Crisis ecosocial, territorio e iniciativas de acción colectiva en España (2011-2022): estrategias para una transición justa

Ecosocial crisis, territory and initiatives of collective action in Spain (2011-2022): strategies for a just transition

Crise eco-social, território e iniciativas de ação coletiva na Espanha (2011-2022): estratégias para uma transição justa

Fernando Díaz Orueta

Catedrático de Sociología en la Universidad de La Rioja (España). Fue profesor titular de Sociología en la Universidad de Alicante (1992-2010) y becario FPI en la Universidad Complutense de Madrid (1989-1992). Licenciado en Sociología (1987), técnico Urbanista (1990) y doctor en Ciencias Políticas y Sociología (1992). Entre 2010 y 2014 fue vicepresidente del Comité de Investigación 21 (Sociología del Desarrollo Urbano y Regional) de la ISA.
fernando.diaz@unirioja.es
ORCID:https://orcid.org/0000-0002-1681-6181

Resumen

El artículo se detiene en la investigación de una serie de iniciativas sociales, fuertemente ancladas en el territorio, que han hecho de la crisis ecosocial su principal campo de actuación. Su impronta ya se hizo evidente en la agenda política de las candidaturas municipalistas que en 2015 alcanzaron el gobierno de distintas ciudades españolas. Más recientemente, el impacto provocado por la pandemia de la COVID-19 y la mayor conciencia social en torno a la crisis ecosocial, unidos al crecimiento de la desigualdad social y territorial, han abierto una nueva etapa en la evolución de estas iniciativas de acción colectiva. El análisis realizado evidencia su protagonismo como actores que intervienen directamente en el territorio tratando de acelerar la transición a través de la puesta en marcha de prácticas innovadoras y de la movilización social. Esta práctica activista no supone la renuncia a influir o incluso, cuando esto es posible, trabajar junto con la administración en el diseño y aplicación de las estrategias de transición.

Palabras clave

Territorio; crisis ecosocial; acción colectiva; desigualdad social; transición..

Abstract

The paper focuses on the research of a range of deeply rooted in the territory social initiatives having as their principal focus the ecosocial crisis. Their proposals influenced the political agenda of the municipal candidatures that reached the local government of several Spanish cities in 2015. More recently, the impact caused by COVID-19 pandemic, the society’s awareness about ecosocial crisis and the growing of the social and territorial inequality, opened a new period in the evolution of these collective action initiatives. The analysis shows the role they played as actors directly involved in the territory fighting to accelerate the transition through the implementation of innovative practices and the social mobilization. Activist practices don`t imply a renunciation to have an effect or, when possible, to work in conjunction with public administration on the design and implementation of the transition strategies.

Keywords

Territory; ecosocial crisis; collective action; social inequality; transition.

Resumo

O artigo investiga uma série de iniciativas sociais, fortemente ancoradas no território, que tornaram a crise eco-social seu principal campo de ação. Sua marca já era evidente na agenda política das candidaturas municipalistas que em 2015 alcançaram o governo em várias cidades espanholas. Mais recentemente, o impacto causado pela pandemia de COVID-19 e a maior consciência social da crise eco-social, juntamente com o crescimento da desigualdade social e territorial, abriram uma nova etapa na evolução dessas iniciativas de ação coletiva. A análise realizada mostra seu protagonismo como atores que intervêm diretamente no território, tentando acelerar a transição através da implementação de práticas inovadoras e de mobilização social. Esta prática ativista não implica a renúncia de influenciar ou mesmo, quando possível, trabalhar em conjunto com a administração na concepção e implementação de estratégias de transição.

Palavras chave

Território; crise eco-social; ação coletiva; desigualdade social; transição.

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DOI: http://dx.doi.org/10.30972/crn.35356781

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Introducción¹

En abril de 2022, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) hacía público el sexto informe de evaluación sobre las estrategias para reducir el cambio climático. Sus conclusiones confirmaban, si cabe con más claridad, las graves consecuencias derivadas de la débil e ineficaz respuesta global frente a la crisis climática. Aunque las advertencias se venían produciendo desde décadas anteriores, lo cierto es que no ha sido hasta fechas muy recientes cuando la contundencia de las evidencias, su diversidad y extensión han hecho crecer la preocupación incluso entre sectores previamente escépticos (Bordera et al., 2022).

En realidad, el cambio climático no es sino una manifestación más, sin duda fundamental, de una crisis mayor provocada por unos modelos de producción y consumo que durante décadas han ignorado los límites ecológicos del planeta (García & Rodríguez Victoriano, 2021). El crecimiento y el consumo ilimitados, el agotamiento progresivo de los recursos y, de forma capital, la espiral de la energía (Fernández Durán & González Reyes, 2018) han dado lugar a una crisis ecosocial multidimensional y global que está destruyendo los sistemas que sostienen la vida (Prats et al., 2017).

La pandemia por COVID-19, que desde marzo de 2020 transformó el escenario mundial en tantos aspectos, supone una confirmación más de la naturaleza multidimensional de la crisis ecosocial. Tanto los factores que la provocaron como sus consecuencias dan cuenta de un sistema en el que la intensidad de la destrucción ecológica genera desequilibrios tan graves que cuestionan su propia continuidad. Como afirma Tanuro (2020), la acción del virus evidencia la naturaleza sistémica de la crisis que va más allá de la suma de diversas crisis parciales: ecológica, sanitaria, económica, social, alimentaria, etc.

Los análisis sobre la COVID-19 han mostrado su estrecha vinculación con la degradación de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad. A su vez estas son el resultado de procesos asociados a los modelos de producción y consumo, entre ellos, la urbanización intensiva, la ampliación de superficies agrícolas, la deforestación, el extractivismo intensivo de recursos naturales, la caza descontrolada o el comercio global de animales silvestres. Los procesos de producción cárnica a gran escala y las condiciones en las que se mantiene a los animales en granjas industriales en términos de salubridad, alimentación, etc., son otro factor que contribuye a la aparición de nuevos virus que encuentran condiciones óptimas para transmitirse a los humanos (Wallace, 2020).

La contextualización de la investigación sobre la pandemia en el marco de la crisis ecosocial, más allá de unos planteamientos estrictamente virológicos, amplía las posibilidades de análisis. La Sociología ha contribuido de forma muy reseñable a este esfuerzo analítico, incidiendo, entre otros aspectos, en el impacto desigual que provocó la pandemia en sociedades ya de por sí muy segmentadas. Los grupos sociales especialmente afectados por la pandemia representan los eslabones más vulnerables de la estructura social que, por la naturaleza de sus trabajos y sus condiciones de vida (en términos de vivienda, empleo, salud, movilidad, alimentación, etc.), han estado más expuestos al virus y a sus consecuencias.

Puesto que la superación de los límites ecológicos del planeta y la consiguiente degradación de los ecosistemas se encuentran en la base de la crisis ecosocial, su recuperación y el impulso de un modelo productivo y energético compatible con dichos límites constituyen objetivos insoslayables. Distintos autores (Prats et al., 2017) han señalado la centralidad del análisis territorial, la satisfacción de las necesidades sociales y su compatibilidad con los límites de biocapacidad locales y globales. Harvey (2018) destaca la necesidad de integrar la cuestión urbana en lo que el autor califica como la cuestión medioambiental-ecológica, puesto que las ciudades se encuentran indisociablemente ligadas al medio natural.

Partiendo de dichos fundamentos, este texto trata de superar el análisis basado en una rígida dicotomía rural/urbano que se aproxima a ambas realidades como si se tratara de compartimentos estancos. Si la crisis ecosocial convirtió algo en evidente, es precisamente la necesidad de considerar globalmente los ecosistemas territoriales, no solo al plantearse su investigación, sino también en el campo de las propuestas políticas y sociales.

El artículo se centra en el papel jugado en España en la última década por las iniciativas de acción colectiva que, de una u otra forma, han hecho de la crisis ecosocial y sus consecuencias su principal campo de actuación. Para ello, en primer lugar, se abordan las características de la crisis, incidiendo en sus aspectos territoriales y avanzando una propuesta sobre los principios que deberían guiar una estrategia de transición justa. A continuación, se retrocede en el tiempo para profundizar en el ciclo de protesta social ligado al movimiento 15M y, más concretamente, en el protagonismo que en él tuvieron las reivindicaciones sobre la crisis ecosocial y su incorporación a los programas de las candidaturas municipalistas presentadas a las elecciones locales de 2015. De hecho, desde los que fueron calificados como ayuntamientos del cambio se desarrolló, con mayor o menor intensidad y sistematicidad, un conjunto de políticas que avanzaban en la agenda para la transición. Una vez identificados estos precedentes, se analiza la evolución más reciente de dichas iniciativas ciudadanas también influidas por el impacto provocado por la pandemia de la COVID-19 y el crecimiento de la vulnerabilidad social y territorial. Finalmente, en las conclusiones, se reflexiona sobre el rol que pueden desempeñar en los próximos años. Por un lado, como protagonistas de la transición ecosocial a través de la actuación directa y cotidiana en el territorio, pero también aportando sus conocimientos y experiencia al diseño y aplicación de las estrategias de transición que deben ser impulsadas desde los distintos niveles de la administración.

Desde el punto de vista metodológico, si bien el texto se puede caracterizar básicamente como un ensayo argumentativo, cuenta también con una aportación empírica reseñable. En una primera fase se realizó una revisión de la literatura científica sobre el objeto de estudio, incorporando el análisis de fuentes secundarias, como los informes, propuestas y otros materiales producidos por la administración pública, organismos internacionales y diferentes organizaciones sociales. Esta información fue completada con el rastreo y seguimiento sistemático de las distintas experiencias de acción colectiva, identificando las iniciativas más relevantes.

Una mirada territorial a la crisis ecosocial

La relación entre lo urbano y lo rural es objeto de un rico debate académico asociado al análisis de las dinámicas de cambio económico y socioterritorial. Como destaca Naredo (2010), en España la burbuja inmobiliaria previa a la gran recesión consolidó un modelo inmobiliario basado en el crecimiento intensivo de la edificación alentado por lógicas especulativas y no por las necesidades residenciales de la población. A la vez, las dinámicas territoriales se vieron afectadas negativamente por una polarización espacial creciente que reforzó las grandes concentraciones urbanas, mientras, simultáneamente, contribuía al despoblamiento de amplios territorios. Dichos desequilibrios se han visto todavía más acentuados por la expansión de la red de ferrocarriles de alta velocidad y por el abandono paralelo de la red convencional y otras opciones de transporte colectivo. Por tanto, en términos de movilidad, la desvertebración territorial se ha hecho todavía mayor: la tendencia general es que los núcleos de población medianos y pequeños queden en un segundo plano a costa de la conexión rápida de las grandes aglomeraciones urbanas.

El despliegue de este modelo inmobiliario favoreció un fenómeno de acumulación generalizada sustentado sobre prácticas sociales de exclusión que, como señalan Fernández y Roch (2012), intensificaron los procesos de segregación. Este proceso acentúa una jerarquización del espacio que tiende a ordenarse de acuerdo con la capacidad de acumulación de sus residentes. Dichas tendencias han sido estudiadas especialmente en las aglomeraciones urbanas, pero el medio rural no es ajeno a ellas. En él la cuestión residencial se entrelaza estrechamente con otros aspectos que contribuyen la agudización de los procesos de despoblamiento y segregación socioespacial. Las condiciones en cuanto a los servicios sanitarios o educativos, las posibilidades de empleo, las dotaciones tecnológicas o la disponibilidad de transporte colectivo ilustran la complejidad de los factores que inciden sobre estos procesos. El ya antiguo estereotipo construido en torno a un mito idílico de lo “rural” (Williams, 2001; Franklin, 2006; Moyano, 2020) continúa alimentando la compra de segundas residencias y la demanda de viviendas turísticas para cortas estancias. Desde las ciudades, el estereotipo de lo “rural”, en contraposición a lo “urbano”, es identificado con cualidades placenteras, como la ausencia de contaminación, los espacios no congestionados, la naturaleza, la vida comunitaria o la seguridad. Sin embargo, en las áreas rurales más afectadas por la presión urbana se han producido transformaciones estructurales que desmienten dicho mito. Por un lado, de la mano de las nuevas modalidades de ocupación residencial y de algunos de los nuevos usos dados al territorio, tiene lugar el desplazamiento de los anteriores habitantes. Por otro, las actividades económicas que pasan a sostener las economías locales cambian y también lo hace la estructura comercial, que se modifica para ajustarse a las nuevas demandas ligadas al turismo y al ocio. Este proceso puede llegar a dar lugar a un vuelco en la estructura de clases sociales, tomando la forma de una auténtica gentrificación rural (Phillips, 1993; Paris, 2008).

La COVID-19 reforzó todavía más el estereotipo de un medio rural idílico. Desde diferentes instancias se ha alentado la posibilidad de un éxodo inmobiliario cimentado en el deseo de los urbanitas de abandonar las ciudades (López Letón, 2020). Éxodo ahora percibido como más factible por la potencial extensión del teletrabajo. Sin embargo, la falta de estabilidad en el empleo convierte el traslado permanente a una vivienda alejada de la ciudad en una decisión arriesgada. Más allá de situaciones puntuales, lo que sí parece confirmarse es una intensificación de la suburbanización, con mudanzas a aquellas áreas de las coronas metropolitanas percibidas como menos contaminadas o a municipios rurales no demasiado alejados. En España algunos operadores inmobiliarios se han especializado en la venta de viviendas en determinadas localizaciones del medio rural a clientes con un elevado poder adquisitivo, tanto españoles como extranjeros. En realidad, este perfil de comprador existía ya desde hace años, aunque hasta la fecha no había sido muy significativo cuantitativamente.

En el futuro la consolidación de esta tendencia podría provocar un incremento notable del número de desplazamientos en vehículo privado, lo que, a su vez, daría lugar a un aumento de consumo de combustibles fósiles y, en consecuencia, a una mayor contaminación atmosférica. Este modelo territorial favorece el rural commuting, con desplazamientos regulares al trabajo más largos de los habituales en el caso de las personas que no puedan acogerse al teletrabajo o que solo lo hagan parcialmente. Además, incluso para las personas que desarrollan una actividad que les permite desplazarse más esporádicamente, la dependencia del automóvil se ve incrementada respecto del uso que se hace de él en las áreas urbanas, en las que se dispone de amplias redes de transporte colectivo. Y es que en este aspecto como en otros, la “solución” a los problemas de las ciudades no debería plantearse en términos de abandono de estas, sino de una transformación que promueva la mejora de la calidad de vida urbana y una nueva articulación urbano-rural que reconozca su interdependencia y favorezca el equilibrio.

Transición ecosocial: la inacción no es una opción

El debate sobre los contenidos y el alcance de la transición ecosocial ha ido ganando protagonismo conforme las consecuencias de la inacción se hacen cada vez más evidentes. Como plantea García (2018), la transición ecológica se va a producir con toda seguridad, puesto que así lo hace cualquier sistema que va más allá de los límites admisibles del ecosistema ecológico del que depende. Por tanto, la principal cuestión que se debate gira hoy en torno a cómo afrontar la transición o, dicho de otro modo, cuáles deberían ser los contenidos de la transición ecosocial y la estrategia para abordarla. Esta controversia ocupa un espacio cada vez mayor de la agenda pública y obliga a posicionarse a los diferentes actores políticos y sociales. Asimismo, en la medida en que se perfila como un asunto esencial para el futuro de la sociedad, es objeto de atención desde el ámbito científico que, cada vez más, apuesta por investigarlo desde una perspectiva transdisciplinar (Santiago Muiño, 2018).

En el intento por concretar la definición de cuál debe ser la estrategia para una transición respetuosa con el planeta, comprometida con la justicia social y la democratización de la sociedad, surgen diferencias significativas. Está fuera de los objetivos de este artículo entrar a fondo en la discusión generada sobre esta cuestión, pero sí se considera necesario recoger aquellas claves imprescindibles que faciliten la interpretación posterior de las iniciativas sociales frente a la crisis ecosocial.

En primer lugar, deben destacarse aquellas propuestas que consideran posible la compatibilización de la sostenibilidad ecológica con el progreso económico a partir de la aplicación de políticas socio-ecológicas calificadas como más justas y sostenibles. En ese escenario se sitúa el llamado Green New Deal (en adelante GND), una iniciativa nacida en Estados Unidos que se extendió globalmente. Hace referencia a un conjunto de políticas que recogen simultáneamente la lucha contra la crisis climática y contra la desigualdad social y por el empleo. Actualmente, bajo esta denominación encuentran cabida propuestas muy diferentes, si bien todas comparten un denominador común: la convicción de que es posible desarrollar políticas social y ecológicamente más justas y sostenibles sin cuestionar el orden existente y el crecimiento económico.

Sin embargo, como ya planteó Swyngedouw (2011) hace más de una década, la profundización y expansión de la crisis muestra las limitaciones del GNDy la inviabilidad de las estrategias de naturaleza técnico-gerencial que confían en hacer compatibles la sostenibilidad y lo que se ha venido calificando como progreso económico. Más recientemente, otros autores (Riechmann, 2019; Ajl, 2021) llamaron la atención sobre el agotamiento de los recursos materiales y energéticos que serían necesarios para poner en práctica las políticas del GND y los efectos destructivos que produciría en la biósfera. De una u otra forma, el decrecimiento resulta inevitable, y por ello es preciso plantearse cómo se producirá: si será de una forma abrupta o aplicando políticas que contribuyan a reducir su impacto (Turiel, 2020). Por ello, resulta urgente el diseño de estrategias para afrontar de forma no traumática el futuro de sectores económicos que hoy son estratégicos, como el automóvil o el turismo (Ccoo et al., 2021).

En el debate transdisciplinar establecido en torno a las propuestas para dotar de contenido la transición ecosocial, las Ciencias Sociales destacan los riesgos de confiar en proyectos que, dejando a un lado lo social, opten en exclusiva por lo tecnológico. En ese sentido, resulta particularmente relevante advertir, como hace Mouffe (2020), sobre los riesgos del “solucionismo tecnológico”, que podría definirse como la confianza en que todos los problemas, incluidos los políticos, pueden encontrar una solución tecnológica. Este enfoque ignora no solo la importancia de preguntarse por cómo queremos que sea nuestra relación con el planeta, sino también la centralidad de los mecanismos de funcionamiento democrático, lo que implica graves riesgos autoritarios. Como señala Turiel (2020), la crisis puede poner en riesgo la democracia si llegaran a imponerse reglas que, en principio, son deseables, pero utilizando métodos autoritarios y no igualitarios.

Ecosistemas territoriales y propuestas para la transición

Si al caracterizar la crisis ecosocial se hacía evidente la centralidad de la dimensión territorial, al abordar ahora las propuestas para la transición es preciso volver sobre ella. Prats et al. (2017) han avanzado un escenario sobre la configuración futura de los ecosistemas territoriales. En él surgen nuevamente como objetivos estratégicos la necesidad de conciliar los límites de biocapacidad locales y globales con las necesidades sociales y de recuperar y mantener los ecosistemas atendiendo de forma prioritaria al binomio energía/clima. De ahí que la transición energética sea un elemento decisivo para alcanzar dichos objetivos (Turiel, 2020; Mediavilla, 2021).

En este camino las políticas públicas resultan fundamentales, en la medida en que suponen la materialización del compromiso sociopolítico con las estrategias de transición, a la vez que la garantía de una intervención planificada, coordinada y efectiva en aquellos ámbitos sectoriales previamente definidos. Y todo ello sin olvidar que el compromiso con la justicia social y la democracia es también prioritario y, por tanto, debe permear el proceso de formulación, aprobación y ejecución de las políticas para la transición. En ese contexto, la acción de los gobiernos locales resulta esencial, aunque no suficiente, puesto que muchas de las actuaciones que impulsar exceden el ámbito estrictamente local. Por ejemplo, en lo relacionado con la crisis climática y más concretamente con la transición energética, el protagonismo del gobierno central y de los autonómicos, así como de la Unión Europea, es clave en cuanto a la definición de las estrategias de reducción de consumo de combustibles fósiles, de emisiones de gases de efecto invernadero o de ampliación del uso de energías renovables.

En definitiva, la concreción territorial de las propuestas debe articularse en torno a un conjunto de medidas interconectadas que atiendan a la naturaleza multidimensional de la crisis y en el que se impliquen las distintas administraciones. Los análisis de la crisis ecológica realizados desde la transdisciplinariedad reafirman su complejidad: cualquier medida que se impulse, también desde el nivel microlocal, generará un impacto en otros ámbitos y niveles territoriales. Las propuestas para la transición ecosocial en clave territorial no pueden ignorar un contexto social caracterizado por el crecimiento de la desigualdad y de las respuestas colectivas que se articulan localmente para afrontarlas. Como se argumentará más adelante, estas iniciativas sociales resultan esenciales por su contribución a la definición de las prioridades de actuación y por el protagonismo que están llamadas a jugar en la puesta en práctica de las políticas, particularmente en la escala local.

La articulación de estas políticas y su plasmación territorial debe ajustarse a una serie de principios cuyo seguimiento garantice la travesía hacia una transición ecosocial justa. En el establecimiento de dichos principios resultan decisivas no solo las contribuciones científicas mencionadas, sino los resultados ya alcanzados por aquellas administraciones públicas comprometidas con el cambio, así como los saberes prácticos acumulados por parte de los movimientos sociales y otras iniciativas de acción colectiva. En función de todo lo anterior, se proponen seis grandes principios (Díaz Orueta, 2020):

1. Abordar globalmente los ecosistemas territoriales, tomando en consideración los espacios urbanos y rurales y promoviendo políticas de contención del crecimiento y de freno a la zonificación.
2. Considerar como prioritaria la democratización de las instituciones, y más específicamente de la local, promoviendo la participación efectiva de la población en la toma de decisiones. Se debe favorecer la formación de la población en el conocimiento de la crisis ecosocial, de las estrategias y compromisos para la transición y de los mecanismos de control ciudadano democrático sobre la actuación de la administración.
3. Reforzar las dinámicas económicas que promuevan la transformación del modelo productivo, diseñando estrategias específicas que contemplen la actuación desde los niveles municipal, comarcal, autonómico y central, así como su coordinación.
4. Acelerar las medidas tendientes a reconvertir el modelo energético en todos los niveles territoriales, su descentralización, la actuación de nuevos actores en su producción y distribución y la sustitución acelerada de las energías fósiles por energías renovables.
5. Adaptar progresivamente los ciclos del metabolismo urbano a la biocapacidad local (Prats et al., 2017), asegurándose de que las necesidades de todos los grupos sociales queden cubiertas de forma igualitaria. Aunque el desequilibrio entre los ciclos de metabolismo y la biocapacidad local generalmente tiende a ser menor en el medio rural, este no debe desatenderse.
6. Garantizar que todas las medidas sectoriales se formulen de acuerdo con el principio de igualdad, afrontando como prioridad el crecimiento de la desigualdad social derivado de las crisis sucesivas. Las políticas públicas, tanto en el medio rural como en el urbano, contemplarán el respeto a la diversidad y los derechos de las minorías, incluyendo el derecho a no ser desplazados de los lugares en los que vienen residiendo.

Crisis ecosocial, acción colectiva y vulnerabilidad

La acción de los movimientos sociales y, más concretamente, del movimiento ecologista, ha contribuido de forma determinante a la toma de conciencia social sobre la gravedad de la crisis y la urgencia por avanzar en el diseño y aplicación de las estrategias para una transición ecosocial justa. En los últimos quince años, con momentos coyunturales de mayor o menor intensidad, el número de iniciativas de acción colectiva de escala local no ha dejado de aumentar, convirtiéndose en factor acelerador de un cambio que, a pesar de todo, continúa encontrando obstáculos importantes.

En España la activación de la conciencia colectiva en torno a la crisis ecosocial camina muy unida al último ciclo de protestas producido tras la eclosión de la gran recesión de 2008. En realidad, aunque con matices, existen notables continuidades tanto en el objeto y los contenidos de las movilizaciones como en las formas organizativas internas y la relación con las instituciones. Si bien el repertorio de las movilizaciones superó los límites de lo ecosocial, sin embargo, esta cuestión ocupó un lugar prioritario.

La crisis de 2008 contribuyó a reforzar las tendencias que ya anteriormente venían haciendo crecer la desigualdad social. En sintonía con las autoridades europeas, el gobierno español aplicó un severo plan de ajuste cuyo coste social fue enorme. Frente a este conjunto de medidas, y con especial intensidad desde 2011, diferentes sectores sociales comenzaron a coordinarse en estructuras dotadas de una gran flexibilidad organizativa y temática, lo que dio lugar al que pasó a conocerse como Movimiento 15M. En realidad, más que un movimiento, el 15M fue un catalizador de movimientos, una forma de actuar que no contó con unas estructuras formales al uso (Requena Mora & Rodríguez Victoriano, 2017). Como sucedió también en otros países del sur de Europa, estas iniciativas ciudadanas de acción colectiva tuvieron la capacidad de incorporar a los sectores sociales afectados más negativamente por la crisis dando forma a espacios de participación a través de la creación de lazos comunitarios y de solidaridad (Vaiou & Kalandides, 2015).

Uno de los aspectos más relevantes de la eclosión del ciclo de movilizaciones fue su expansión a los barrios de las ciudades y también a municipios medianos y pequeños, protagonizados fundamentalmente por los sectores más afectados por la crisis y las políticas de ajuste. Si bien el 15M se suele considerar un movimiento fundamentalmente urbano, no se debe obviar que también estuvo presente en el ámbito rural. Así, Amat Montesinos y Ortiz Pérez (2015) señalan que en el medio rural las iniciativas se centraron en cuestiones ambientales y agrarias, como el derecho a la alimentación sana, el consumo responsable, el acceso a la tierra, la conservación de ecosistemas agrarios o la despoblación rural. Como plantean estos autores, el 15M apostó por una transformación territorial en la que lo urbano y lo rural se entrelazaban en la reivindicación de la soberanía alimentaria o la agroecología (Calle, 2012). Este acercamiento es de una particular importancia considerando la debilidad que históricamente han mostrado las conexiones entre los movimientos urbanos y rurales (Bárcena & Martí, 2021).

De la mano del 15M fueron constituyéndose comités que, bajo diferentes fórmulas organizativas, impulsaron iniciativas sociales vinculadas con temáticas tan distintas como la vivienda, la sanidad, la educación o la cultura, y dieron lugar a nuevos proyectos o reactivaron otros previos. Las iniciativas ligadas directamente a la crisis ecosocial contaron con un protagonismo reseñable, abriéndose paso experiencias como los huertos comunitarios y la producción agroecológica local o los bancos de alimentos autogestionados. La economía social y solidaria experimentó un importante desarrollo, en el que se destaca, por ejemplo, la creación de cooperativas en campos tan diversos como la energía, el consumo, el reciclaje, la vivienda o la prestación de servicios de distinta naturaleza. El ecofeminismo, como punto de encuentro entre el ecologismo y el feminismo, permeó progresivamente muchas de las iniciativas al reivindicar el reforzamiento de los lazos comunitarios y la defensa de la vida y de los cuidados frente a la destrucción ecológica (Herrero, 2013). Si bien la fase más intensa del ciclo de protestas declinaría con una cierta celeridad (Martínez & Domingo, 2020), sin embargo, muchas de estas iniciativas u otras vinculadas con ellas mantienen su actividad, aun cuando sea bajo otras formulaciones.

Su marcado arraigo territorial y su fuerte capacidad de movilización contribuyeron a ampliar la sensibilización de la opinión pública y la toma de conciencia sobre graves problemas sociales, convirtiéndolos en ejes prioritarios de la agenda pública. Muchos de ellos coincidían con aquellos procesos que generaron una intensificación notable de la desigualdad social y la pobreza. Así ocurrió, por ejemplo, con los efectos devastadores provocados por los desahucios, la negación del derecho a la atención sanitaria para la población inmigrante sin papeles o con el incremento de la pobreza energética. Las movilizaciones de grupos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Yo Sí Sanidad Universal, junto a otras organizaciones en defensa de la sanidad pública o la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) en Cataluña, forzaron la introducción de cambios normativos o de medidas administrativas favorables para la población más castigada por la crisis (Díaz Orueta & Lourés Seoane, 2020). Contempladas en su conjunto, las movilizaciones hicieron visible la necesidad de transformar unas instituciones democráticas erosionadas y percibidas como factor limitante para superar una crisis estructural expresada en conflictos de naturaleza social y ecológica, pero también política.

Por tanto, no se trató de un cuestionamiento de la democracia en sí, sino, al contrario, del intento de cambiar en profundidad las instituciones existentes abriendo nuevos espacios a la participación. Dicha apuesta por la profundización democrática se llevó al día a día de las organizaciones, asumiendo para su funcionamiento interno lo que se consideró que eran las opciones más transparentes, abiertas y participativas. Se partía de la convicción de que no sería posible generar cambios democráticos en las instituciones si no se materializaban también en la práctica cotidiana de las organizaciones sociales. Por ello, durante este período germinaron diferentes prácticas de autogestión que afectaron tanto las actividades cotidianas como los procesos de toma de decisiones.

Acción colectiva, autogestión ciudadana y democracia local

Históricamente la autogestión ha sido una práctica arraigada entre los movimientos sociales de inspiración libertaria. Su expansión a otros grupos, aunque con diferentes matices, fue un rasgo característico del ciclo de movilizaciones ligado al 15M. Se reivindicaba la capacidad para definir los proyectos de forma autónoma, sin injerencias de la administración o de otros actores. En la mayoría de los grupos y más allá de su temática (agroecología, por el derecho a la vivienda, defensa de la sanidad, asambleas de paradas y parados, cooperativas con distintos fines, bancos de alimentos, centros sociales, etc.), las asambleas desempeñaban un rol central como espacio participativo y de toma de decisiones. Mientras algunos grupos apostaron expresamente por la no colaboración con la Administración, otros consideraron aceptable, incluso deseable, el trabajo conjunto con ella. También en este último caso la diversidad fue un rasgo característico, coexistiendo enfoques variados referidos a la definición de los espacios de autonomía y a la intensidad de las nuevas formas de colaboración. Sin dejar de considerar muy relevante la primera de las opciones (el rechazo al trabajo conjunto con las instituciones), las líneas que siguen a continuación se detienen en el segundo enfoque, analizando la interacción entre organizaciones e instituciones y la emergencia del municipalismo.

Como señala Rodríguez (2009), la autogestión no significa necesariamente un rechazo a la participación institucionalizada. Desde este punto de vista, la autogestión supondría la participación de las organizaciones sociales en las distintas fases de elaboración de las políticas públicas, no solo en su diseño, planificación y seguimiento, sino también en la evaluación y potencial redireccionamiento de los programas. En España una parte muy significativa de las organizaciones nacidas o reactivadas al calor del 15M no solo interpeló a las instituciones demandando la satisfacción de una amplia serie de derechos, sino que reivindicó su participación directa en campos de gestión vinculados con las áreas de actuación de cada una de las organizaciones. De hecho, estas propusieron una gama diferenciada de fórmulas de gestión que presentaban como rasgo común el respeto a la autonomía de las organizaciones y la experimentación, de forma más o menos intensa, de diversas modalidades de autogestión.

Dado que el ámbito de actuación de la mayor parte de estas organizaciones así como de sus propuestas de intervención era local, la interlocución se produjo especialmente con las instituciones municipales. La actitud de las administraciones ante estas demandas no fue unívoca, aunque generalmente predominó la desconfianza muy alimentada por una inercia que tendía a obstruir la incorporación de nuevos planteamientos. Estos últimos, al modificar los procedimientos de funcionamiento habituales, eran visualizados como potencialmente conflictivos y, por ello, las iniciativas chocaron frecuentemente con grandes reticencias, cuando no con un rechazo institucional explícito. Esta falta de permeabilidad institucional mostrada durante el período 2011-2015 fue interpretada como una confirmación más de la necesidad de democratizar las instituciones. De hecho, esta fue una de las causas que condujo a un número importante de personas pertenecientes a organizaciones muy diversas (mareas ciudadanas, PAH, plataformas ecologistas, colectivos barriales, etc.) a plantearse la posibilidad de conformar candidaturas municipalistas para las elecciones locales de mayo de 2015 (Mir, 2015; Díaz-Parra et al., 2017).

Municipalismo y políticas para la transición ecosocial

Tras las elecciones de 2015, algunas de las grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Zaragoza, etc.) y otros municipios de tamaño medio y pequeño pasaron a ser gobernadas por candidaturas municipalistas (Roth et al., 2019). En ellas confluyeron personas provenientes de las nuevas organizaciones con otras de movimientos sociales preexistentes, fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, etc. En la mayoría de los casos, los programas de las candidaturas fueron el resultado de debates abiertos, y —aunque con las diferencias específicas propias de cada realidad local— todos compartían el esfuerzo por definir unas nuevas políticas locales que pudieran contribuir a la transición hacia modelos socioeconómicos alternativos. La entrada en las instituciones se concibió como una posibilidad para promover la participación y profundizar la democracia, incorporando a la centralidad de la agenda pública la lucha contra la pobreza y la desigualdad social y la respuesta a la crisis ecológica. El municipalismo abría una ventana de oportunidad para incorporar los principios democráticos que alentaron las nuevas iniciativas de acción colectiva, aprovechando esta experiencia para cambiar los gobiernos locales al dotarlos de estructuras sociopolíticas más participativas.

Los ayuntamientos del cambio trataron de canalizar las reivindicaciones surgidas de las iniciativas ciudadanas sin perder de vista —al menos así lo fue discursivamente— que la incorporación a las instituciones no debía suponer una ruptura con los movimientos sociales. Los derechos sociales —y de forma especial el derecho a la vivienda, las nuevas formas de movilidad, la agricultura ecológica, la banca ética, un acceso democrático a la energía, el fomento de la economía social, etc.— se convirtieron en ejes prioritarios de la acción de gobierno. Los resultados alcanzados fueron dispares (Eizaguirre et al., 2017; Roca & Díaz-Parra, 2019; De La Fuente & Medina, 2021), muy marcados por la especificidad de cada realidad local, pero globalmente pueden ser considerados como un avance en la sistematización de una agenda local por la transición ecosocial en línea con el conjunto de principios previamente señalados. Ciertamente, con anterioridad a este período existía una trayectoria significativa de actuaciones de los gobiernos locales en este campo, pero durante el período 2015-2019 estas políticas dejaron de ser actuaciones parciales para ser asumidas como ejes esenciales de la acción municipal.

Sin embargo, desde 2020, tras la irrupción de la COVID-19, un grupo importante de administraciones, tanto municipales como autonómicas, comenzaron a imprimir un giro en las políticas públicas que resultó antagónico con los principios de la agenda para la transición. Por ejemplo, con la justificación de recuperar la actividad económica, varias comunidades autónomas aprobaron reformas reduciendo los trámites de protección medioambiental y simplificando los urbanísticos con el objetivo de recuperar la actividad de los sectores de la construcción y el turismo. En una línea similar, y con la mirada puesta en aumentar la venta de vehículos a motor, el gobierno español aprobó un nuevo plan Renove. En cuanto a la movilidad aérea, lejos de limitarla, se impulsó la recuperación del número de vuelos previo a la pandemia, lo que favoreció un crecimiento insostenible de la movilidad y del turismo de masas. Si la atención se centra específicamente en el medio rural, cada vez son más las áreas amenazadas por la instalación de grandes parques eólicos y fotovoltaicos. Algo similar sucede con la creación de nuevas granjas industriales que suponen una seria amenaza en territorios muy afectados por la despoblación. En el Pirineo Aragonés, a pesar de la crisis climática y de la intensa contestación social, se aprobaron ampliaciones de estaciones de esquí (por ejemplo, Castanesa en Cerler) e incluso la unión de estaciones ya existentes (por ejemplo, la de Astún y Formigal a través de Canal Roya). También se impulsó una candidatura, finalmente fallida, para celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

Un hecho especialmente preocupante es el uso dado hasta la fecha a los fondos del programa NextGeneration, aprobados en 2020 por el Consejo Europeo con el objetivo de promover una recuperación económica en el que, entre otros aspectos, debería priorizarse la sostenibilidad ecológica (https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es). El análisis de sus primeros resultados alerta sobre el destino realmente otorgado a estos fondos: contrariamente a lo que podría esperarse, con ellos parece que se refuerza un modelo económico incompatible con la transición ecosocial (Scherer et al., 2021).

Transición ecosocial y acción colectiva hoy

En el plano local este giro de las políticas públicas no puede desvincularse del debilitamiento del municipalismo que quedó reflejado en el resultado de las elecciones locales de 2019. Tras ellas una gran parte de los ayuntamientos del cambio pasaron a ser gobernados por otras fuerzas políticas que, en líneas generales, optaron por modificar sustancialmente la agenda de prioridades de los gobiernos locales.

Sin embargo, los movimientos y otras organizaciones sociales que fueron el germen de las candidaturas municipalistas no han desaparecido, como tampoco lo ha hecho la conciencia colectiva sobre la necesidad de avanzar en las políticas para una transición ecosocial justa. Fenómenos sociopolíticos como el protagonizado por la joven activista Greta Thunberg y la expansión global del movimiento Extinction Rebellion (Gardner et al., 2022) demuestran la preocupación ciudadana en torno a la crisis ecológica, confirmada por la COVID-19 y la crisis energética intensificada desde febrero de 2022 tras el estallido de la guerra en Ucrania. Otra muestra de ese estado de ánimo colectivo es el activismo de una parte de la comunidad científica expresado en movilizaciones como la campaña mundial exigiendo medidas inmediatas ante la crisis climática que fue convocada por el colectivo Scientist Rebellion entre el 4 y el 9 de abril de 2022.

Asimismo, conforme las medidas de confinamiento y de limitación de la movilidad por la COVID-19 se fueron relajando, retornó progresivamente la actividad de los movimientos sociales y de las iniciativas locales de acción colectiva. Dirigiendo el foco únicamente a aquellos casos directamente vinculados con la crisis ecosocial, destacan los movimientos surgidos o reactivados en varias ciudades como respuesta a los problemas de diversa naturaleza provocados por el turismo masivo: por ejemplo, la Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic en Barcelona, el Colectivo-Asamblea contra la turistización en Sevilla o BiziLagunEkin en San Sebastián. Igualmente significativas son las movilizaciones contra la ampliación de los tres mayores aeropuertos españoles en número de viajeros, concretamente los de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, que desembocaron en varias manifestaciones simultáneas en septiembre de 2021 con el eslogan “Menos aviones, más vida”. Asimismo, se han producido movilizaciones convocadas por distintas organizaciones locales, ligadas sobre todo al movimiento ecologista y/o vecinal, por cuestiones tan variadas como la especulación inmobiliaria en zonas verdes, contra la tala de árboles, por la defensa de huertos comunitarios amenazados de desaparición, contra la contaminación del aire y acústica, por el freno en la construcción de nuevos aparcamientos y la defensa de los espacios públicos, contra la destrucción del patrimonio arquitectónico, por el abandono de la incineración y un tratamiento diferente de los residuos o por la limpieza de los ríos. Destaca también la iniciativa Revuelta Escolar lanzada desde el ámbito educativo y que reclama la adopción de medidas que limiten el uso del vehículo privado en el entorno de las escuelas y la ampliación del espacio para los peatones y las formas de movilidad no motorizada. Por último, y como expresión de las graves consecuencias de la crisis climática, deben destacarse iniciativas como las del colectivo Barrios Hartos en Sevilla, que durante el verano de 2022 tomó las calles para denunciar las constantes interrupciones del suministro eléctrico en plena canícula, un problema que se producía precisamente en varios de los barrios más empobrecidos de la ciudad. Simultáneamente, en muchas otras ciudades españolas afectadas por el calor extremo se reivindicaba la puesta en marcha de refugios climáticos ante las pésimas condiciones de una parte importante del parque habitacional, con frecuencia localizado en las zonas donde residen los sectores populares.

Pero, como se destacaba anteriormente, las movilizaciones frente a los efectos de la crisis ecosocial también se han producido en el medio rural compartiendo una misma sensibilidad de fondo. Por ejemplo, contaron con un respaldo social notable las movilizaciones contrarias a algunos de los megaproyectos ya citados, como los grandes parques eólicos y fotovoltaicos, las granjas industriales o las ampliaciones de estaciones de esquí u otras agresiones desarrollistas en áreas de montaña. Además, despertaron una oposición significativa otros proyectos localizados en el medio rural, como por ejemplo la explotación de nuevas minas, los intentos de reactivar proyectos de embalses, la construcción de grandes infraestructuras de transporte, el trazado de líneas de alta tensión o el uso inadecuado de recursos naturales fundamentales como el agua. Entretanto, lejos de desaparecer, continuaron arraigando en el territorio nuevas iniciativas sociales en torno a la producción agrícola y ganadera y a la soberanía alimentaria, a la lucha contra la despoblación o las referidas a la transición energética. En relación con esta última, en 2021 nació la Alianza Energía y Territorio (Aliente), surgida ante la proliferación indiscriminada de instalaciones destinadas a la producción de energías renovables. La voluntad de mantener los actuales niveles de consumo energético sustituyendo las energías fósiles por renovables supone una amenaza para el equilibrio territorial en su conjunto y, más concretamente, para el futuro del mundo rural. La alianza considera que el objetivo debe ser la reducción del consumo global y la mejora de la eficiencia energética. Las comunidades energéticas locales son una de las propuestas estratégicas respaldadas desde la alianza (Aliente, 2021).

Por otro lado, y como consecuencia de la COVID-19 y de la respuesta insuficiente de las administraciones públicas, desde marzo de 2020 se produjo el empobrecimiento de amplios sectores sociales. Ante esta situación de emergencia social se activaron (o reactivaron, según los casos) redes locales de solidaridad y apoyo mutuo autogestionado. Entre estas redes destacan las despensas solidarias, las acciones de atención y cuidado de las personas mayores, cuidados de hijos menores de personas que trabajaban en labores esenciales, de consumo local, para mitigar la brecha digital, antirracistas, etc. Nuevamente estas redes han promovido, siempre que fue posible, la autoorganización de las personas afectadas, excluyendo el enfoque asistencialista que, en no pocas ocasiones, caracteriza la actuación de los servicios sociales. Frente a la exclusiva responsabilización individual, estas organizaciones plantean la respuesta colectiva a un modelo socioeconómico que, de forma estructural, genera desigualdad y niega derechos sociales fundamentales (Díaz Orueta & Lourés Seoane, 2020).

La distribución territorial de estas redes es muy amplia, más visibles en las grandes urbes, pero para nada inexistentes en los pueblos y en las ciudades de tamaño medio. Llegaron a adquirir una fuerza destacable en los barrios de clase trabajadora, coincidiendo frecuentemente con espacios en los que ya se habían hecho presentes durante los años de la gran recesión. Por ejemplo, en Madrid, Somos Tribu Vallecas contó con la colaboración de 1000 personas, ayudando en dos años (marzo de 2020 – febrero de 2022) a unas 4500 familias. En febrero de 2022, momento de su disolución como red, dio lugar al nacimiento de cuatro nuevas asociaciones: Somos Mujeres, Somos Palomeras, Somos San Diego y Somos Red EntrePozo, lo que muestra su enorme vitalidad comunitaria². Otro caso muy relevante es el de la ciudad de Zaragoza, capital de la comunidad autónoma de Aragón, donde en abril de 2020, ni siquiera un mes después de que se aprobara el confinamiento domiciliario, funcionaban ya ocho redes de apoyo barrial:

Se han generado de esta manera las redes de apoyo de los barrios de El Gancho, Picarral-Zalfonada, La Jota, Las Fuentes, Torrero, Delicias, Madalena, L’Almozara, Actur-Parque Goya y Arrabal. Estas redes, en algunos casos, proceden del tejido social previo en los barrios, movilizado para esta situación especial y fortalecido por multitud de personas que se han ido activando. En paralelo, portales de comunidades se han autoorganizado como pequeñas redes de cuidados de forma espontánea (ARAINFO, 2020, párr. 2).

 

En una línea de investigación similar, el Grupo Tangente (2022) recopiló información procedente de cien iniciativas de este tipo desplegadas en nueve comunidades autónomas españolas. Entre otros aspectos, el estudio destaca las dificultades que tuvieron que afrontar para diseñar con una rapidez extrema soluciones a necesidades muy urgentes tratando de evitar la generación de un impacto ecológico negativo. A pesar de estos escollos, no fueron escasos los grupos que se plantearon el debate sobre el tipo de alimentación y la necesidad de garantizar dietas saludables y sostenibles. En varios casos, de esa reflexión nació la colaboración con grupos de consumo ecológico o huertos urbanos y el impulso de proyectos propios de agricultura urbana. También, aunque con menos frecuencia, se establecieron alianzas con pequeños productores locales y asociaciones vecinales para la compra directa de productos (Grupo Tangente, 2022, p. 57).

Pero la existencia de esta constelación de organizaciones sociales no significa que resulte previsible el nacimiento de un nuevo ciclo municipalista al estilo de lo sucedido en el período 2015-2019. No solo por las importantes diferencias en términos de coyuntura sociopolítica general entre los años 2015 y 2023, sino también por el desencanto vivido por muchas de las personas que participaron en aquellas candidaturas y de un sector significativo de la ciudadanía que no vio satisfechas las expectativas generadas. Algunas de las características más destacables y originales de aquellas candidaturas, como el funcionamiento abierto y antijerárquico o la convivencia de sectores muy heterogéneos, chocaron con una lógica organizativa institucional muy rígida y provocaron contradicciones internas difíciles de gestionar. Además, los ayuntamientos del cambio tuvieron que lidiar con otras dificultades, como las exiguas mayorías con las que contaron para gobernar y la consiguiente debilidad política que ello generó, la coincidencia temporal con un período de fuertes restricciones presupuestarias, la oposición de coaliciones locales de poder muy asentadas y un contexto sociopolítico desfavorable, no solo en España, sino también en Europa.

Conclusiones

La necesidad de impulsar una transición hacia escenarios que permitan superar, o al menos reducir, los efectos de la crisis ecosocial constituye un objetivo crecientemente compartido. Cuestión distinta es el debate sobre la profundidad y la orientación de las transformaciones que abordar y las políticas concretas para ponerlas en marcha. Resulta evidente que las medidas adoptadas hasta la fecha son insuficientes e inadecuadas para frenar efectos tan devastadores como la crisis climática. Como ha ocurrido también con la COVID-19, estos efectos afectan con mayor intensidad a los sectores populares acentuando la desigualdad social y territorial. La crisis es global e impacta sobre el territorio en su conjunto y los ecosistemas que lo conforman; de ahí que las estrategias de cambio no puedan circunscribirse únicamente a intervenciones diferenciadas sobre lo rural y lo urbano.

Dicho diagnóstico no es novedoso. Lo novedoso es que una preocupación que hasta no hace tantos años parecía ser propia únicamente de sectores minoritarios adjetivados como catastrofistas ha pasado a formar parte de los asuntos prioritarios de la agenda pública. Desde luego, la contundencia de las evidencias empíricas acumuladas jugó un papel innegable en esta toma de conciencia y, como consecuencia, en la imposibilidad de eludir la crisis ecosocial en los procesos de toma de decisiones. Un buen ejemplo de ello fue lo sucedido en el verano de 2022 en amplias áreas del hemisferio norte: las elevadas temperaturas alcanzadas y su persistencia, así como la sequía, la escala y número de los incendios forestales o las altas temperaturas de las aguas marinas situaron la crisis climática en un lugar preferente de la agenda pública.

Esta sensibilización social se explica por la acción de un conjunto amplio y muy diverso de movimientos y otras iniciativas de acción colectiva y el trabajo realizado durante décadas. En este artículo el análisis se centró en el período abierto a partir de la gran recesión que se inició en 2008, contextualizando su acción en el ciclo de protestas cuya expresión más significativa fue el movimiento 15M. En gran medida, las propuestas de estos grupos fueron incorporadas a los programas de las candidaturas municipalistas y posteriormente a la experiencia de gobierno de los ayuntamientos del cambio entre los años 2015 y 2019. Sin embargo, tras las elecciones de 2019, en la mayoría de los casos el giro municipalista decayó y el grueso de esas políticas de cambio quedó paralizado.

Ahora bien, las dificultades experimentadas por las candidaturas municipalistas deben diferenciarse de la propia existencia del tejido social que estuvo en sus orígenes. Aunque en un contexto sociopolítico diferente, en la actualidad existe un denso tejido de grupos y organizaciones, con tipologías, propuestas y una implantación territorial diversas, que desde sus respectivos ámbitos coinciden en promover una transición ecosocial justa. En muchas de ellas es fácilmente identificable la continuidad con el anterior ciclo de movilizaciones sociales, mientras que otras son novedosas y, en algunos casos, ligadas a las consecuencias de la COVID-19. Pero en la actual coyuntura no se percibe, como sí ocurrió con muchos de ellos en 2015, la voluntad de entrar directamente en la arena de la política municipal. Esta constatación es un factor relevante en el análisis de la incierta etapa de transición que se abre en el futuro inmediato.

Sin perder de vista una perspectiva global, parte de estas organizaciones aplican ya desde lo local nuevas prácticas de organización, producción y consumo. Además, su papel, junto con el de otros actores sociales, debería ser fundamental en una etapa de transición en la que los procedimientos democráticos de control de las instituciones públicas tendrán que profundizarse. Y es que, como señala García (2021), en los próximos años será necesario tomar medidas regulatorias, incluso coercitivas, que limitarán el desarrollo de ciertas actividades y supondrán la reorientación de otras. En definitiva, se aplicarán políticas que van a significar la transformación profunda de sectores económicos, hoy por hoy esenciales, y un giro copernicano en los modelos de consumo, todo ello inimaginable sin contar con la capacidad de intervención del Estado. Por tanto, la acción del Estado será sustantiva y, como advertimos, esto implica la potencial aparición de riesgos autoritarios. Riesgos que pueden verse incrementados si —tal y como ya está sucediendo en otros países europeos— accediesen al gobierno fuerzas políticas que no respetan los principios democráticos más elementales.

Asimismo— tal y como se señaló a lo largo del texto—, el análisis de la crisis ecosocial y de las estrategias de transición debe incorporar una consideración global y multidimensional de los ecosistemas territoriales, superadora de una dicotomía que, con frecuencia, adopta una perspectiva sesgada construida exclusivamente desde lo urbano. Una limitación que, como ha quedado manifiesto, los propios movimientos urbanos y rurales tratan de superar desarrollando vínculos entre ellos y promoviendo una perspectiva territorial global que no renuncia al anclaje local. El futuro no debería pasar por asumir que un día las grandes ciudades serán territorios inhóspitos e insostenibles en los que solo permanecerán las personas sin posibilidad de huir. Tampoco por resignarse a que ciertas áreas del medio rural se consoliden definitivamente como territorios despoblados o semidespoblados desprovistos de cualquier actividad que no sea extractiva o contaminante. Bien al contrario, una estrategia de actuación territorial para la transición ecosocial justa acorde con los principios señalados en este artículo multiplicaría las opciones de mejora de la calidad de vida tanto en los entornos rurales como en los urbanos.

La desigualdad social y los procesos de empobrecimiento no pueden ser analizados desligándolos de unos territorios que, como consecuencia de la crisis, cada día también son más vulnerables ecológicamente. De hecho, hoy en día resulta ya imposible mantener ciertos cultivos en determinados territorios, mientras que, simultáneamente, los daños a la salud humana provocados por la contaminación atmosférica, las olas de calor, etc., no dejan de aumentar. La implantación descentralizada de las iniciativas sociales de acción colectiva resulta decisiva por su capacidad para intervenir directamente desde lo local abarcando una diversidad de objetivos que coincide, en buena medida, con los principales problemas provocados por la crisis ecosocial. Este fuerte arraigo territorial quedó demostrado, por ejemplo, en la rapidez con la que se constituyeron en marzo de 2020 las redes de cuidado y apoyo mutuo autogestionado ante la emergencia inesperada provocada por la COVID-19. Pero también se manifiesta en las iniciativas de agroecología y por la soberanía alimentaria o en las comunidades energéticas locales, actuaciones todas ellas fuertemente arraigadas en el territorio.

Por ello, en el diseño y despliegue de las políticas para la transición resulta esencial contar con su implicación y protagonismo. A una escala macro, considerando las aportaciones y el trabajo realizado por el movimiento ecologista, tanto desde sus principales organizaciones como por las coordinadoras y plataformas surgidas en torno a cuestiones estratégicas (energía, producción agraria, grandes infraestructuras, turismo, etc.). Asimismo, los municipios y —cuando existan— los órganos de gobierno comarcal deberían trabajar en el diseño de estrategias enraizadas territorialmente, incorporando como un activo fundamental a los grupos e iniciativas sociales de escala local y creando espacios de colaboración entre instituciones y organizaciones sociales en los que se respete la autonomía de estas últimas. Ciertamente estas propuestas parecen situarse lejos de las prioridades de la actual realidad sociopolítica española y de los posicionamientos de la mayoría de sus principales actores políticos y económicos. Sin embargo, la magnitud del desafío colectivo que está en juego y las consecuencias ya visibles que se derivan de ignorarlo desaconsejan acomodarse en el pesimismo.

Notas

1. Este artículo es resultado del trabajo desarrollado por el autor en el marco del Proyecto de I+D+i “Producción Social del Hábitat en áreas metropolitanas del Norte y el Sur Global: políticas, instituciones y movilización social”. Ref.: (PID2019-105205RB-100), AEI:10.130.139/501100011033. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (España). El autor agradece a los evaluadores externos los comentarios y sugerencias recibidos.
2. https://aavvmadrid.org/noticias/la-red-de-solidaridad-somos-tribu-vallecas-muere-para-seguir-viviendo/

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Cuaderno Urbano es una publicación científica con arbitraje internacional dirigida a la difusión de artículos y ensayos que se ocupan de la cuestión urbana —en el sentido más amplio del término— desde las disciplinas científicas, combinando trabajos empíricos, teóricos y ensayísticos que den cuenta de problemáticas locales, regionales y universales. La intención de la publicación es favorecer y promover la generación de ensayos y artículos de jóvenes investigadores con las reglas de arbitraje científico, colaborando en la producción editorial de sus ideas, como también divulgar el aporte de científicos ya consagrados en su especialidad disciplinar.

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